Cargando...Hace ya muchos años que llegué al convencimiento de que el único poder verdadero es el económico. Suárez había dimitido y UCD hubo de buscar un cabeza de lista por Madrid que le sustituyese en las elecciones generales de 1982. El designado fue Landelino Lavilla, que había ocupado los cargos de ministro de Justicia y presidente del Congreso. Era el prototipo del jurista grave, sobrio, casi podríamos decir que adusto. Todo en él era seriedad, vamos, lo absolutamente contrario al líder político simpático, frívolo y populachero que tan buen resultado da en las campañas electorales. A Landelino le sacaron en televisión dando patadas a un balón con un grupo de chavales y bailando con su mujer (a quien el presentador llamaba Juanita). El hombre estaba tan fuera de contexto que todo el cuadro resultaba ridículo y grotesco. Comprendí que si los políticos estaban obligados a someterse a tal bochorno es que el poder no estaba en la política, sino en la economía; será por eso, quizá, por lo que la mayoría de los políticos tienen tanto interés en pasarse en seguida al sector privado.
Viene todo esto a cuento de la muerte reciente del que ha sido probablemente durante muchos años el hombre más poderoso de España, Emilio Botín, y de que, tal como es costumbre en las defunciones, han surgido múltiples artículos glosando la figura del personaje, la mayoría laudatorias (ya se sabe lo que se dice, que Dios nos libre del día de las alabanzas, porque será señal de que uno está muerto). Obituarios que, por muy lisonjeros que fueran, dejaban al descubierto una serie de episodios poco claros, en los que se percibía cómo en múltiples ocasiones el banquero, sin haberse presentado a ninguna elección, había doblegado al poder judicial y al político. Ahora que tanto se habla de regeneración democrática, habría que preguntarse si esta no debería comenzar por establecer todos los cortafuegos posibles entre el poder económico y el político.
La alargada sombra de Emilio Botín ha sobrevolado todos los gobiernos durante al menos los últimos treinta años. Sin duda, ha estado presente en el origen de múltiples medidas gubernamentales. Es de sobra conocido cómo logró que el Gobierno Zapatero en su último consejo de ministros indultase a Alfredo Sáez, o cómo consiguió que en casi todos los casos -fueron muchos- que tuvo que ver con la justicia, el fiscal y el abogado del Estado estuviesen de su lado. Conocida es también la manera en que intervino en época más reciente en la dudosa decisión de nacionalizar Bankia, lo que condujo al rescate bancario y a que los contribuyentes españoles hayan tenido que asumir deudas por muchos miles de millones de euros.
Menos conocido, sin embargo, es el hecho de que en 2004, tuviera una participación activa en el nombramiento de Pedro Solbes como vicepresidente económico. En 2004 nadie esperaba que el PSOE ganase las elecciones generales. Un joven e inexperto diputado, con el único mérito de ser desconocido, es decir, de no tener historia dentro del partido (mientras que Bono era ampliamente conocido), había conseguido la secretaría general en un Congreso y se había rodeado de un equipo en su mayoría bisoño e inmaduro como él. Sus ocurrencias en el año que llevaban al frente del PSOE habían suscitado la ironía de los medios de comunicación y la guasa general entre la opinión pública. Resultaba impensable, por tanto, que se alzasen con el triunfo. Sin embargo, el once de marzo (11-M), un hecho tremendamente trágico y la torpe reacción del Gobierno de Aznar, daba tres días después -y contra todo pronóstico- el triunfo a los socialistas. Pues bien, aquella misma tarde del 14-M, incluso antes de que cerrasen las urnas, Emilio Botín llamaba a Peces Barba, rector de la Carlos III, y con el que le unía el lazo de las muchas aportaciones que el Banco Santander había realizado a la universidad, para comunicarle que el PSOE había ganado las elecciones y para transmitirle la preocupación por la inexperiencia, por lo menos en materia económica, del nuevo equipo y su deseo de que Pedro Solbes fuese el nuevo ministro de Economía, como así ocurrió, dado el ascendiente que el antiguo presidente del Congreso tenía sobre Zapatero.
A pesar de su poder, han sido múltiples, más de treinta, las causas judiciales en las que Botín se ha visto implicado, y de todas ellas, precisamente por su influencia, ha salido indemne. Uno de los procesos más importantes a los que hubo de enfrentarse tuvo como causa la cesión de créditos. Entre 1987 y 1989, el Banco Santander comercializó este tipo de activos, sosteniendo con fraude de ley que no quedaban sometidos a la ley de activos financieros que se había aprobado recientemente y que hacía transparente a efectos fiscales (y sometía a retención) cualquier tipo de activo financiero. Hasta entonces, una gran parte de la realidad financiera permanecía opaca para el fisco. El invento de Botín resultaba sin duda muy atractivo para sus clientes a los que se aseguraba que no tenían que pagar impuestos, pero constituía un claro fraude a la hacienda pública y una competencia desleal al resto de las entidades financieras.
El fraude era bifronte. Por una parte se encontraba el posible delito fiscal de los clientes (unos 3.500) que habían realizado operaciones por un importe superior a los 2.600 millones de euros. Por otra, los directivos del banco con su presidente a la cabeza eran acusados de un perjuicio a la hacienda pública por importe de 84 millones de euros. Todos ellos llegaron a buen puerto, los titulares regularizaron su situación en 1996 y en lo que respecta a Botín, el final fue tan escandaloso que dio lugar a una interpretación nueva de la doctrina que el Tribunal Supremo venía aplicando, a la que se ha llamado desde entonces doctrina Botín.
La Abogacía del Estado, a pesar de ostentar la representación de la hacienda pública, no mantuvo la acusación; el Ministerio Fiscal, por orden expresa de María Teresa Fernández de la Vega, entonces secretaria de Estado de Justicia con el ministro Belloch, se retiró de la causa, y la Audiencia Nacional decidió paralizar el proceso al interpretar que la acción popular no puede, en solitario, sostener la querella si no la acompañan el Ministerio Público o la acusación particular, que en el caso del delito fiscal se supone que es solo el Estado. Esta doctrina, aunque un tanto extraña y contraria a la que se había venido manteniendo, fue confirmada por el Supremo y por el Constitucional. Es muy sintomático el hecho de que se acepte que el delito fiscal no afecta a todos y a cada uno de los ciudadanos.
Entre todas las causas judiciales a las que tuvo que enfrentarse el presidente del Banco Santander, solo en una ocasión tuvo que sentarse en el banquillo, fue la referente a las pensiones millonarias que reconoció a Amusátegui (56 millones de euros) y a Corcóstegui (108 millones), que más que de pensiones se podría haber hablado de precio para dejarle el campo libre tras la fusión del Santander con el Central-Hispano, pero, eso sí, pagadas con dinero del banco. Primero la Audiencia nacional y más tarde el Supremo liberaron a Botín de toda responsabilidad al juzgar que nada estaba legislado acerca de tales gratificaciones.
El suceso es my ilustrativo del capitalismo que profesamos o sufrimos, del que el presidente del Banco Santander ha sido un exponente destacado. Lo que mucha gente puede que no sepa es que la familia Botín mantiene un porcentaje muy reducido del capital del banco (dicen que aproximadamente un 0,4%) y, sin embargo, ha utilizado como propio todo el inmenso poder de los recursos de la entidad financiera en su propio beneficio. De ahí los múltiples mecenazgos y patrocinios que le han concedido siempre un espacio muy amplio de influencia, y de ahí, sobre todo, las fusiones y compras de otros bancos tanto nacionales como extranjeros, en muchos casos de beneficio dudoso para el accionista y para la economía española, pero de enorme utilidad para el presidente, que veía incrementado más y más su poder, sobre todo si podía, como en este caso, desprenderse de competidores utilizando los recursos del banco.
Todos estos acontecimientos dejan en evidencia el poder de concentración del capitalismo actual. Con unos fondos cuantiosos aunque limitados, como los de la familia Botín, se pueden manejar recursos diez, cien, mil veces, superiores y disponer de todo ese inmenso imperio como si de una finca particular se tratase, que se puede dejar en herencia a una hija. ¿Cómo no?, cuando casi todos los consejeros están nombrados por el presidente.
Don Emilio no solo dio nombre a una doctrina jurídica (doctrina Botín), sino que también abrió camino en materia de excusas para la defraudación fiscal y la evasión de capitales. Puso de moda las herencias. La familia Botín tenía ocultos sin declarar 2.000 millones de euros en unas cuentas en el HSBC de Suiza, que se descubrieron gracias a la famosa lista que Hervé Falciani había filtrado al Gobierno francés. Todo terminó con el ingreso de 200 millones de euros en Hacienda. Por supuesto, nada de delito fiscal ni de sanción administrativa. Tales cosas no podían ser aplicadas al hombre más poderoso de España.