Frente al dictado de Berlí­n, que ordena cerrar las minas

¡Todos con la lucha de los mineros!

"Mi abuelo luchó en el 34, mi padre en el 62 y ahora me toca a mí­". Así­ de claro y contundente hablaba uno de los mineros encerrado durante 25 dí­as en un pozo asturiano.

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22-06-2012
Berlí­n ha decretado el fin de la minerí­a española. Y el gobierno de Rajoy se dispone a aplicar el mandato, a través de un salvaje recorte de las ayudas públicas que significarí­a la muerte del sector. Pero frente a este negro futuro se ha levantado la lucha de uno de los sectores de la clase obrera con más tradición combativa.
Sólo harí­an falta 125 millones al año para garantizar la continuidad de las minas. Menos de la suma de las jubilaciones del presidente del BBVA y el consejero delegado del Santander. Y el 0,5% de las subvenciones regaladas a los monopolios eléctricos.
Berlí­n ha decretado el fin de la minerí­a española. Y el gobierno de Rajoy se dispone a aplicar el mandato, a través de un salvaje recorte de las ayudas públicas que significarí­a la muerte del sector. Pero frente a este negro futuro se ha levantado la lucha de uno de los sectores de la clase obrera con más tradición combativa.

La huelga general en las comarcas mineras no solo ha sido un éxito rotundo. También un ejemplo de solidaridad y unidad.


A pesar de la descarada manipulación mediática, que pretende presentarnos a los mineros como “un grupo violento que mantiene a la población como rehén”, todos quisieron apoyar la huelga. La incidencia del paro fue del 100% en todas las comarcas mineras. Incluso las delegaciones del gobierno se vieron obligados a certificar los datos ofrecidos por los sindicatos. "No es que la minería española no sea rentable. Es que en Bruselas han decidido liquidarla."


¡Sí hasta la Unión de Guardias Civiles de Asturias emitió un comunicado solidarizándose con las reivindicaciones de los mineros!


La huelga de la minería del carbón comenzó el pasado mes de mayo, con paros los días 28, 29, 30 y 31, y pasó a ser indefinida el uno de junio.


Desde entonces se han sucedido las movilizaciones. Manifestaciones multitudinarios o encierros en tres minas de Asturias y León. En El Bierzo, por ejemplo, siete mineros llevan 30 días encerrados en la mina de Santa Cruz del Sil.


Y casi 200 mineros recorrerán toda España en la “marcha negra” hacia Madrid. Partirán caminando desde Mieres (Asturias), Villablino (León), Bembibre (León) y Andorra (Teruel). Para confluir en Madrid el 11 de julio.


En el origen de las movilizaciones está la exigencia alemana, que pretende imponer el cierre total de las minas españolas.


La UE estableció la prohibición de las ayudas públicas a las minas del carbón más allá del 2014. Se consiguió arrancar una prórroga hasta el 2018. Pero la ofensiva contra España, bajo la bandera de “reducir el déficit público” pretende llevarse a las minas por delante.


Incumpliendo los acuerdos, y plegándose a las exigencias germanas, el gobierno de Rajoy anunció un salvaje recorte del 63% en las subvenciones a la minería. Significará la muerte de todas las explotaciones.


Hace 25 años, las minas de carbón españolas ocupaban a 52.910 trabajadores, y producían 20 millones de toneladas. Ahora sólo trabajan 7.900 obreros, y producen únicamente 8,5 millones de toneladas.


¡Y mientras se cierran minas, Asturias tiene que importar el 70% del carbón que consume!


No es verdad que el problema sea que las minas del carbón “son deficitarias” y “nos obligan a gastarnos demasiado dinero en subvenciones”.


Sólo harían falta 125 millones al año para garantizar la continuidad de las minas. Menos de la suma de las jubilaciones del presidente del BBVA y el consejero delegado del Santander. Y el 0,5% de las subvenciones regaladas a los monopolios eléctricos.


Lo que se ha impuesto es la destrucción “subvencionada” de la minería asturiana, para que ese sector estratégico pasara de manos nacionales al control del capital extranjero.


Los Fondos Mineros aprobados en los Planes de la Minería han sido la gasolina que ha engrasado el atraco.
Estamos hablando de casi 6.500 millones de euros (3.120 millones del primer Plan, y 3.330 millones del Plan de 2006-2012). Aparentemente destinados a “reindustrializar las comarcas mineras” y “crear empleo alternativo”.


En realidad, la gestión de esos fondos por los gobiernos central y autonómico han puesto más hincapié en garantizar las rentas pasivas (la subvención del cierre de pozos y las prejubilaciones incentivadas impuestas desde Bruselas) y la utilización política de los recursos, que en transformar de verdad las estructuras económicas de las comarcas mineras, generar nuevas industrias y alternativas de empleo y estabilidad a largo plazo.

No es que la minería española no sea rentable. Es que en Bruselas han decidido liquidarla.

 

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