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En la madrugada entre el 26 y 27 de Septiembre, cuando un grupo de estudiantes del Estado mexicano de Guerrero se preparaba para asistir a la manifestación de una gran huelga estudiantil, la policía disparó acabando con la vida de 6 estudiantes y dejando un saldo de otros 43 desaparecidos. Un mes después, nadie conoce el paradero de los 43 estudiantes, a los que se cree ejecutados y enterrados en una fosa común todavía no descubierta.
Aunque al parecer fue la policía municipal la que abrió fuego sobre los estudiantes, se cree que el grupo criminal “Guerreros Unidos”, vinculado al narcotráfico, pero también con estrechos nexos con la policía, el alcalde de Iguala y el gobernador del Estado de Guerrero -militantes ambos del PRD, el partido de la izquierda oficial mexicana-, están tras el secuestro y la desaparición de los estudiantes.
Los estudiantes de las Escuelas Normales Rurales mexicanas -los “normalistas” como se les conoce- son el sector más combativo y revolucionario del movimiento estudiantil mexicano. Por sus clases pasan miles de niños de familias de bajos recursos. Al contrario de lo que ocurre en las escuelas privadas, allí se paga a los estudiantes por estudiar, de otra forma sus familias no podrían dejar que sus hijos asistieran a la escuela. Este modelo de escuela, creado por la revolución mexicana, está pensado para atender al mundo rural y hacer posible que los hijos de los jornaleros tengan acceso a una instrucción digna.
Sin embargo, los continuos recortes tanto de los gobiernos centrales del PAN y el PRI como de los locales de Guerrero, están poniendo en peligro la existencia de las Escuelas Normales Rurales, motivo de la huelga y las manifestaciones que se estaban produciendo a finales de septiembre. Como relatan los periodistas mexicanos, “el legado del Che, de Mao, y de Lenin, pero también del guerrerense Lucio Cabañas (maestro y guerrillero asesinado en los años 70) se hace presente en las paredes de las escuelas”, en carteles, pósters y citas. «Los alumnos de estas escuelas son estudiantes comprometidos con la realidad social del México pobre y marginado que los rodea.»
Una auténtica “molestia” para el entramado institucional mexicano. Hasta el punto de que los diputados que integran la comisión parlamentaria por la investigación de la masacre –y en la que hay representantes del “tripardismo” oficial mexicano llegaron a afirmar, como una de sus primeras conclusiones, que ‘‘se debe replantear la existencia de las escuelas normales rurales, porque son núcleos de guerrilla”
Cabe preguntarse, como hace la periodista mexicana Marina Pérez Madil, “quienes constituyen el principal peligro para la sociedad: si los oficiales de la policía -o de Guerreros Unidos- armados hasta los dientes, que cometieron crímenes de lesa humanidad contra un grupo de menores o los estudiantes desarmados, que ni siquiera tuvieron recursos para defenderse”