Un fiscal, un general, un cardenal

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordena la presentación de una querella contra el presidente de la Generalitat y otros dos miembros del Gobierno catalán a propósito del 9N. Decidida bajo presión hidráulica del Gobierno español, la querella ha topado con la oposición de los fiscales del Tribunal Superior de Catalunya y tiene el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala. En caso de prosperar, la denuncia podría conducir a la inhabilitación y expulsión de la vida política del presidente de la autonomía con mayor peso en la economía de España. El jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), general Jaime Domínguez Buj, afirma públicamente que le «duele España» y que la autoridad del Estado se está debilitando. Ilustra su juicio –indudablemente referido a Catalunya– con una metáfora que remite al tiempo de las colonias: «Cuando la metrópoli se hace débil, viene la caída». El cardenal Antonio Cañizares, actual arzobispo de Valencia, emérito de Ávila, Granada y Toledo y hasta fecha reciente, prefecto de un dicasterio romano, publica un artículo en el diario ‘La Razón’ en el que llama a «apagar el fuego devastador que parece amenazar España». El cardenal concluye así su texto: «España se quema y desangra, pero tiene un gran futuro de esperanza». La querella pretende ser, en primera instancia, un gesto de autoridad ante el público conservador español, el núcleo duro, el zócalo, el «macizo de la raza», que decía Dionisio Ridruejo, atónito, nervioso e irritado después del 9N catalán: gente votando pese a la suspensión del Tribunal Constitucional. Después de un octubre terrible para la credibilidad del sistema político español, sobre el presidente del Gobierno comienza a pesar el estigma del gobernante lento, que confía demasiado en el paso del tiempo como método para afrontar los problemas más complejos y delicados. Las encuestas son muy negativas para el PP y faltan siete meses para unas elecciones locales y regionales que se presentan envenenadas. El primer efecto de la querella será una ola de solidaridad catalanista, que irá más allá de los 2,3 millones de personas que participaron en la consulta sucedánea. La querella refuerza políticamente a Artur Mas, que difícilmente podía imaginarse un escenario como el actual hace unos meses, y le invita a convocar elecciones anticipadas en Catalunya antes de que llegue la primavera. Un general del Ejército que rompe la costumbre de los altos jefes militares de no hablar de política en público, con unas declaraciones que el Gobierno, ahíto de problemas, ha decidido pasar por alto. Ante el revuelo creado por sus palabras sobre la metrópoli debilitada, Domínguez Buj puntualizó que en ningún caso se refería al momento actual. Un cardenal influyente. Hace unos meses Cañizares era uno de los candidatos a la sucesión del cardenal Lluís Martínez Sistach al frente de la diócesis de Barcelona. Contaba con importantes apoyos en Madrid (diócesis a la que también aspiraba).El Papa Francisco prefirió encargarle Valencia. Tres estampas para el tercer aniversario de la abrumadora victoria del Partido Popular en las elecciones del 20 de noviembre del 2011. Hoy hace tres años, Mariano Rajoy logró convencer a 10,8 millones de electores de que la solución a la crisis pasaba por sus manos. Obtuvo una contundente mayoría absoluta y decidió afrontar en solitario la grave situación, sin pactos políticos, sin pactos sociales, sin pactos territoriales. Tres años después, la relación del Estado con Catalunya se llama querella, el jefe del Ejército ve la metrópoli en peligro y el cardenal más amigo del Gobierno escribe que España está que arde.