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La ruptura de las negociaciones entre PSOE, Ciudadanos y Podemos, horas después de celebrarse la primera «reunión a tres», actúa en contra de la formación de un gobierno de unidad contra los recortes, posibilidad que había avanzado gracias al apoyo de cada vez más sectores progresistas. Las posiciones que impiden el acuerdo trabajan objetivamente por evitar que la mayoría social contra los recortes pueda expresarse en un nuevo gobierno, coincidiendo con las presiones de los principales centros de poder internacionales y nacionales. No obstante, la corriente política principal sigue siendo la irrupción de un viento popular y su cada vez mayor influencia política, lo que permite seguir defendiendo la formación de un gobierno de progreso, que abarque desde PSOE y Ciudadanos a Podemos, IU y Compromís.
El viento popular empujaEl largo ciclo electoral de 2.015 ha estado marcado por el avance de la influencia del viento popular contra los recortes. Trasladado primero al ámbito municipal y autonómico. Y más tarde expresado en los resultados del 20-D.En estas condiciones, el desarrollo político “natural” era que esa mayoría social (el 70% de los votos el 20-D) impusiera la formación de un gobierno de unidad contra los recortes y por la regeneración democrática.
Impedirlo ha sido la primera exigencia del hegemonismo y la oligarquía, estableciendo que “el peor gobierno posible seria uno que incluyera a PSOE, Podemos y Ciudadanos”, o enfrentándose al contenido del pacto entre PSOE y Ciudadanos.
Más allá del carácter de las fuerzas que lo integren o de las diferencias con el programa, un gobierno de amplia unidad contra los recortes permitiría revertir una parte importantes de las políticas ejecutadas por Rajoy, y crearía peores condiciones para la imposición de la nueva oleada de ajustes exigida por la UE y el FMI. «A pesar de las nuevas dificultades, el impulso del viento popular permite todavía la posibilidad de un gobierno de unidad contra los recortes«
Así lo han entendido cada vez más sectores progresistas (desde el manifiesto “Necesitamos otro gobierno” a personalidades como Manuela Carmena). La presión de esta mayoría social que exige un gobierno progresista ha hecho posible la “reunión a tres” entre PSOE, Ciudadanos y Podemos.
La posición de la dirección de Podemos encabezada por Pablo Iglesias ha trabajado por hacer imposible la constitución de un gobierno progresista de unidad.
Exigiendo la retirada del pacto de 200 medidas acordado previamente por PSOE y Ciudadanos, sustituyéndolo por una propuesta con 20 puntos. Declarando rotas las negociaciones unilateralmente al día siguiente de la primer reunión, cuando el PSOE ni siquiera se había pronunciado. Planteando una “consulta a las bases” de Podemos en unos términos pensados para que no se expresen las posiciones proclives a un entendimiento con PSOE o Ciudadanos, remachado con el anuncio de Pablo Iglesias (reproduciendo la posición de Felipe González para imponer el abandono del marxismo) que dimitiría si el resultado le contradice. Manteniendo la exigencia de un referéndum en Cataluña (certificada en una reunión con Puigdemont) o una composición del gobierno inasumibles para el PSOE y que excluyen a Ciudadanos.
La posición de la dirección de Ciudadanos ha creado también dificultades a la hora de ampliar el acuerdo firmado con el PSOE. Albert Rivera rechazó la misma noche de la reunión la propuesta de Podemos. Y varios de sus dirigentes insisten en celebrar una nueva “reunión a tres”, pero esta vez con el PP como “socio preferente”.
A pesar de las nuevas dificultades, el impulso del viento popular permite todavía la posibilidad de un gobierno de unidad contra los recortes.
Es significativo que el PSOE haya remitido a Podemos una carta donde manifiesta que el partido de Pablo Iglesias puede compartir hasta 140 puntos del acuerdo firmado con Ciudadanos. Y que el PSOE está dispuesto a asumir 18 de las 20 propuestas presentadas por Podemos (excluyendo tan solo el referéndum en Cataluña y la composición del gobierno exigida por Pablo Iglesias).
El fantasma de la “gran coalición”La convocatoria de nuevas elecciones, que generen mejores condiciones para formar una “gran coalición” en cualquiera de sus versiones, parece ser ahora la alternativa principal del hegemonismo y la oligarquía. Sin renunciar a intentar forzar al PSOE a integrarse en un acuerdo que incluya al PP antes de que expire el plazo fijado para el 2 de mayo.
La ruptura de las negociaciones entre PSOE, Ciudadanos y Podemos ha permitido al PP recuperar parte de la iniciativa política perdida.
Hoy mismo El Mundo anuncia que Rajoy ofrecerá al PSOE un “generoso acuerdo”, incluyendo la vicepresidencia para Pedro Sánchez, una reforma constitucional y “algunos cambios en política económica”.
Algunos dirigentes del PP (como Andrea Levy, cabeza junto a Pablo Casado del “PP renovado”) han declarado públicamente que con otro líder en el PSOE un acuerdo sería más factible. E importantes medios vuelven a poner encima de la mesa la necesidad de un “cambio de liderazgo” en el PP que cree mejores condiciones para el pacto.
Pero en las actuales condiciones parece improbable que el PSOE acepte un acuerdo con el PP que le obligaría a pagar un excesivo precio político.
Rajoy ha declarado que en septiembre, y tras unas nuevas elecciones, sí podría formarse una “gran coalición” entre PP y PSOE, con o sin Ciudadanos.
Esta parece ser ahora la principal alternativa del hegemonismo y la oligarquía para imponer un gobierno favorable a sus intereses.
Unas nuevas elecciones podrían desmovilizar a parte del electorado de izquierdas y progresista, reflejado en un aumento de la abstención que todas las encuestas pronostican. Aunque el mapa político no variaría sustancialmente, si podría reforzar al PP (presentada como la opción de la “estabilidad”) permitiéndole encabezar una alternativa de gobierno con Ciudadanos o con un PSOE debilitado si vuelve a perder escaños.
Las “líneas rojas” de Bruselas y el FMIEl hegemonismo y la oligarquía presionan para imponer, sea cual sea la composición del nuevo gobierno, la continuidad y profundización de su proyecto de saqueo e intervención sobre España. En el que la ofensiva contra las pensiones públicas adquiere cada vez mayor relevancia.
El incumplimiento de los objetivos de reducción del déficit pactados con Bruselas (y que todos sabían que eran imposibles) ha dado paso a una nueva ofensiva hegemonista.
Los términos acordados con la UE exigirían a España un ajuste de 23.000 millones de euros, algo absolutamente inasumible. Bruselas propone una “oferta-trampa”: flexibilizar los plazos y condiciones a cambio de asumir el grueso del saqueo.
El montante del “ajuste”, cuyos términos se cerrarán en Washington en la asamblea de primavera del FMI, se situaría así en torno a los 10.000 millones. Que además debe ser aprobado inmediatamente (el gobierno de Rajoy tiene previsto hacerlo en el Consejo de Ministros del 22 de abril). A cambio se exigiría una intervención más directa por parte de la troika, exigiendo a España “rendir cuentas” trimestralmente. «El hegemonismo y la oligarquía presionan para imponer, sea cual sea la composición del nuevo gobierno, la continuidad y profundización de su proyecto de saqueo e intervención sobre España«
El gobierno de Rajoy ya anuncia la imposición a las comunidades (es decir al gasto social, que está en su mayor parte transferido) de entre 5.000 y 7.000 millones. Lo que supondrá un nuevo ataque a la sanidad y la educación públicas.
Asistimos a una nueva ofensiva contra las pensiones públicas, haciendo bandera del déficit cada vez mayor de la Seguridad Social. Hace una semana el editorial de El País establecía que “el desfase de los números de la Seguridad Social es peligroso. Revisar el Pacto de Toledo es imprescindible”. Hoy mismo el editorial de El Mundo se titula “Urge una reforma para evitar la quiebra de la Seguridad Social”. En él se afirma que “la situación está alcanzando niveles insostenibles y el sistema actual, piedra angular de nuestro Estado de bienestar, se muestra ya a todas luces inviable a medio y largo plazo (…) Apremia, por tanto, una reforma financiera del sistema que detenga la sangría económica de la caja de las pensiones (…) Es necesario que el próximo Gobierno explore fuentes de financiación adicionales, como aumentar los incentivos fiscales a quienes suscriban planes privados, entre otras fórmulas. Pero es absolutamente imprescindible que la Comisión del Pacto de Toledo acuerde una reforma financiera para modificar la forma de revalorización de las pensiones y para reducir las partidas de gasto”.
”Fuentes de multinacionales por Marca España”, que agrupa a 40 de las principales multinacionales con presencia en nuestro país (desde Google y Facebook a Bayer y Siemens o Mediaset) han hecho público un comunicado en el que exigen “estabilidad en las instituciones” y “un gobierno estable”, planteando un programa de 64 puntos para “favorecer la inversión internacional”, reduciendo el impuesto de sociedades o eliminando las trabas para que el capital extranjero penetre en sectores estratégicos de la economía nacional.
No todo está decididoEl curso más probable de los acontecimientos apunta hacia una repetición de elecciones como primera opción. Pero la movilidad de la situación impide descartar otras opciones, desde la constitución de una “gran coalición” hasta nuevas oportunidades para la formación de un gobierno de unidad contra los recortes.
En las actuales condiciones, la opción más probable parece ser la de una nueva cita electoral, a celebrar en junio. Pero no podemos descartar (aunque a día de hoy parece improbable) que las presiones del hegemonismo y la oligarquía puedan imponer antes un gobierno de “gran coalición”. Ni tampoco que se abran nuevas opciones para la formación de un gobierno de unidad progresista. Hoy mismo El Mundo anuncia que “algunas fuentes no descartan que Sánchez haga un último intento y planteé una oferta de último minuto a Iglesias. Una oferta que el líder de Podemos no pueda rechazar”.