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El auténtico tsunami político provocado por los resultados electorales del 20-D han abierto la posibilidad de formar un gobierno en torno al PSOE, Podemos y Ciudadanos «en sus múltiples posibles combinaciones» que represente a la inmensa mayoría social que se ha pronunciado contra la austeridad y los recortes.
Para los grandes medios de comunicación y principales portavoces del hegemonismo norteamericano la cosa no ofrece dudas: “la peor posibilidad para un gobierno resultante tras las elecciones en España sería que Ciudadanos formase un bloque con Podemos y el PSOE, lo que provocaría la alarma en los mercados internacionales”.
Todas las presiones y maniobras de la clase dominante y sus medios van dirigidas no sólo a impedir que una alternativa así –que se corresponde con el sentido de la mayoría de los votos y que dispondría de una mayoría parlamentaria absoluta– pueda cuajar, sino que tan siquiera se mencione o se contemple. «¿Qué es lo que se pretende, frustrar de antemano cualquier posibilidad de formar un gobierno alternativo al de Rajoy?»
Todos los movimientos en el PSOE encabezados por Susana Díaz van en la dirección de poner condiciones inasumibles a esta opción, frente a los intentos de Pedro Sánchez por explorarla.
Pero, sorprendentemente, determinados movimientos en Podemos también parecen querer poner trabas a esta posibilidad.
Los ofrecimientos de pacto de Pablo Iglesias al PSOE, poniendo el referéndum de Cataluña como “línea roja”, como condición innegociable para llegar a un acuerdo es poner de antemano un palo suficiente grueso en las ruedas de las negociaciones para hacerlas embarrancar. Y aunque después haya matizado que el derecho a decidir no es una de sus prioridades, sí forma parte de las “cinco garantías constitucionales” que su formación exige para un pacto de investidura.
Los diputados de En Común Podem, por su parte, han ido más lejos reafirmando su voluntad de formar grupo parlamentario propio y colocando la exigencia de un referéndum en Cataluña como condición para cualquier pacto. Ada Colau ha recordado que estas fueron dos condiciones para que se formara la coalición el 20-D. Y Xavier Domenénech, cabeza de lista de En Común Podem en Cataluña ha insistido en que “el compromiso con la celebración de un referéndum” se mantiene, y aseguró que esa condición “no es menos importante que el diálogo sobre medidas sociales”.
¿Qué es lo que se pretende con esta postura intransigente? ¿Frustrar de antemano cualquier posibilidad de formar un gobierno alternativo al de Rajoy?
Lo que la inmensa mayoría de españoles, más de 16 millones, han votado el 20-D es poner fin a las políticas de recortes y saqueo. Y ese es el objetivo central y prioritario que debe presidir las conversaciones para formar cualquier gobierno alternativo al que desean Berlín y el Ibex 35.
Poner por delante los intereses y las demandas populares expresadas el 20-D, o intentar aprovechar de forma oportunista la oleada favorable a Podemos en caso de repetición de las elecciones, es la encrucijada a la que se enfrenta la dirección de Podemos.
La legítima aspiración de un referéndum en Cataluña -que millones de personas, tanto catalanes como del resto de España compartimos- no puede convertirse, de ninguna manera, en un obstáculo infranqueable para formar el gobierno y desarrollar las políticas económicas y sociales que una inmensa mayoría necesita y demanda.
Los dirigentes de Podemos cometerán un grave error si con una política maximalista hacen inviable que una alternativa de gobierno así pueda salir adelante. Error por el que, tarde o temprano, sus propios electores les pasarán factura.