Desmedida represión policial contra las movilizaciones del 25-S

Conflicto provocado ¿a quién le interesa?

El guión ya estaba escrito. Habí­a gente muy interesada en que la ocupación del Congreso el 25-S derivara en una violenta batalla campal. Y han puesto todos los medios posibles para conseguirlo.

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26-09-2012
La desmedida violencia policial encendió la chispa de un incendio anunciado. Buscan criminalizar y conducir a una espiral destructiva a los sectores más radicalizados de la lucha contra los recortes. Siembran división, confusión y temor, para impedir que puda cuajar la amplia unidad que empezó a fraguarse en las movilizaciones del 19-J o el 15-S.
No hay que caer en la trampa. A las provocaciones y la represión hay que responder con más unidad.
La desmedida violencia policial encendió la chispa de un incendio anunciado. Buscan criminalizar y conducir a una espiral destructiva a los sectores más radicalizados de la lucha contra los recortes. Siembran división, confusión y temor, para impedir que puda cuajar la amplia unidad que empezó a fraguarse en las movilizaciones del 19-J o el 15-S.

Miles de personas se habían reunido ante el Congreso para protestar contra una clase política infame, capaz de imponer los más draconianos recortes a jubilados y dependientes mientras inclina la cabeza ante el FMI o el Deutsche Bank.

Se manifestaban pacíficamente. Pero ya estaba decidido que las cosas no podían terminar así. A las siete de la tarde una violenta carga policial arremetió indiscriminadamente contra los manifestantes. "Ante sus intentos por dividirnos y enfrentarnos, impulsemos la más amplia unidad"

Varias horas después, la programada trifulca dejó el resultado de 35 diputados y 64 heridos. Y las imágenes del violento enfrentamiento inundaban los telediarios.

Organizaciones nada sospechosas de ser “antisistema”, como Jueces para la Democracia, han denunciado que “la acción de las Fuerzas de Seguridad fue desproporcionada e impidió ejercer el derecho de manifestación a miles de ciudadanos”.

Y el propio secretario general del Sindicato Unificado de Policía, José Manual Sánchez Fornet, desvela que “el gobierno lo niega, pero sí tenemos infiltrados en el 25-S”.

Algunos de los “violentos manifestantes” que siempre van encapuchados, son en realidad los encargados de provocar la primera chispa que justifique la posterior carga policial.

La misma convocatoria del 25-S encerraba peligros y riesgos. Anunciada por grupos todavía no claramente identificados, quebraba la unidad que había empezado a surgir el 19-J, y que debía multiplicarse el 15-S.

Y los irreales objetivos que planteaba –la ocupación del Congreso hasta que el gobierno dimitiera y se abriera un periodo constituyente- prefabricaban las condiciones de un enfrentamiento violento.

Por eso muchas organizaciones del 15-M no la han respaldado, y otras lo han hecho con serias reservas.

Pero esto un justifica la extrema violencia empleada contra manifestantes en su inmensa mayoría pacíficos.

Se han “prefabricado” los enfrentamientos, y ahora se pretende aprovecharlos al máximo. Para presentar las movilizaciones contra los recortes como “violentas” y “radicales”. Para separar del movimiento a una inmensa mayoría de la población que sin embargo simpatiza con un movimiento –muy radicalizado contra el saqueo y la intervención, pero pacífico- como el 15-M.

El ministerio del Interior pretende llevar a los manifestantes detenidos a la Audiencia Nacional –que se ocupa de los delitos de terrorismo-. Alegando que han cometido delitos contra las instituciones del Estado.

¿Pero qué barbaridad es esta?

No hay que caer en la trampa. A las provocaciones y la represión hay que responder con más unidad.

Frente a su intento por marginalizar y criminalizar las protestas contra el saqueo y la intervención, promovamos movilizaciones masivas, respaldadas desde los sindicatos hasta el 15-M, como ocurrió el 19-J o el 15-S.

Ante sus intentos por dividirnos y enfrentarnos, impulsemos la más amplia unidad. Agrupando, desde la izquierda hasta la derecha, a todos los que se oponen a las políticas de recortes y empobrecimiento, dictadas por el FMI o el BCE y aplicadas por una clase política infame.

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