SELECCIÓN DE PRENSA NACIONAL

Madrid se le va de las manos al PP

El Confidencial

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16-01-2013
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La renuncia de Juan José Güemes a su cargo de administrador de una empresa sanitaria después de que, desde Ignacio González hasta la Defensora del Pueblo, apostasen por la corrección legal, ética y estética de su empleo, demuestra hasta qué punto el PP en Madrid, el Gobierno de la Comunidad y, por derivación, el propio Ayuntamiento de la capital, son presas de una voraz descoordinación que no remedia ni Esperanza Aguirre, presidenta de la organización, en el ojo del huracán también por su fichaje por una compañía de cazatalentos. Ello plantea algunas incógnitas sobre si tendrá o no que afrontar conflictos de intereses en su doble condición de asalariada y líder política.

Este episodio protagonizado por Güemes, que podría considerarse menor en otras circunstancias, alcanza representatividad negativa por el contexto en el que se están desenvolviendo las instituciones autonómicas y la municipal de Madrid. Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento cabalgan sobre sobresaltos y conflictos.

Ignacio González ha acometido la gestión privada de la sanidad pública -lo que es perfectamente legítimo y legal- con escasa prudencia, apenas pedagogía y comunicación, y por un procedimiento (la ley de acompañamiento a los Presupuestos) que no ha permitido un debate parlamentario a fondo. Restando la carga político-ideológica que incorpora la llamada marea blanca, el Gobierno autonómico no debería desconocer que la protesta ha hecho mella en la opinión pública, porque el relato que impugna la gestión privada de la sanidad como un negocio a costa de la calidad y gratuidad de las prestaciones dispone de la verosimilitud que le ofrece la callada por respuesta desde la Administración madrileña. El carácter impositivo y altanero de algunos cargos significados del Ejecutivo autonómico son un aditamento que coadyuva a aumentar la irritación.

En este ámbito, que González haya desafiado al Gobierno de Rajoy -de su partido- estableciendo el euro por receta resulta incomprensible y sigue remitiendo, no sólo a descoordinación, sino también a distanciamiento personal y político. Ni la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha abogado por las bondades de la política sanitaria de González y Lasquetty, ni estos se han cortado en implementar una medida persuasiva y recaudatoria que terminará -como en el caso catalán- con una suspensión cautelar del Tribunal Constitucional. González y su consejero de Sanidad van a quedar desautorizados y difícilmente lograrán que la conflictiva decisión de gestionar privadamente seis hospitales públicos y decenas de centros de salud atraiga a compañías privadas a un eventual concurso para adjudicarlos.

Albarda sobre albarda: resurge el caso del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid. Ahora los espiados no serían sólo Manuel Cobo y Alfredo Prada, sino también el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón. La atribución de la orden de seguimientos ilegales la atribuye un declarante -bastante contradictorio, por cierto- al propio Ignacio González, que habría actuado contra el fulminantemente apartado -del Gobierno y del partido- Francisco Granados. Parece que con la marcha de Aguirre se ha abierto la caja de Pandora en la Real Casa de Correos.

El caso Madrid Arena -que impacta como gancho pugilístico en la frágil mandíbula de la alcaldesa de la capital- se ha cobrado ya varias víctimas políticas: Pedro Calvo y Miguel Ángel Villanueva, vicealcalde de la ciudad, hombre de confianza del hoy ministro de Justicia y que resultaba ser el último cortafuegos para Ana Botella, cuya estabilidad en el cargo está en tela de juicio. Entre otras muchas razones (recuerden las palabras de Aguirre: “Caiga quien caiga”) porque la solidaridad y colaboración del Gobierno de González es perfectamente descriptible. Si la alcaldesa -que es diana muy apetecible para muchos por razones maritales- dispone sólo del apoyo de Rajoy, que Dios la pille confesada: el presidente del Gobierno está casado con su mujer, pero no se le conocen compromisos de otra naturaleza.

No puede olvidarse que González y Botella -que tan poca química personal demuestran- son suplementes de los titulares -Aguirre y Ruiz-Gallardón-, lo que disminuye la consideración pública en sus gestiones dado el sistema de listas cerradas y bloqueadas de nuestro sistema electoral. Ambos gozan de investidura democrática plena, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que los electores designaron a Aguirre y a Ruiz-Gallardón. Y que ni la una ni el otro están donde los ciudadanos pensaron que debían estar.

El Gobierno está descuidando al partido y a las comunidades autónomas y, en la calle Génova, la secretaria general comparte responsabilidades con su otra ocupación -presidenta de Castilla-La Mancha-, ofreciendo la sensación de dispersión y falta de clara jerarquía en las prioridades. Aquí comienzan a fallar demasiadas mecanismos de cohesió: falta sosiego, planificación y reflexión.

Si el 7 de septiembre el Comité Olímpico Internacional no designa a Madrid como sede los Juegos Olímpicos de 2020 -es la única apuesta unitaria del Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento que se visualizó el pasado 8 de enero- el bastión central del poder autonómico y municipal se le puede escapar al PP en las elecciones de mayo de 2015. Queda mucho tiempo, efectivamente, pero el deterioro de los populares madrileños galopa a una velocidad de vértigo. La única ventaja del PSOE no serán sus méritos, sino su capacidad de negociación con IU -que está al alza- y la imprevisibilidad de Unión, Progreso y Democracia que también avanza en las encuestas. A día de hoy, el PP -y hay sondeos sumergidos que así lo acreditan- no tendría mayoría absoluta ni en la comunidad madrileña ni en la capital. O se detiene esa hemorragia de descoordinación, gestión precipitada e impositiva, ausencia de coherencia con las políticas del Gobierno y mal enquistada relación entre la Comunidad y la capital, o el PP podría quedarse sin Madrid. A salvo de un regreso de Pío García Escudero al territorio capitalino, del que es conocedor y en el que es apreciado.