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La oscura historia del Koko y el Cocom

Los grandes consorcios farmacéuticos alemanes e internacionales realizaron en los años setenta y ochenta toda una serie de ensayos clínicos de sus productos que afectaron a unos 50.000 pacientes de la República Democrática Alemana (RDA), con el acuerdo del Estado comunista, que veía en el asunto una mera vía para recaudar necesarias divisas, informa esta semana la revista Der Spiegel.

Sin informar a los pacientes, empresas como Bayer, Schering, Hoechst, Boehringer, Sandoz, Pfizer y Roche, probaron sus productos en “más de cincuenta” hospitales de la RDA en ciudades como Berlín Este, Dresde, Halle, Erfurt, Rostock y Jena, informa el semanario, que menciona unos 600 ensayos algunos de los cuales registraron varias víctimas mortales.

La empresa Sanofi, sucesora de Hoechst, alega que los ensayos que se le atribuyen fueron perfectamente legales y se hicieron simultáneamente en otros siete países europeos, además de la RDA.

Aunque el informe focaliza el asunto en el Estado alemán oriental, la realidad que describe tiene como verdadero protagonista a los consorcios farmacéuticos, que han venido realizando en todo el mundo ensayos clínicos para probar sus productos en seres humanos hasta el día de hoy, especialmente allí donde los costes son más bajos y los reglamentos más laxos, explica Joan Ramón Laporte, profesor de farmacología clínica de la UAB.

Con la opinión pública alemana alarmada por las secuelas del escándalo de la talidomida -un fármaco alemán contra las nauseas en el embarazo que creó miles de bebes con malformaciones, asunto que todavía colea en los tribunales españoles-, en los años ochenta los consorcios se dirigieron a la RDA para esquivar aquella alarma ocasionada por sus desmanes.

En aquella época no había legislación en materia de ensayos clínicos, algo que solo comenzó en Europa en 1991, pero que apenas ha cambiado lo esencial, a saber, “que la principal mercancía de esta práctica son los seres humanos”, dice Laporte, que menciona el caso del segundo consorcio farmacéutico mundial Pfizer, implicado en un ensayo clínico criminal en Nigeria.

Hace dos años Pfizer fue condenado a pagar indemnizaciones millonarias por un ensayo realizado en 1996 con un antibiótico experimental contra la meningitis meningocócica en la ciudad de Kano de aquel país, en el que murieron 19 niños y muchos más sufrieron secuelas graves.

Desde entonces el organismo controlador de Estados Unidos (FDA) estableció la obligatoriedad de aplicar la normativa estándar (información y consentimiento del paciente más aprobación de un comité de ética) en los ensayos clínicos, aunque estos se realicen en países con criterios más laxos como China, Rusia, India u otros.

En el caso de la RDA de los setenta y ochenta el dinero obtenido con estas pruebas de medicamentos occidentales se repartía en partes iguales entre dos organismos, el Ministerio de Sanidad y la llamada “Coordinación Comercial” (KoKo).

Este organismo, que el informe de Der Spiegel solo menciona de pasada, merece mayor atención. Oficialmente el KoKo dependía del Ministerio de Comercio Exterior, en realidad estaba vinculado a la Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) el espionaje exterior.

El KoKo fue creado a finales de los años sesenta, cuando comenzó a hacerse notorio el desfase tecnológico con Occidente, con el doble objetivo de conseguir divisas y eludir las trabas de exportación de tecnología avanzada al bloque del Este interpuestas por el CoCom (siglas de Coordinating Committee on Multilateral Export Controls), un acuerdo de embargo comercial de la guerra fría firmado por 17 países desarrollados occidentales.

Ese embargo obligó al KoKo de la RDA a tejer toda una red comercial no oficial con occidente. Con los años, esa red estableció todo un entramado de cuentas bancarias y empresas en paraísos fiscales, contactos con la delincuencia organizada y una línea directa con los servicios secretos.

Al frente de la organización estuvo hasta el final un personaje llamado Alexander Schalck-Golodkowski, hoy un octogenario que vive plácidamente retirado en Baviera. Gran parte de la documentación del KoKo ha desaparecido.

Una parte fue destruida poco antes de la reunificación en la propia RDA, pero otra parte, como ocurre con los archivos de la Stasi, es inaccesible por la sencilla razón de que hay en ella demasiada información relativa a empresas, servicios secretos y políticos occidentales, que no puede ser destapada sin escándalo.

El Bundestag creó en los años noventa una comisión de investigación del KoKo.

Según uno de los miembros más experimentados de aquella comisión, el ex secretario de Estado de defensa, Andreas von Bülow, la investigación del KoKo, “mostró todo un entramado internacional de comercio de armas, terrorismo, contrabando de tecnología, narcotráfico, delincuencia organizada y extremismo político de izquierda y derecha” sobre el que en Europa actúa lo que von Bülow denomina “política exterior de los servicios secretos”, sin rendir cuentas a nadie.

Este observador, que trabajó veinte años en la comisión de servicios secretos del Bundestag, constató que el trabajo de la comisión de investigación parlamentaria fue sistemáticamente torpedeado por el gobierno alemán.

Toda la información procedente del derrumbe de la RDA, y del KoKo en particular, que afecta o compromete a intereses occidentales, es objeto del más estricto secreto.

Solo se ha podido ventilar todo aquello que compromete al enemigo histórico, dice este observador del partido socialdemócrata, según el cual los grandes secretos que se preservan tienen que ver con, “el sistemático enredo de las operaciones encubiertas de los servicios secretos con las redes internacionales de delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el terrorismo”.

A cambio de su colaboración con el servicio secreto alemán (BND) y de su silencio, Schalck-Golodkowski eludió sin pasar por la cárcel los tres procesos judiciales que se le abrieron después de la reunificación alemana, y gozar de su actual retiro en Baviera.

En ese contexto el escándalo de análisis clínicos destapado esta semana por Der Spiegel es un asunto de muy poca envergadura, aunque en medios políticos no se descarta que tenga consecuencias judiciales para las empresas farmacéuticas.

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