Cargando...Un Estado que destina el 65% del total de su recaudación tributaria al pago de los salarios públicos está ya en una peligrosa situación de ingobernabilidad. Y ese es el riesgo que corre nuestro país, que ha desaprovechado los años de contracción económica para reformar el conjunto de las administraciones y ajustar el número de trabajadores que dependen del dinero público. Los datos que publicamos hoy son incontestables.
Un Estado que destina el 65% del total de su recaudación tributaria al pago de los salarios públicos está ya en una peligrosa situación de ingobernabilidad. Y ese es el riesgo que corre nuestro país, que ha desaprovechado los años de contracción económica para reformar el conjunto de las administraciones y ajustar el número de trabajadores que dependen del dinero público. Los datos que publicamos hoy son incontestables.
A pesar de que el Gobierno asegure que ha cerrado más de 2.000 empresas públicas, muchas de ellas inoperantes, lo cierto es que la masa salarial de funcionarios, personal laboral y empleados de empresas, fundaciones y entes públicos ha ascendido a 118.699 millones de euros, un 10,5% más que al inicio de 2007. Los contribuyentes, por tanto, tienen que soportar un coste laboral superior al que existía cuando empezó la crisis, entre otras cosas porque las administraciones públicas tienen ahora 38.200 empleados más que en 2007, superando ya los tres millones de trabajadores.
Pero es especialmente llamativo que fuera en 2015, un año eminentemente electoral, cuando se dispararon las cifras. Durante ese ejercicio, en el que se devolvió en dos tramos el 50% de la paga extra retenida a los empleados públicos al comienzo de la legislatura y se crearon 73.200 empleos, fundamentalmente en las CCAA, se incrementó la masa salarial que soportan las diferentes administraciones un 3,3%. Si al inicio de la crisis los asalariados públicos representaban el 17,4% del total de trabajadores, ahora la proporción ha aumentado hasta el 20%. Por si fuera poco, el Gobierno, guiado por un irresponsable electoralismo, ha anunciado una revisión de los salarios públicos del 1% y la devolución del 50% restante de esa paga para días antes de las nuevas elecciones. No es de extrañar, por tanto, que España ocupe el cuarto lugar del ránking de países europeos que mayor porcentaje de gasto público tiene comprometido a final de cada mes para pagar a sus empleados, con un 25,5% del total.
Frente a esta situación, durante los duros años de la crisis, el sector privado ha perdido 2,8 millones de empleos, y los salarios se han depreciado notablemente, por lo que resulta paradójico que los trabajadores más afectados por la crisis sean los que tienen que mantener con sus impuestos a los que no han sufrido las mismas consecuencias. Contratar hoy a un empleado público es casi un 37% más caro que en una empresa privada, cuando en 2007 la diferencia era del 27%. Pero es que además, es un hecho constatado que una gran parte del empleo público no responde a necesidades reales, sino a que las distintas administraciones públicas se han convertido en agencias de contratación de personas afines a los partidos políticos, para los que el empleo público es un caladero de votos cautivos. Y ésta es la razón por la que ningún gobierno se ha decidido a acometer una reforma de la Administración que ponga fin a este dispendio de recursos de todos.
Tendría que ser, por tanto, labor urgente del próximo Gobierno, sea del color que sea, ponerse manos a la obra en esa tarea. España no puede permitirse, sin riesgo de poner en peligro la estabilidad, una estructura administrativa que, además de la estatal, está formada por 17 comunidades autónomas, más de 50 diputaciones y alrededor de 8.000 ayuntamientos.