Draconianos objetivos de reducción del déficit para las autonomí­as

La sanidad y la educación en el punto de mira

Por mandato del FMI y Berlí­n, Rajoy impone salvajes ajustes a las autonomí­as, que se traducirán en nuevos recortes en sanidad y educación.

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13-07-2012
No ya es que no haya más flexibilidad, es que se impone más mano dura. Por mandato directo del FMI y la UE, el gobierno de Rajoy exige a las autonomí­as una nueva vuelta de tuerca en la reducción del déficit. Las exigencias son tan draconianas que incluso algunas comunidades gobernadas por el PP se han rebelado, rompiendo por primera vez la disciplina de voto. Este no es un conflicto entre dos sectores de la casta polí­tica, la central y los 17 gobiernos autonómicos. El salvaje ajuste impuesto a las autonomí­as se traducirá inevitablemente en nuevos recortes en sanidad y educación, que conforman el grueso del gasto de las autonomí­as.
¿Cuántos ambulatorios habrá que cerrar? ¿Cuántos profesores será necesario despedir? ¿Cuántos colegios o hospitales se dejarán de construir? ¿Cuánto se reducirá nuestra salud y la educación de nuestros hijos para cumplir con los mandatos de los "hombres de negro" del FMI y Merkel?
No ya es que no haya más flexibilidad, es que se impone más mano dura. Por mandato directo del FMI y la UE, el gobierno de Rajoy exige a las autonomí­as una nueva vuelta de tuerca en la reducción del déficit. Las exigencias son tan draconianas que incluso algunas comunidades gobernadas por el PP se han rebelado, rompiendo por primera vez la disciplina de voto. Este no es un conflicto entre dos sectores de la casta polí­tica, la central y los 17 gobiernos autonómicos. El salvaje ajuste impuesto a las autonomí­as se traducirá inevitablemente en nuevos recortes en sanidad y educación, que conforman el grueso del gasto de las autonomí­as.

Ya lo había advertido el FMI en su informe sobre España. Y estaba detallado en el memorando de 36 medidas que la Comisión Europea exige a nuestro país. Había que “vigilar muy de cerca” a las comunidades autónomas, para imponerles una drástica reducción del gasto.

Y, dicho y hecho, el marinero ha aplicado los mandatos del patrón. Ya se sabe que donde manda uno no manda el otro.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne periódicamente al gobierno central y las 17 autonomías, ha sido el más tenso de la historia. "El 70% del gasto autonómico se destina a sanidad y educación. Ahí es donde quieren meter tijera"

Las comunidades pedían una relajación de los objetivos marcados de reducción del déficit, aprovechando el plazo extra de un año otorgado al gobierno central por Bruselas.

La respuesta del gobierno de Rajoy ha sido contundente. Este año mantiene el techo del deuda del 1,5% del PIB para todas las autonomías. El año que viene, el objetivo del 1,1% se reduce hasta fijarse en el 0,7%. E incluso se atreve a exigir un superávit del 0,2% para 2015.

Son cifras absolutamente irreales, si no se está dispuesto a aplicar una salvaje orgía de recortes. ¿Dónde? El 70% del gasto de las autonomías se dedica a sanidad y educación. Dos más dos suelen ser cuatro.

¿Cuántos ambulatorios habrá que cerrar? ¿Cuántos profesores será necesario despedir? ¿Cuántos colegios o hospitales se dejarán de construir? ¿Cuánto se reducirá nuestra salud y la educación de nuestros hijos para cumplir con los mandatos de los “hombres de negro” del FMI y Merkel?

Tan desmesurados son los recortes que será necesario aplicar, que incluso algunas comunidades del PP se han rebelado contra Rajoy. Extremadura y Castilla-León se han abstenido. Y habían anunciado un voto negativo. Galicia se ha encargado de difundir que daba “un sí crítico”. Por primera vez, la disciplina de voto entre las autonomías gobernadas por el PP, que hasta ahora había funcionado férreamente, se ha roto. Y esas contradicciones se agudizarán, en la medida que Washington y Berlín exijan apretar más las tuercas.

El gobierno de Rajoy ya ha anunciado la apertura de una investigación sobre ocho comunidades –la mitad de las autonomías- que no están aplicando suficientes recortes. UN proceso que puede culminar incluso en la intervención de alguna autonomía.

Todo porque hay que obedecer, sí o sí, las órdenes del FMI y Bruselas, que nos obligan a dar un salvaje tijeretazo a la sanidad o la educación.