Muertes en espera

El Sí­ndic de Greuges (Defensor del Pueblo) ha afirmado que no existen pruebas concluyentes para tan grave acusación. Lejos de la lógica controversia abierta sobre los dos casos en cuestión, los hechos apuntan a un grave problema estructural recurrente, cuya consecuencia es la omisión de auxilio.

¿Recortes? El médico, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del hospital desde 2010, es un experto con una dilatada experiencia de 23 años en hospitales del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Afirma que en su servicio se llevaban a cabo 15 sesiones quirúrgicas —equivale a una operación pero pueden ser más— semanales, pero en julio y agosto las directrices cambiaron y sólo se programaron dos o tres por semana.

Fruto de dichos recortes, él primer caso el paciente habría muerto ingresado en el hospital cuatro días después de la fecha en que estaba programada la operación, que nunca se llegó a realizar, mientras que en el segundo caso el paciente habría muerto en casa, donde esperaba recibir nueva fecha para el operación, 125 días después de la primera fecha fijada. Se la habían pospuesto en varias ocasiones; la última por fiebre, por lo que se le envió a casa y perdió su preferencia para entrar en quirófano. Además, las camas del servicio, a pesar de estar operativas, no lo están de forma exclusiva porque se les derivan pacientes de otros departamentos que sí se cierran en verano. Por eso estaban todas ocupadas y no se le pudo llamar.

«Existe un mal estructural cuya consecuencia es la omisión de auxilio»

Lo mismo los dos quirófanos de la unidad, que antes eran exclusivos y que ahora también se usan para otras cirugías menores.También ha bajado el número de cirujanos de la unidad. En 2014 se contrató a dos especialistas más y se empezó a operar mañanas y tardes para reducir los 260 enfermos en lista de espera, colocándose ésta en 80 un año después. Sin embargo, el pasado mes de julio se despidió a los dos médicos. La lista subió otra vez a cién.

Por último, el doctor Galiñanes ya denunció en septiembre ante el ICS que las máquinas que su departamento compró o no se habían estrenado o se transfirieron (un ecocardiógrafo 3D) a otro servicio.

Diagnóstico La dirección del hospital ha seguido la manida pauta de desmentir «de forma rotunda» los dos casos, anunciar medidas legales por crear alarma social falsa, y atribuir la denuncia a motivos personales del cirujano; en este caso porque el cirujano iba a suspender la evaluación anual.

La versión del médico es otra: “realicé una evaluación en diciembre del 2014, con unos resultados de actividad magníficos ya que ese año operamos más que nunca en Catalunña, y ya había presentado la solicitud para una nueva supervisión. El pasado febrero cambió la dirección y, desde el principio, discrepé ante su intención de cerrar quirófanos y camas del área postoperatoria”.

“ (…) Pasamos de operar a 15 pacientes a la semana a asumir solo dos o tres, y se cerró la unidad postoperatoria. Advertí a la gerencia del hospital de que esos cierres podían suponer un riesgo para algunos pacientes. El gerente me respondió que o estaba con él o contra él”.

El diagnóstico del doctor Galiñanes no deja lugar a dudas; considera que las directrices políticas buscan perjudicar la sanidad pública, una de las mejores valoradas en el mundo, en favor de la privada.

“(…) Existe la decisión política de deteriorar, o destruir, la sanidad pública de excelencia, en especial la que ofrece el Vall d’Hebron. La cirugía cardiaca proporciona sustanciosos beneficios a los centros privados. Si los públicos operan menos, algunos pacientes optarán por la privada».

Un viejo problema En Catalunya, las alertas lanzadas por responsables de cirugía cardíaca sobre las “muertes en espera” son recurrentes.

Mayo de 2000. El jefe del servicio de cirugía cardiaca del hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Alejandro Arís, miembro del equipo que realizó el primer trasplante de corazón en España y pionero en el estudio del corazón artificial, denunció a través de una carta publicada en un diario que en el último año habían muerto siete enfermos que se encontraban en lista de espera para ser operados del corazón.

Cirujanos de diferentes hospitales de toda España corroboraron que la existencia de listas de espera para cirugía cardiaca está provocando que algunos pacientes mueran sin haber podido ser operados.

«Existe la decisión de deteriorar la sanidad pública de excelencia»

La Sección Sindical de Facultativos Independientes del hospital de Bellvitge añadió que estos casos fueron repetidamente notificados a los responsables de la administración.

El aumento de las listas de espera puede provocar, no solo la muerte durante dicha espera, sino una precarización de las condiciones en las que el enfermo llega al quirófano y, por tanto, un riesgo más elevado del que habría tenido si se hubiera operado antes. “Muchos de nuestros asociados acaban yendo a centros privados, pagando” (Emili Caula, portavoz de Gicor, asociación de enfermos del corazón en Girona).

El 17 de abril de 2011 el médico residente Andreu Porta-Sánchez, del Servicio de Cardiología del Vall d’Hebron, lo plasmaba en una carta enviada a El Periódico: “Lás bruscas recortes actuales se acompañarán de aumento de la mortalidad” refiriéndose a la reducción del 50% del servicio de cirugía cardiaca en su centro, hasta ahora una referencia a nivel estatal.

”De intervenir unos 10 enfermos por semana, dos al día, se pasará a intervenir cuatro. Se trata de enfermos con estenosis aórtica severa sintomática, enfermos con enfermedad coronaria severa y… unas dolencias que si no se tratan no derivarán sólo en un aumento de las consultas de urgencias, ya saturadas, sino que se puede manifestar en forma de edema pulmonar brusco o infarto de miocardio, patologías con una mortalidad pre-hospitalaria de cerca de un 25%”. El llamamiento del médico a Boi Ruiz, el Conseller de Sanitat de la Generalitat cayó en saco roto. El caso Galiñanes es, seguramente la mejor prueba.

• Las cifras cantan

En Catalunña, el 50% de los 16.000 enfermos que se derivaron el año pasado de la sanidad pública a la privada fueron a hospitales propiedad del grupo Quirón-Salud, el mayor sanitario privado del mercado espa- ñol, de capital norteamericano (CVC Partners) y cuyo auge ha ido ligado a las concesiones con administraciones públicas. Los ingresos de esta corporación, que posee hospitales tan emblemáticos como el Sagrat Cor o el Hospital General de Catalunya, han crecido un 45% desde 2008 gracias a los convenios con el CatSalut, el Servei Català de la Salut. El miedo a las listas de espera ha hecho aumentar también los ingresos de las grandes aseguradoras en un 19%; mueven casi 1.200 millones de euros, encabezadas por La Caixa, Mutua Madrileña y Sanitas, propiedad de una de las principales multinacionales aseguradoras del mundo, BUPA, de origen inglés. Ellas solas se reparten dos tercios del ingente mercado de los seguros de salud privados, a los que están suscritos ya casi dos millones de catalanes, uno de cada tres. La condición sine qua non es el recorte del 11,3% del presupuesto sanitario, 1.000 millones, desde 2010; recorte del 13% de puestos de trabajo en sanidad, pasando de 42.000 trabajadores en 2008 a 36.000; pérdida estructural de camas y quirófanos; pero también y, sobre todo, pérdida de vidas, no lo olvidemos.