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El Gobierno se embarca en una nueva ola de ajustes hasta mediados de agosto

El Mundo

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04-07-2012
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El Gobierno ultima su plan de reformas y ajustes para el segundo semestre, acuciado por el convencimiento de que, con lo hecho hasta ahora, resultará imposible cumplir con el objetivo de reducción del déficit hasta el 5,3% del PIB en 2012 y hasta el 3% en 2013. El Consejo de Ministros «pisará el acelerador», recuperando el calendario de aprobación de medidas la próxima semana, y lo mantendrá apretado hasta el viernes 10 de agosto.

El Gobierno tendrá este año unas minivacaciones, porque lo previsto es reanudar la actividad al 100% en la última semana del mes, recuperando las reuniones del Consejo el viernes 31.

Nunca hasta ahora un Ejecutivo había prolongado su trabajo ordinario a pleno rendimiento hasta mediados de agosto, aunque sí se habían celebrado -Zapatero lo hizo en los últimos cuatro años- reuniones del Consejo en el curso de las vacaciones. El presidente socialista estrenó esta modalidad en 2008 convocando a mediados de mes una reunión del Gabinete para analizar los indicadores económicos. En 2011, ya en plena tormenta financiera, Zapatero citó dos veces a sus ministros: el día 19, coincidiendo con la visita del Papa a España, y el día 26, para aprobar medidas económicas urgentes con el fin de reducir el déficit público.


Mariano Rajoy sigue ahora esta estela. El presidente anunció hace 10 días ante los empresarios su intención de aprobar un nuevo plan de ajuste con medidas «difíciles», y el pasado lunes lo confirmó ante la directiva de su partido.

Los ministros económicos -Luis de Guindos y Cristóbal Montoro- tienen ya sobre la mesa informes que incluyen todos los escenarios.

La próxima semana, el presidente decidirá cuáles se activan; será después de que los miembros del Ecofin se reúnan, el día 10, para analizar la situación presupuestaria de los países incursos en procedimientos por déficit excesivo, como es el caso de España.

Del surtido de medidas que contempla el Ejecutivo, la subida del IVA, o más bien el traspaso de una amplia lista de bienes y servicios del tipo reducido (8%) al superior (18%), figura como prácticamente inevitable. Esta medida, además, es una de las aconsejadas a España por la Comisión Europea, que siempre la prefirió al aumento del IRPF aplicado, en principio de forma temporal, por el Ejecutivo de Rajoy.

Previsiblemente, esta decisión se adoptará en el último Consejo de julio, aunque todavía restan por superar algunas reticencias del presidente referidas esencialmente a la dimensión del efecto negativo que provocará sobre un consumo interno ya muy debilitado, o el impacto que tendría una subida en determinados sectores que todavía exhiben fortaleza, como el del turismo.

Además del IVA, el Gobierno debe decidir si completa las restricciones de gasto con una reducción de la masa salarial en la función pública, ya sea recortando sueldos o eliminando empleos de contratados. Igualmente, sobre la mesa figura una posible subida de impuestos especiales, tasas y peajes diversos y la supresión de la deducción por compra de vivienda.


En el capítulo de las reformas resta por concluir la del sistema financiero concretando las condiciones del rescate bancario. De la misma manera, en las próximas semanas el Ministerio de Industria presentará las claves de la reforma energética y se abordará una remodelación de la Administración Pública.

Cuando ya la noticia de que el Gobierno va a acortar sus vacaciones era un rumor entre los populares, el portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, lo hizo ayer público y oficial: «Éste va a ser un verano de mucha actividad por parte del Gobierno», afirmó.

Alonso no «descartó» la celebración de un Pleno en la última semana de julio para convalidar las medidas que pudiera acordar el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del día 20. Si bien no concretó ninguna de las reformas anunciadas por Rajoy, todas las fuentes consultadas apostaban estos días por que la subida del IVA -que no necesita convalidación parlamentaria- y la reforma de la Administración verán la luz a finales de mes.


Cualquiera de las dos medidas se dan casi por políticamente amortizadas entre los populares. El verdadero temor que cunde estos días es que el actual derrumbe de la recaudación en las arcas del Estado obligue al Gobierno a tocar una de las tres patas sociales del Estado del Bienestar, que no son ya la educación y la sanidad, sino las pensiones, el subsidio de desempleo y el empleo público.

Y de los tres, éste último es el que se llevaría la peor parte. La situación de emergencia económica es tal, en boca de los altos cargos del Gobierno, que ya ninguna partida está en situación de escapar, dicen, a los recortes.

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