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Para la Audiencia Provincial de A Coruña no hay culpables del hundimiento del Prestige que causó la mayor catástrofe ecológica y medioambiental de la historia de España. En el caso del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, la Audiencia de Madrid sólo encuentra culpable al juez que se atrevió a enviarlo a la cárcel. El juicio contra Rodrigo Rato y el resto de directivos de Bankia duerme el sueño de los justos,…
Mientras tanto, esa misma justicia actúa con una celeridad de vértigo para pedir 4 años de prisión a cinco profesores de Guadalajara por manifestarse contra los recortes en septiembre de 2011. O para solicitar condena y multas a 54 jornaleros andaluces por la ocupación pacífica de la finca Las Turquillas en 2012, reclamando trabajo en una comarca con un 40% de paro. Que hay una distinta justicia de clase y distintas clases de justicia según quién seas es algo sabido por todos desde siempre. Pero las reformas que preparan el ministerio de Justicia y de Interior pueden dejar en mantillas todo lo que hemos visto hasta ahora. A medida que su política incrementa el abismo social, se hace necesario endurecer las leyes y recortar las libertades para mantener un orden social cada vez más injusto que provoca todo tipo de rebeliones y luchas. «El Ministerio de Justicia se ha dedicado a recopilar las nuevas formas de protesta ciudadana para convertirlas en delito» Las modificaciones legislativas que Gallardón prevé introducir en el Código Penal y la llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que prepara Fernández Díaz dibujan en el horizonte próximo un gravísimo recorte a las libertades democráticas. Hasta el punto que la plataforma No Somos Delito -formada por 40 asociaciones de defensa de los derechos humanos- ha denunciado que “al leer determinados artículos da la sensación de que el Ministerio de Justicia se ha dedicado a recopilar las nuevas formas de protesta ciudadana del último año para después convertirlas en delito”.Muchas de las vías de lucha que los ciudadanos y los movimientos sociales han buscado en estos dos últimos años para expresar su oposición a las medidas del gobierno pasarán a ser actos delictivos de aprobarse estas leyes. Así, utilizar redes sociales como vía para el llamamiento de la población a sumarse a una “protesta no autorizada”; la resistencia pasiva y pacífica ante los agentes de orden público; acciones como la de Toma el Metro en protesta por la subida de tarifas; el “asedio” pacífico a instituciones públicas como la del 25-S Rodea el Congreso o los escraches a autoridades públicas, dejarán de ser tipificadas por la ley como faltas y pasarán a considerarse como infracciones o delitos, punibles por tanto hasta con prisión. Convocar una protesta por Twitter ante el Congreso o difundir imágenes de antidisturbios durante las manifestaciones pasarán a ser, de acuerdo a la nueva ley, infracciones muy graves, castigadas hasta con multas de hasta 600.000 euros. “Insultar, vejar, amenazar o coaccionar” a los miembros de las Fuerzas de Seguridad constituirá una infracción grave, con multas de 1.001 a 30.000 euros, mientras que difundir en Internet datos de los agentes que el ministerio entienda como un atentado contra su intimidad o la de su familia, o que considere que contribuyen a desbaratar una operación, será castigado igualmente con multas de hasta 600.000 euros. Con la nueva Ley, hasta no entregar el DNI al policía que lo reclame constituirá una infracción grave . Todos estos nuevos “delitos”, además de suponer un mayor incremento de la pena, darán lugar a tener antecedentes penales y, al ser perseguidos por vía administrativa, perderán las garantías jurídicas propias de un proceso penal. Recurrir la sanción en vía contencioso-administrativa supondrá el pago de unas tasas judiciales hoy inasumibles para la mayoría. Es necesario detener esta auténtica agresión a la democracia y a las libertades ciudadanas. Mientras banqueros rufianes y oligarcas estafadores campan a sus anchas sin que la justicia sepa, quiera o pueda meterles mano, el gobierno trata de crear una jaula de hierro penal para contener las luchas populares. Debemos impedírselo.