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El juez que investiga, el de Instrucción número 9 de Sevilla, García Vélez, que sustituye en marzo a Mercedes Ayala, jueza encargada del caso de la trama de los ERE, señala la existencia de «diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato», considerando que «la vía más importante en la financiación» de UGT-A «podría haber sido esta presunta práctica ilícita» que abarca los últimos 12 años.
De hecho, a raíz de la denuncia, la Junta de Andalucía ha tenido que analizar expedientes por valor de 15,2 millones de euros, y el pasado 5 de junio el consejero de Economía de la Junta informó de la existencia de 2 expedientes que obligan a UGT-A a devolver 1,8 millones de euros, correspondientes a los programas Orienta, destinados a asesorar a desempleados.
El resto de detenidos son empresarios que presuntamente has participado en la trama. Es el caso de dos empresarias hermanas de Madrid que han admitido en sus declaraciones que «cambiaron» los conceptos de algunas facturas siguiendo las «indicaciones» dadas por el sindicato. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha defendido que «ni en la UGT ni en la UGT de Andalucía se concibe ningún tipo de caja B», y ha pedido que no se saquen «conclusiones precipitadas» en base a informaciones periodísticas y notas emitidas por el Ministerio del Interior.
Este turbio asunto de las facturas falsas de UGT-A se añade al caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. Estas detenciones y las anteriores imputaciones están siendo utilizadas por ciertos medios de comunicación como presión sobre los sindicatos y al mismo tiempo como instrumento de desprestigio sembrando sospechas sobre todo el sindicalismo.
Cuando se está llevando adelante una agresión sistemática a los derechos de los trabajadores, imponiendo una y otra vez recortes y más recortes con el disfraz de la reforma laboral, esta campaña en los medios de comunicación tiene como objetivo debilitar la lucha de los trabajadores.
Pero estos ataques no pueden ni deben ocultar otra grave realidad, la responsabilidad de dirigentes sindicalistas tanto en el caso de los ERE como en este nuevo caso de las facturas falsas. No es admisible la justificación de que “sólo estamos ante algunos errores puntuales”. Es absolutamente necesaria una posición autocrítica consecuente. Dar respuesta a las graves acusaciones de la investigación judicial y policial, acabar con tales prácticas, asumir las responsabilidades de lo hecho. Sólo así se pueden sentar bases para regenerar la práctica sindical, para hacerla más transparente y democrática.«Dar respuesta a las graves acusaciones de la investigación judicial y policial, acabar con tales prácticas, asumir las responsabilidades de lo hecho. Sólo así se pueden sentar bases para regenerar la práctica sindical, para hacerla más transparente y democrática»
No estamos ante casos aislados, “errores” o “irregularidades”, sino ante un largo periodo de corrupción y saqueo, de grandes cantidades de dinero. No es creíble que todo esto ocurriese durante doce años sin enterarse de que estaba sucediendo, o la falta de denuncia interna, salvo que se formase parte de la trama.
Los trabajadores necesitamos otro tipo de movimiento obrero para hacer frente a la cada vez más grave agresión que sufrimos. Necesitamos unos sindicatos con una línea de clase.
Unos sindicatos que estén por la redistribución de la riqueza y la creación de empleo. Unos sindicatos basados en una práctica democrática y en las asambleas. Unos sindicatos independientes, que no estén subvencionados por el Estado, que desarrollen una financiación basada en los afiliados y en el apoyo de los trabajadores. Unos sindicatos con una línea unitaria y de clase. Unos sindicatos que defiendan la soberanía nacional frente a las imposiciones de la “Troika” de Washington y Berlín.
Como afirmó Julio Salazar, USO, en una entrevista: “Los sindicatos tenemos que vivir fundamentalmente de las cuotas de los afiliados, y para eso también nos tenemos que plantear tener aparatos más pequeños y volver a la militancia como durante la primera década de la legalización.”