Carlos Jiménez Villarejo

"El Estado español está sometido al dictado de la troika"

La soberaní­a no es que está en juego, es que está disuelta. El poder judicial forma parte del Estado español, pero es que el Estado español está sometido al dictado económico y polí­tico de las grandes instancias internacionales, de eso que se llama la Troika, detrás de la que está la gran oligarquí­a financiera. Eso sí­, con la complicidad del Gobierno del PP. Esto es una realidad

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16-05-2013
Carlos Jiménez Villarejo es uno de los expertos jurí­dicos más destacados del paí­s. Si la trayectoria del juez Baltasar Garzón es la expresión de toda una lí­nea de independencia judicial de la que participan miles de profesionales Carlos Jiménez Villarejo es uno de los mejores ejemplos.
Los actuales plazos de prescripción prácticamente garantizan la impunidad
Carlos Jiménez Villarejo es uno de los expertos jurí­dicos más destacados del paí­s. Si la trayectoria del juez Baltasar Garzón es la expresión de toda una lí­nea de independencia judicial de la que participan miles de profesionales Carlos Jiménez Villarejo es uno de los mejores ejemplos.

Carlos Jiménez Villarejo fue militante del PSUC y fundador de Justicia Democrática, organización promotora de Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales. Como fiscal en Barcelona interpuso una querella a Jordi Pujol por el caso de Banca Catalana, fue Fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Barcelona y de la Fiscalía especial Anticorrupción. En el 2003 pidió la “jubilación voluntaria” tras ser cesado como fiscal anticorrupción. Se ha destacado por promover una reforma de la Ley de financiación de partidos, exigir mayor eficacia en la denuncia de los paraísos fiscales, y en la defensa de la Ley de la Memoria Histórica, impulsando la Plataforma contra la Impunidad. Es coautor del libro “Jueces pero parciales” (Ed. Pasado y Presente 2012).

Los casos de corrupción inundan la actualidad española, ¿qué cambios serían necesarios para dotarnos de una justicia más eficaz e independiente?, pese a que ejemplos de independencia judicial y eficacia contra la corrupción también hay muchos, pero parece que a contracorriente y con verdaderas dificultades para prosperar.

Hay muchas formas de corrupción y esto exige un poder judicial muy preparado, muy eficaz, independiente y con recursos.

Empezando por esto último, en el caso de jueces dedicados a los grandes delitos de corrupción política, es decir, la Audiencia Nacional, podemos encontrar casos de eficacia y de ineficacia. Pero en general los jueces de la Audiencia Nacional tienen mayor dotación de recursos que otros jueces, y quizás mayor nivel de preparación profesional. Además de que cuentan con Fiscalías, como la de Anticorrupción, que son las mejores dotadas de España, con más medios de asesoramiento técnico.


"El caso Botín o Alierta son ejemplos de la complicidad del poder judicial" Pero si salimos de ahí, de los grandes delitos de corrupción, lo que nos encontramos son jueces, en su inmensa mayoría independientes, que carecen de los recursos suficientes desde el punto de vista técnico, lo que explica, solo en parte, la enorme dilación de los procesos.

¿No es la corrupción política un problema de mafia y crimen organizado, de delincuentes que se asocian para delinquir?, desde luego cumplen los requisitos que la Justicia Internacional establece para el crimen organizado ¿porque no se les da ese tratamiento?

En primer lugar, en España, los delitos de corrupción, especialmente los cometidos desde las altas instancias de los Poderes Públicos, son tratados como delitos contra los intereses de la Administración, algo que es inexacto y que desvirtúa su verdadera naturaleza. Los delitos de corrupción son delitos contra los valores democráticos, contra el propio sistema democrático. Y sin embargo, en el Código Penal no están planteados así. Cuando hay malversación de caudales públicos, esta conducta nos afecta a todos, porque son fondos públicos que se nutren muy mayoritariamente de los impuestos de los ciudadanos.

Ante delitos de esta gravedad, ¿cómo es posible que subsistan plazos de prescripción de la responsabilidad penal de cinco años? Es prácticamente garantizar la impunidad. Primero porque el proceso de la actividad delictiva es muy complejo y su descubrimiento exige un gran esfuerzo y muchos recursos. Basta, entre otros, los ejemplos del  expolio del Palau de la Música - iniciado en 2009 - y de Gürtel -  iniciado por Garzón en  2008 - y, aún pendientes de concluir la primera fase del proceso, la instrucción; estamos entrando en el verano del 2013. Ante delitos de esta naturaleza, contra el derecho de los ciudadanos a ser gobernados por un poder  honrado, ético y transparente, el plazo de prescripción debería ser el de los delitos más graves, 20 años.

El mantenimiento de la actual regulación es una vergüenza para el sistema democrático y un bochorno para todas las instituciones que representa. Estamos ante un planteamiento que hay que cambiar de raíz y que el Gobierno del PP no ha abordado en absoluto en el actual proyecto de reforma del Código Penal. Esa reforma, además de endurecer las formas de represión afecta, sobre todo, a los delitos cometidos por los sectores económicamente más débiles.

Están los corruptos y después los corruptores. Es habitual ver a los corruptos, o a los presuntos, en los medios de comunicación, pero no suele hablarse de los corruptores. ¿No es observable que hay un entramado en el que corruptores y corruptos son una misma entidad, conceden favores y se les recompensan?

Evidentemente, la corrupción existe porque hay corruptores. El que desempeña un cargo público no comete un delito de esa naturaleza si no media algún tipo de comisión, de beneficio económico que procede de  empresas o  particulares de cualquier sector. Quien paga a quien ostenta cualquier forma de poder político es porque, antes o después, espera un favor, una contraprestación. Y, mediante este intercambio, el titular del poder político, cualquiera que sea su nivel, está dispuesto a romper su deber de lealtad con los principios democráticos.

Es razonable que los medios  pongan más énfasis en los políticos corruptos porque son ellos los que han sido elegidos por los ciudadanos y están más obligados a una conducta intachable. Pero es evidente que si no hubiera esa complicidad, ese contubernio evidente y mantenido, no habría corrupción.

El empleo del concepto mafia está acuñado hace muchos años y  mientras no se acuerde lo contrario, ha estado muy asociado a la violencia como medio de comisión u ocultación de delitos. Por ello, creo que hablar de prácticas mafiosas en nuestro país no se ajusta exactamente a los delitos de corrupción en España. Por otra parte, no es necesario recurrir a esos calificativos, porque la delincuencia corrupta ya se define por sí misma. En los últimos años podemos hablar de unos 500 casos de corrupción, según las Memorias de los Fiscales Generales del Estado. Uno se queda abrumado del grado de degeneración de la vida democrática en este país.

Usted fue el primero que lanzó la voz de alarma en el caso de Banca Catalana con Jordi Pujol, la oligarquía y la derecha catalana, ¿cómo valora que se ha desarrollado esto?, porque Pujol salió absuelto y ahora aparecen imputados sus hijos por otros casos.

 El caso de Banca Catalana fue hace 25 años y no fue un caso estrictamente de corrupción. Fue el caso de la quiebra de un banco, de delitos de apropiación indebida, falsedad documental.... Lo que sí es cierto es que cuando la Audiencia Provincial de Barcelona decidió no procesar a Jordi Pujol y todos sus consejeros, frente al criterio de la Fiscalía, lo hizo con varios votos en contra y reconociendo la veracidad de los hechos que sustentaban la solicitud de procesamiento por la Fiscalía. Por tanto, no disintieron de las causas objetivas que condujeron a la quiebra de la entidad. Pero era perfectamente perseguible con los recursos penales entonces disponibles. Por hechos similares, hoy la Audiencia Nacional tiene abiertas seis causas penales contra otras tantas Cajas de Ahorro.

Seguramente es por cómo he formulado la pregunta, porque lo realmente interesante son las dificultades de la Justicia por hacer frente a estos casos, en particular de una de las familias políticas y económicas más importantes de Cataluña...

Esto es evidente. Nos encontramos con un Tribunal que rechazó el procesamiento solicitado, confluyendo ciertamente sectores progresistas y conservadores, en una decisión en la que sin duda influyó que el principal imputado era el Presidente de la Generalitat. Acabamos de ver una situación similar con la imputación de la Infanta Cristina. De eso no me cabe la menor duda. Es una influencia del poder,  intangible pero eficiente. Hace 25 años, cuando la sombra de la dictadura era muy alargada, esa influencia era evidente, pero ahora lo sigue siendo por una actitud mayoritaria de la magistratura de complacencia, cuando no de de sumisión, al poder. ¿Que ahora la situación ha cambiado?, Bueno, afortunadamente, ya era hora. Lo estamos viendo, en el ámbito de Catalunya, en los procesos por el caso de las ITVs o de una investigación por la Audiencia Nacional por ciertas cuentas en Suiza.

Pero no hemos superado plenamente la aplicación de un Derecho Penal  desigual según el estrato  social  de los investigados. No hay más que asomarse a la Cárcel  Modelo de Barcelona y perdón si resulta demagógico, pero es que las tesis de Sutherland continúan vigentes. .

En el caso de Cesar Alierta, o con la Doctrina Botín, ¿cree que son también ejemplos de cómo los principales grupos de poder intentan frenar la independencia judicial?

Los dos son ejemplos de lo que estamos hablando, de complacencia y subordinación del Poder Judicial a los poderes económicos más significativos.

"La soberanía no es que está en juego, es que está disuelta" En el caso de Emilio Botín y sus consejeros, la Audiencia Nacional, presidida por el juez Gómez Bermúdez, creó una doctrina inexistente hasta ese momento a la medida del interés de los acusados.

Como el Fiscal no ejercía la acusación, porque desde el principio tuvo una actitud reverencial con  Botín para que no fuera juzgado, lo hizo la acción popular, en virtud de esa facultad  de los ciudadanos para acudir a los Tribunales, supliendo la pasividad del Ministerio Fiscal.

Se enjuiciaba un fraude fiscal de cerca de 80 millones de euros, según los informes de los inspectores de Hacienda que practicaron la pericial; cometido desde el Banco de Santander a través del producto llamado “cesiones de crédito”. Todo ello  quedó impune, hasta el punto de que no se pudo celebrar el juicio para practicar las pruebas y establecer si realmente había responsabilidad criminal. Todos fueron absueltos con la posterior conformidad del Tribunal Supremo.
 
En el caso Alierta, el Fiscal general del Estado, impidió a la Fiscalía Anticorrupción  presentar una querella criminal. Pero, afortunadamente, una Asociación de Usuarios de Banca ejerció la acción popular, a la que finalmente se sumó la fiscalía Anticorrupción, y  consiguió celebrarse el juicio oral contra Alierta por un delito de información privilegiada, que le reportó un beneficio de 300 millones de pesetas.

También en este caso se dio un giro inesperado por los Tribunales; porque, con arreglo al criterio mantenido hasta ese momento, dicho delito no estaba prescrito,  por lo tanto era exigible la responsabilidad criminal. Sin embargo, tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Supremo, reinterpretaron la Ley para que  la conducta delictiva de  Alierta  fuese declarada prescrita. Y, obviamente, también fue absuelto.

Y, más tarde, la decisión condenatoria de la Audiencia Provincial de Barcelona, respecto del Consejero-delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz,  fue anulada por vía del indulto por el último Consejo de Ministros del Gobierno de Zapatero. Para una vez que un Tribunal impone una condena a un representante del grupo bancario más importante de España, el Gobierno, para más señas socialista, la anula.

Ya veremos cómo concluyen las numerosas causas abiertas en este momento contra los Rato, Pagés y otros tantos responsables de la situación económica que padecen los ciudadanos.

En el caso de las Hipotecas hemos visto cómo se subvertía la propuesta de la PAH, pese a un dictamen europeo que declara “ilegal” la legislación española. Pero de lo que no se ha hablado es que una reforma de la Ley Hipotecaria pone en peligro el cobro de 400 mil millones que la banca española le debe a bancos alemanes y norteamericanos, o de como la Troika se apresuró a dar un toque de atención al gobierno. ¿No está en juego, en este caso, la legalidad, pero también, la soberanía nacional  frente a imposiciones que vienen de fuera?

La soberanía no es que está en juego, es que está disuelta. El poder judicial forma parte del Estado español, pero es que el Estado español está sometido al dictado  económico y político de las grandes instancias internacionales, de eso que se llama la Troika,  detrás de la que está la gran oligarquía financiera. Eso sí, con la complicidad del Gobierno del PP. Esto es una realidad que no hace más que constatar lo que hemos dicho antes. A mayor  poder económico, menos capacidad de reacción tendrá el poder judicial. Aunque, en este caso, algunos jueces han dado  muestras significativas de reaccionar situándose  al lado de las víctimas y los débiles en el caso de los desahucios y asumiendo la defensa de sus intereses.

Usted dio un paso al frente para defender al juez Garzón y la investigación de los crímenes de la guerra civil. Quería preguntarle por las maniobras de la embajada norteamericana, que evidenciaron los papeles de WikiLeaks, para frenar a Garzón, hasta el punto de aliarse con la derecha extrema española. ¿No se trataba de quitar de en medio a un juez que no se frena ante los intereses de una potencia como EEUU?

Completamente de acuerdo. Entre muchas de las cuestiones que aparecieron en los papeles de WikiLeaks estaba cómo se produjo un frenazo por la Justicia española- concretamente por la Audiencia nacional- en dos casos. Uno el de la represión del pueblo tibetano, por la República Popular China, que fue archivado de mala manera, y otro el de la investigación de los brutales bombardeos de la aviación israelí en la Franja de Gaza sobre la población civil. Todo esto condujo a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el principio de Justicia Universal – que había aplicado el Juez Garzón para ordenar la detención de Pinochet-dejara de aplicarse en España en los términos en que estaba haciéndose.

En efecto, el Juez Garzón ha sido expulsado de la función judicial. En primer lugar, por su larga trayectoria de valentía, honradez y justicia en la defensa de la Comunidad Internacional frente a los Crímenes contra la Humanidad.

Pero  creo que la causa más inmediata de su persecución y expulsión fue la necesaria criminalización que hizo del levantamiento militar subversivo del general Franco y de la posterior implantación de la dictadura; es lo que soliviantó a los poderes fácticos-desde la extrema derecha-parte de ella instalada en el PP-hasta el propio PP y una parte del PSOE. Y, desde luego, a una parte importante de la cúpula del poder judicial, particularmente al Tribunal Supremo. Así lo acreditó este Tribunal cuando declaró  que los delitos cometidos por la dictadura no eran perseguibles, y advertía a todos los jueces que no fueran a iniciar investigaciones que fueran por ese camino porque podían acabar en la calle, como el Juez Garzón.

En todo caso cuando Garzón investigó la dictadura de Pinochet, acabó imputando a Henry Kissinger, es decir, llegó hasta los últimos culpables. Es de suponer que la investigación de la Guerra Civil hubiera seguido los mismos derroteros...

Al principio ese era el enfoque fundamental del Auto de 16 de Octubre de 2008 de dicho juez en el Sumario 53/2008. Luego, ante la presión terrible de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, este Tribunal  impidió que esa línea de investigación continuara. Para que, finalmente, solo pudieran  investigarse los supuestos de personas desaparecidas - unas 114.266 - cuyos restos pudieran permanecer  en fosas comunes, investigación que se atribuyó en exclusiva a los Jueces de Instrucción, cerrándose así la vía de una más amplia investigación por los Crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo. Jueces que, mayoritariamente, no han asumido dicha investigación, con una falta de respeto absoluto a su deber como juez, a sus  obligaciones procesales, a la memoria de esas víctimas y a sus familiares.

Lo que no ha evitado una excepción, que debe destacarse. La sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, por un Auto del 22 de enero, ha acordado, contrariando abiertamente la doctrina del Tribunal Supremo en los Autos sobre Garzón, investigar el bombardeo de la aviación fascista italiana sobre Barcelona durante la guerra civil, que produjo miles de muertos y heridos. Lo que quiere decir que todavía existen núcleos de resistencia judicial comprometidos con los valores y la memoria democráticos.

 

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