Cargando...España ha ido de derrota en derrota en el diseño del mecanismo único de resolución bancaria (MUR) hasta la final, que se consumó este jueves. El sistema aprobado definitivamente no contiene ninguna de las peticiones de nuestras autoridades; de hecho, básicamente viene a ser lo contrario de lo que querían: el fondo de rescate tendrá exclusivamente 55.000 millones para toda Europa (cuando sólo en España llevamos gastados 61.000) y estará dotado únicamente por los bancos, sin dinero público ni siquiera aval para las emisiones de deuda. Además, este mecanismo podrá decidir el rescate de una entidad española sin que nuestro Gobierno pueda oponerse a ello, y no habrá protección especial para los depósitos.
Este diseño, opuesto al pretendido por España, obedece a las imposiciones de Alemania, cuyo Gobierno tiene como principal objetivo evitar que, en el futuro, los contribuyentes alemanes tengan que pagar el rescate de las entidades insolventes de los países periféricos, como ha ocurrido con la banca española. De hecho, ni siquiera quería un fondo europeo, y sólo ha transigido porque su volumen es muy pequeño –insuficiente para atender futuras crisis, según ha declarado públicamente el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy– y porque será dotado por las entidades en vez de por los Estados, al contrario de lo que proponía el BdE. A cambio, Angela Merkel ha cedido ante la Eurocámara en cuestiones menores: el fondo se completará en ocho años en vez de los 10 inicialmente previstos y el dinero de los diferentes países se podrá mutualizar en un 40% el primer año, un 60% el segundo y un 70% el tercero.
España planteaba inicialmente una recapitalización directa de los bancos con problemas con dinero público, es decir, que el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) inyectara el dinero directamente a las entidades sin pasar por los Gobiernos nacionales y sin que ese préstamo computara como deuda pública (ni las pérdidas de los rescates como déficit). Es más, Mariano Rajoy pretendía que esta recapitalización fuera retroactiva para poder aplicarla a los 41.000 millones del rescate a España.
Estas pretensiones fueron rechazadas de plano por los Veintiocho en junio del año pasado, cuando se decidió que sería un fondo de resolución dotado por los bancos que iba a ser inicialmente nacional –el que al final será europeo en ocho años– el que acudiera al rescate de un banco y, si no era suficiente, las inyecciones de dinero público seguirían haciéndose a los Estados miembros y no a las entidades. La segunda derrota llegó en noviembre, cuando se aprobó el fondo único de resolución, pero con un horizonte temporal muy largo y un tamaño muy pequeño que no garantizaba no tener que volver a requerir dinero público español en próximas crisis financieras.
El acuerdo definitivo de esta semana no cambia esta estructura en absoluto, más allá de acelerar un poco la puesta en marcha del fondo. Y aunque España ha vuelto a poner sobre la mesa la recapitalización directa una vez que se agoten los recursos privados, también se ha rechazado. Como alternativa a la falta de dinero público para los rescates, desde el Parlamento Europeo y el BCE se sugirió que el fondo se pueda endeudar con aval del MEDE o de los Estados miembros. Pero Alemania se ha negado en redondo porque «eso supondría volver a transferir el riesgo al contribuyente», en palabras de su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble. Y para ese viaje, no hacían falta tantas alforjas. Por tanto, se pondrá endeudar pero sólo con la garantía de las futuras aportaciones que deberán realizar los bancos.
Sin derecho de veto
Por si todo esto fuera poco, nuestras autoridades tampoco podrán oponerse a la decisión de rescatar una entidad española. El sistema de toma de decisiones es la parte del acuerdo sobre la que menos información se ha proporcionado y sobre la que hay más zonas de sombra. Pero las noticias que llegaban ayer desde Bruselas aseguraban que el BCE disfrutará de un papel preponderante para alertar cuando detecte una entidad en peligro, y la Comisión Europea también lo tendrá para la decisión final. Esta ya no deberá ser aprobada por el consejo del MUR en el que se sientan todos los países, sino que lo hará una especie de consejo ejecutivo reducido donde estarán representados estos organismos y algunos países aún por definir (aunque Alemania pertenecerá a él seguro).
Además, estas informaciones explicaban que se podrán intervenir bancos a pesar de la oposición del Gobierno de su país de origen, ya que los ministros de Finanzas sólo podrán negarse a ello si se dan determinadas condiciones que tampoco han trascendido. Eso sí, se ha establecido un procedimiento para estas actuaciones que impone que se lleven a cabo en un fin de semana, de modo que se hayan resuelto antes de que abran los mercados el lunes siguiente.
España tampoco salva los depósitos
Otra de las grandes derrotas de España en este proceso ha sido la de los depósitos. El MUR establece que, antes de entrar en acción el dinero del fondo de resolución, los accionistas, acreedores junior (preferentes y subordinada) y acreedores senior (deuda normal) deben asumir pérdidas en lo que se denomina bail-in o rescate interno y que ya se ha puesto en marcha en el rescate español; de ahí las pérdidas de los preferentistas de las entidades rescatadas. Pero, además, también sufrirán quitas los depósitos no garantizados, es decir, los de más de 100.000 euros, mientras que España pretendía salvarlos a todos.
No ha trascendido hasta el momento ninguna modificación de este estatus en el acuerdo de ayer. Es más, la agencia Reuters asegura que ni siquiera se creará un Fondo de Garantía de Depósitos europeo como estaba previsto, el llamado tercer pilar de la unión bancaria junto al supervisor único (el BCE) y el mecanismo único de resolución (MUR). España consiguió al menos en diciembre que sean los últimos en sufrir quitas, una vez que lo hayan hecho los bonistas. Además, el Gobierno contará con una excepción por la que podrá proteger los depósitos en caso de «crisis sistémicas» como la vivida por la banca española en los últimos años. En esos casos, podrá utilizar el fondo de resolución o incluso dinero público para el rescate, pero con una serie de condiciones muy estrictas.