Cargando...
Recortes Cero nos presentamos en Madrid, Valencia, Murcia, Aragón, Canarias, Asturias, Baleares, y en municipios emblemáticos como Vitoria, Barakaldo o Vigo… con una alternativa donde se demuestra que la redistribución de la riqueza es el camino que nos interesa al 90% de la población. Con una redistribución de la riqueza de verdad podríamos subir salarios y pensiones, acabar con el paro, revertir el aumento de la pobreza o los desahucios, mejorar la sanidad y la educación públicas…
Sí se puede subir salarios y pensiones
El 59% de los trabajadores españole cobran menos de 1.000 euros. Pero es que un tercio (el 34%) ganan menos de 645 euros mensuales. La “pensión media” en España se eleva a 882,76 euros. Lo que significa que el 63% de los pensionistas españoles ni siquiera llegan a ser “mileuristas”.
¿Acaso el gobierno de la Comunidad no puede hacer nada para cambiar esto? Sí que puede… el único problema es si quiere.
En nuestro programa, Recortes Cero defendemos medidas claras, posibles si existe un gobierno al servicio del 90% de la población.
-Complemento autonómico que garantice que ningún pensionista madrileño cobra menos de 1.000 euros al mes.
El gobierno autonómico no tiene capacidad para fijar la cuantía de las pensiones públicas. Pero sí puede aprobar el pago de un complemento autonómico para garantizar que ningún pensionista cobre menos de 1.000 euros mensuales. O decretar una moratoria en el pago de impuestos autonómicos para los pensionistas con menos ingresos.
Esto tendría un coste de 5.484 millones de euros en la próxima legislatura.
-Que nadie cobre más de 10.000 euros mensuales para que nadie gane menos de 1.000.
De la misma manera, el gobierno autonómico sí puede actuar para elevar los salarios.
-Aplicando de inmediato la redistribución salarial en el empleo púbico que depende de la comunidad. Nadie por debajo de 1.000 euros netos al mes, y un tope al salario máximo de consejeros y altos cargos de 5.000 euros mensuales.
-Constituyendo una Mesa de Negociación Colectiva autonómica con sindicatos, empresarios, Comunidad y ayuntamientos para extender la redistribución salarial al conjunto de la comunidad. Ofreciendo para ello incentivos públicos -bonificaciones fiscales, preferencia en el acceso a contrataciones públicas o subvenciones…
Un plan de choque contra el paro
El paro es el recorte más sangrante. Sufrimos una tasa de paro del 23,2%, que se eleva al 50% entre los menores de 25 años. En todas las comunidades la cifra de parados se ha duplicado o triplicado en los últimos cinco años.
¿Es que debemos acostumbrarnos a sufrir unas cifras de paro insoportables? No. De ninguna manera. Es posible acabar con el paro. Los gobiernos autonómicos disponen de enormes recursos que deben ponerse al servicio de crear riqueza y empleo.
¿Cómo podemos financiar un plan de choque contra el paro?
1.- Auditoría de la deuda autonómica
-Negociación con los acreedores de una moratoria en el pago de intereses de la deuda hasta que la economía crezca por encima del 3% y se haya reducido el paro por debajo del 10%.
-Auditoria ciudadana de la deuda para determinar que parte de ella es ilegítima y por tanto no estamos obligados a pagarla.
2.- Reducción de un 10% de los gastos innecesarios, atajando el despilfarro, los privilegios de la clase política y la corrupción en los presupuestos autonómicos para dedicar ese dinero a la inversión en creación de puestos de trabajo productivos o de utilidad social.
3.- Ley de Fomento del Empleo que exija a los bancos y cajas que operan en cada comunidad la creación de un Fondo especial dotado con la misma cantidad de dinero que los contribuyentes hemos puesto oficialmente para el rescate de las cajas. Utilizando estos recursos para avanzar en la creación de una banca pública autonómica.
Con estas tres medidas dispondríamos de miles de millones con los que poder crear en los próximos cuatro años alrededor de cientos de miles de nuevos puestos de trabajo.
El ejemplo de Valencia
El robo de la deuda no para de crecer
La deuda pública de la Comunidad Valenciana se ha más que triplicado desde 2.007, y asciende a 37.376 millones de euros. Pero es que lo que el gobierno autonómico valenciano está obligado a pagar a los grandes bancos nacionales y extranjeros por esa misma deuda se ha multiplicado por 10. En 2.007 apenas eran 505 millones de euros. En 2.015 serán 5.005 millones. Un 27,47% de todo el presupuesto autonómico. El gobierno valenciano se gasta más en pagar la deuda a los bancos que en la educación pública.
Si analizamos la secuencia de los hechos, comprobamos que a partir de que Rajoy y Zapatero firman la reforma de la Constitución y establecen la prioridad del pago de la deuda pública, empieza dispararse el pago de la deuda.
En 2.012 era de 753 millones; en 2.013 se elevó a 1.292 millones; en 2.014 se disparó a 4.261 millones…
Solo con negociar con los acreedores de una moratoria en el pago de intereses de la deuda hasta que la economía crezca por encima del 3% y se haya reducido el paro por debajo del 10%, liberaríamos 3.832 millones de euros.
Es imprescindible una auditoria ciudadana de la deuda para determinar que parte de ella es ilegítima y por tanto no estamos obligados a pagarla. Según los últimos estudios la deuda ilegítima de la Generalitat -y que por tanto podríamos dejar de pagar- asciende a 2.942 millones de euros. Y genera un pago de intereses de medio millón de euros diarios. Con ese dinero se podrían construir 39 hospitales o 300 colegios.
Bankia pública YA
Han desmantelado las cajas, que ocupaban el 50% del sistema financiero y eran de titularidad pública o semi-pública, para entregárselas a precio de saldo -incluso por un euro- a los grandes bancos españoles o al capital extranjero.
Ahora están procediendo a la privatización de Bankia. El capital extranjero ya posee el 17% de las acciones y es el segundo accionista tras el Estado. Al mismo tiempo, la UE obliga a vender por debajo del precio 50.000 millones de las participaciones industriales de Bankia.
Bankia es el cuarto banco español, con 233.649 millones en activos. Y queremos que continúe siendo público. Sus recursos podrían ser utilizados para crear una banca pública que permita que el crédito fluya en condiciones favorables, no para el enriquecimiento de una minoría como hace la banca privada, sino para la reindustrialización y modernización del tejido productivo, con un alto componente de I+D+i, ecológicamente sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Especialmente importante es esta medida en comunidades como Madrid o Valencia. Caja Madrid tenía el 52,06% de BFA -la matriz de Bankia-, y unos activos totales valorados en 191.000 millones de euros -4.000 millones más que el PIB madrileño en 2.010-. Bancaja suponía un tercio de los activos de Bankia -124.000 millones de euros, una cifra superior al PIB de toda la Comunidad Valenciana-.
Un plan de urgencia y solidaridad social contra los efectos de la crisis.
Nos han dicho que “sufrimos las consecuencias de una crisis mundial” para ocultar que nos han robado.
En los últimos cinco años a todos los españoles nos han quitado 242.000 millones de euros. Es como si a ti te hubieran robado más de 5.000 euros.
-Te han quitado 2.900 euros con las rebajas salariales o el aumento del paro
-Te han quitado 1.400 euros con los recortes sociales.
-Te han quitado 800 euros con las subidas de impuestos
-Te han quitado 100 euros que se los han llevado las tramas de corrupción
¿Quién se ha llevado nuestro dinero? La oligarquía española (con 158.000 millones de beneficios en ese mismo periodo), y sobre todo el gran capital extranjero (con más de medio billón de ganancias).
Este atraco al 90% de la población es la razón de que aumente la pobreza y la desigualdad.
Exigimos que todos los gobiernos autonómicos ejecuten un plan de urgencia y solidaridad social contra los efecto de la crisis.
-Contra la pobreza: garantizar una renta básica universal equivalente al SMI para las familias sin ningún tipo de ingresos. .
-Contra la pobreza energética: plan especial para garantizar luz y agua en los hogares que viven en la pobreza severa -con ingresos inferiores al 40% de la media-, prohibiendo los cortes de estos servicios básicos. El coste de esta medida es de 126 millones de euros.
-Paralización de los desahucios. Ley de Vivienda que aplique de forma inmediata la legislación europea sobre dación en pago. Puesta en marcha de un parque público de alquileres sociales -en cooperación la comunidad y los ayuntamientos- con las viviendas vacías de la banca rescatada. Recuperando las viviendas públicas entregadas a precio de saldo a “fondos buitres” extranjeros. Adquiriendo a bajo coste las viviendas en propiedad del SAREB o de las cajas rescatadas.
-Anulación del copago farmacéutico y hospitalario. Reintegrar a los inmigrantes sin papeles y a los mayores de 26 años sin cotización a la Seguridad Social en el sistema público de salud.
-Plan de pagos para que los dependientes cobren las ayudas comprometidas.
Que de verdad paguen más los que más tienen
Las comunidades autónomas recaudan tienen asignado un tramo de IRPF donde son soberanas para fijar los tipos a pagar. También tienen capacidad para legislar en otros impuestos o crear tasas autonómicas.
Es posible impulsar una política fiscal en cada autonomía que sea realmente progresiva, que obligue a pagar más de verdad a los que más tienen, y que se conviertan en una poderosa palanca par redistribuir la riqueza.
Cojamos el ejemplo de la Comunidad de Madrid, el lugar donde la política fiscal autonómica es más escandalosa.
Bajo la bandera de la “bajada de impuestos generalizada”, lo que han hecho los sucesivos gobiernos madrileños es un multimillonario regalo fiscal a grandes fortunas, bancos y monopolios.
Madrid es la comunidad española donde el tramo máximo del IRPF -el que pagan las mayores rentas- es menor. La “rebaja fiscal” aumenta para las rentas de más de 300.000 euros, y sobre todo para las de más de 600.000 euros.
Una política fiscal autonómica realmente progresiva en Madrid sería una gigantesca palanca de redistribución de la riqueza. Exigimos:
-Elevación del tramo autonómico del IRPF en una escala progresiva.
Un aumento de 5 puntos para las rentas entre 150.000 y 300.000 euros
Un aumento de 10 para las rentas entre 300.000 y 600.000 euros
Un aumento de 20 par la rentas a partir de 600.000 euros anuales
Además, una fiscalidad progresiva respecto a otros impuestos o la persecución del fraude fiscal permitiría recaudar miles de millones adicionales.
-Nuevo tipo del 50% para el Impuesto de Sociedades. Sometiendo cualquier bonificación a la creación de empleo.
-Reducción en un 10% del fraude fiscal (que en un 72% corresponde a bancos, monopolios y grandes fortunas).
-Impuestos sobre la Riqueza y Transacciones Financieras o restricciones a las SICAVS.
Esta reforma fiscal progresiva permitiría al gobierno madrileño recaudar en la próxima legislatura 23.549 millones de euros adicionales, suficientes para financiar el incremento de los presupuestos públicos en sanidad y educación, el plan de urgencia y solidaridad social contra los efectos de la crisis y el complemento autonómico a los pensionistas con menos recursos.
Lo mismo sucede, con particularidades propias, en cada comunidad.
Ampliación de la democracia
1º.- Control directo de los votantes sobre los cargos electos. Asambleas de electores donde los cargos electos estén obligados a responder ante sus votantes, y en las que los electores tengan el poder de revocarlos por incumplimiento del programa electoral.
2º.- Nueva Ley Electoral autonómica, justa y proporcional.
3º.- Auditoría independiente que revise las cuentas de la comunidad en los últimos 4 años, de forma que cualquier ciudadano pueda conocer de forma sencilla y clara dónde y en qué se ha gastado hasta el último euro de sus impuestos.
4º.- Recurso de inconstitucionalidad contra la ley que coarta la participación ciudadana al exigir a las agrupaciones electorales la recogida de avales del 1% del censo electoral
5º.- Ley de participación ciudadana que refuerce los mecanismos de participación directa: Iniciativa Legislativa Popular, referéndums vinculantes y consultas populares. Sometiendo cualquier decisión que afecte a los intereses del 90% -privatizaciones de servicios públicos…- a la voluntad popular expresada directamente en referéndum.
6º.- Acabar con la corrupción. Impulsar una reforma del Código Penal para dar a la corrupción, a corruptos y corruptores, el mismo tratamiento que la ley reserva para el crimen organizado. Estableciendo mecanismos para que devuelvan el dinero robado y anulando la prescripción de los delitos económicos y fiscales.
Contribuir desde cada comunidad a la defensa de la soberanía nacional de España
1º.- Presentación de un recurso de anticonstitucionalidad por parte de los gobiernos y parlamentos autonómicos a la reforma exprés de la Constitución que obliga a que el gobierno autonómico pague antes a los banqueros norteamericanos y alemanes que a los jubilados o funcionarios andaluces.
2º.- Auditoría ciudadana independiente de la deuda pública autonómica, a fin de determinar qué parte de ella es ilegítima y, en consecuencia, debe quedar exenta de pago.
3º.- Exigir la anulación de los tratados firmados con la UE perjudiciales para los intereses de cada comunidad, como el Memorándum adjunto al rescate financiero, los draconianos objetivos de reducción del déficit fijados por Bruselas, las cuotas agrícolas, pesqueras y ganaderas, o la intervención por parte de la UE del sistema financiero español, que obliga a la privatización a precio de saldo de Bankia.
4º.- Trabajar activa y decididamente por el desmantelamiento de las bases norteamericanas en nuestro suelo. Derogación del acuerdo que permite a EEUU instalar el escudo antimisiles en Rota y aumentar el despliegue de marines en Morón.
Por un Frente Amplio de Unidad del 90% de la población
Necesitamos un frente de unidad capaz de representar y defender los intereses del 90% de la población atacados por la política del saqueo y el empobrecimiento. Un Frente Amplio que una, de lo social a lo político y de la derecha a la izquierda. Un Frente Amplio donde se sientan representados y participen en pie de igualdad organizaciones sociales, sindicales y políticas, movimientos de lucha, intelectuales, profesionales, sectores sociales y ciudadanos que estamos afectados por los recortes.