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La guerra más larga de América Latina -entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC- tiene sus días contados tras la firma de los acuerdos de La Habana. Un cruento enfrentamiento que durante décadas ha dejado más de 200.000 muertos, 7 millones de desplazados y 80.000 desaparecidos, y que se había convertido en un poderoso mecanismo de intervención y control norteamericano sobre Colombia y el resto del continente. Los acuerdos entre guerrilla y gobierno deberán ser ratificados por el pueblo colombiano. Sólo se oponen los sectores encabezados por el expresidente Álvaro Úribe, un tenebroso personaje ligado a los paramilitares y al sector más duro y belicista de Washington.
El acuerdo que va a ser sometido a referéndum es fruto de unas largas negociaciones de paz, bajo el auspicio de La Habana y de las Naciones Unidas, y han sido respaldadas por todos los países de América Latina. No sólo acuerdan el desarme y disolución pacíficas y por etapas de las FARC, sino que establece bases para que la paz sea duradera. Los acuerdos incluyen políticas de desarrollo agrario y de participación política, de eliminación del narcotráfico, de resarcimiento a las víctimas del conflicto, de desmantelamiento y persecución de las bandas paramilitares y de garantías de amnistía y protección a los futuros ex-guerrilleros. «Los acuerdos no sólo establecen el desarme y disolución pacíficas y por etapas de las FARC, sino que establece bases para que la paz sea duradera»
Pero no todos quieren que acabe la llaga sangrante de la guerra.
La guerra entre gobierno y FARC ha sido una constante tan enquistada en la sociedad colombiana que en torno a ella se ha montado todo un lucrativo negocio, vinculado al narcotráfico y a la venta de armas y material bélico.
Pero sobretodo, el binomio guerra/narcotráfico ha sido durante décadas un formidable instrumento de dominación social de la oligarquía terrateniente criolla y en especial del hegemonismo norteamericano. La excusa perfecta para que EEUU mandara a Colombia a miles de agentes de la DEA o de la CIA, para “asesorar” y “adiestrar” a los militares colombianos en todo tipo de “tareas”. Adiestramiento que incluía la lucha contra el narcotráfico, pero también de “contrainsurgencia”, de tortura y asesinato de toda clase de oposición política al gobierno, de foco revolucionario o de resistencia popular. Para convertir a Colombia en una plataforma desde la que el hegemonismo podía intervenir -abierta o encubiertamente- en todo el continente.
Esto es lo que algunos sectores de Washington -y sus marionetas en Bogotá- no quieren que cambie. Sicarios de guante blanco como Álvaro Uribe, el ejecutor de los dictados de George W. Bush en Colombia entre 2002 y 2010, una figura tan descaradamente ligada a la ultraderecha y a las bandas paramilitares que no se molesta en ocultarlo. Pero no parece que vaya a poder impedirlo. El próximo 2 de octubre 33,8 millones de colombianos están llamados a cerrar una dolorosa herida, a zanjar un sangrante mecanismo de intervención del hegemonismo sobre su país y sobre todo el continente, creando muchas mejores condiciones para el pueblo colombiano en su lucha por su soberanía y desarrollo. Dejemos que las urnas callen la boca a los esbirros del Imperio.