Golpe judicial de la gran banca

El mismo Estado que ha impuesto el saqueo de salarios y pensiones o los recortes en sanidad y educación sale inmediatamente a defender los beneficios de la gran banca, aunque eso suponga retorcer la justicia. No son “vestigios del franquismo”, es la expresión más clara de quien manda en España y al servicio de quién está el Estado.

Acabamos de vivir un auténtico golpe de mano en la más alta instancia judicial española. El jueves una de las salas del Tribunal Supremo dictaba una sentencia que obligaba a los bancos, y no a los clientes, a pagar los impuestos derivados de la firma de una hipoteca. Pero solo 24 horas después, ante el desplome en bolsa de las entidades financieras, y las presiones de la gran banca, el presidente de esa misma sala, en una decisión insólita, tumbaba la sentencia. Lo más sorprendente es que no justificaba su decisión por criterios jurídicos, sino por la “enorme repercusión económica y social”… en los beneficios de la banca.

Dos opiniones, de personajes no encuadrados en la izquierda, y quienes nadie puede acusar de ser peligrosos revolucionarios, nos dan la dimensión de este golpe. Fernando Zunzunegui, abogado especializado en regulación financiera, afirma sin ambages que “Luis Díez-Picazo, el presidente de la Salta Tercera del Supremo, acudirá al rescate de la banca, hay demasiados miles de millones en juego”. Mientras Fernando Onega, prestigioso periodista, encabezaba su crónica con el contundente título “Quien manda de verdad en España”.

¿Cuáles son los hechos que han desatado este escándalo?

Amparados en una legislación de 1995, los bancos han endosado a los clientes el pago de los impuestos por registrar las hipotecas ante notario. Quien sale beneficiado de este acto es el banco, pues el registro le permite luego reclamar, por ejemplo, los impagos. Pero su poder le permitía le fuera el cliente quien corriera con ese gasto. Las reclamaciones por esta práctica abusiva de los bancos llegaron hasta el Tribunal Supremo. En febrero, la Sala Civil confirmó que fuera el cliente quien pagara estos impuestos. Pero el jueves 18 de octubre la sección especializada en tributos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo -a quien realmente corresponde- revisó ese criterio, estableciendo que fuera el banco, y no el cliente quien corriera con esos gastos.

Esta decisión no es ajena al avance de las movilizaciones contra las draconianas condiciones que impone la gran banca. Cuya influencia llega incluso a los magistrados del Supremo.

Inmediatamente, la maquinaria de la gran banca se puso en marcha para tumbar la sentencia. La devolución de estos impuestos, si además se pueden aplicar a las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años, como la ley permite, puede suponer para la gran banca un gasto de 5.534 millones de euros. Incluso algunos analistas valoran que la factura para las entidades financieras puede llegar a elevarse a los 12.000 millones. Esto recortaría las ganancias de los bancos en el mercado hipotecario, que concentra casi 300.000 millones de su cartera de créditos, una cifra casi equivalente a un tercio del PIB español.

Nada mas conocerse la sentencia, los bancos paralizaron la concesión de hipotecas, amparándose en un fallo informático, que (¡vaya casualidad!) se produjo simultaneamente en todas las entidades financieras.

Los principales periódicos económicos hablan, con toda claridad, de los movimientos de la gran banca para torcer la decisión judicial: “Desde el jueves, la banca se movilizó ante el Ministerio de Economía y el Banco de España para transmitir “la enorme gravedad que suponía la sentencia” (…) Fue el Gobierno uno de los sitios a donde los bancos acudieron el jueves pasado para transmitir su grave preocupación, además del Banco de España, según coinciden varias fuentes consultadas. La intención de los bancos era que su inquietud se transmitiera al Supremo y al Consejo General del Poder Judicial “.

La reclamación de la gran banca fue atendida inmediatamente. En menos de 24 horas se paralizó la sentencia que obligaba a pagar a los bancos los impuestos del registro de las hipotencas, anunciando que se sometería a una revisión cuyo resultado final nadie duda será más favorable al poder financiero. La justicia es muy lenta para la inmensa mayoría… pero va más rápida que Usain Bolt cuando están en juego los beneficios de la oligarquía.

No es la primera vez que se da un auténtico golpe judicial en el Supremo para defender los intereses de la gran banca. A principios de los noventa, una jueza se atrevió a sentar en el banquillo a Emilio Botín, el gran capo de la oligarquía. Fue por el caso de las “cesiones de crédito”. Dentro de la agresiva estrategia que le encaramó en el primer puesto de la banca española, el Santander ideó un sofisticado e inmenso fraude, donde se trasladaba a una tercera persona el riesgo de un crédito. Con ello se eludía el pago de miles de millones a la Hacienda pública. La estafa fue de tal magnitud que el Santander no dudó en utilizar a monjas de clausura o a personas fallecidas como titulares de sus operaciones. Los chanchullos de las cajas, que abocaron a su liquidación, son pecata minuta en comparación con la operación del Santander.

¿Qué hizo la justicia? Puso del revés las leyes para proteger al padrino de la banca. Sorprendentemente, la abogacía del Estado y la fiscalía -encargadas de proteger los bienes públicos- no presentaron acusación contra alguien que había defraudado a gran escala. Y el Supremo utilizó este hecho para dictar la conocida como “doctrina Botín”, estableciendo que cuando solo existe acusación particular y no la de la fiscalía, la causa puede archivarse. Todo el Estado se movilizó para exonerar a Botín. Quebrantando los más elementales principios de toda justicia democrática: que no puede legislarse ad hoc, pensando en un caso concreto, y que una resolución judicial no puede aplicarse retroactivamente.

Pero todo valía cuando se trataba de Emilio Botín. Porque, como recuerda Lewis Carrol en Alicia a través del espejo, “todo el problema es quien manda aquí”.

Nadie puede negar ya que el Estado español tiene propietarios, y que defiende a rajatabla sus intereses. El mismo Estado que ha impuesto un saqueo sobre la inmensa mayoría, recortando salarios y pensiones o jibarizando el gasto en sanidad y educación, ha dictado todas las normas posibles a favor de una oligarquía encabezada por la gran banca. En los últimos diez años, mientras la mayoría sufríamos los recortes, el Estado ha entregado a la oligarquía 338.813 millones de dinero público. Saneando a los bancos y cajas para luego entregarlo por un euro, como es el caso del Popular, adquirido por el Santander.

Ahora, no han dudado en desprestigiar la imagen de la justicia, exponiendo abiertamente como su máxima instancia actúa en última instancia como abogado defensor de los intereses de la gran banca.

No son “vestigios del franquismo”. Eso es lanzar a quien se indigna a perseguir fantasmas mientras los que de verdad mandan puede ejecutar golpes de mano utilizando todo su poder, no solo económico, también como acaba de comprobarse, a través de un Estado que actúa a su servicio.

Sorprende que un escándalo de tal magnitud, que pulveriza el mito de que “la justicia es igual para todos”, no ocupe las portadas de todos los periódicos ni encabece los telediarios. Por el contrario los grandes medios lo han tratado, pero relegándolo cuidadosamente. Algo tendrá que ver que sean los bancos los principales accionistas de estos periódicos o televisiones.

En el artículo antes mencionado, Fernando Onega pone encima de la mesa los devastadores efectos de este golpe judicial: “Hasta ayer tenía varias creencias. Creía que los jueces mandan mucho, porque son capaces de asestarle un golpe a la poderosísima banca. Creía que la justicia es la única que puede corregir la mala praxis de las entidades financieras, como se demostró en las preferentes o las cláusulas suelo. Creía que existe un efectivo gobierno de jueces y no me molestaba porque eso es una de las esencias del Estado de derecho. Y creía que, por decisiones como las del impuesto de hipotecas, los tribunales son grandes instrumentos de justicia social. Ahora cambio esas convicciones por una pregunta: ¿quién manda en el Estado de derecho, la justicia o los mercados? Si la sala del Supremo está tan insegura que quiere someter lo que dictaminó al pleno de la sala, es que vio las cotizaciones de los bancos, se asustó ante los miles de millones perdidos en un día (…) ¡Qué tremenda lección! El poder real está muy repartido. La independencia de la justicia existe, pero llega a donde empiezan otros intereses”.

Una voz honrada, que reconoce “quien manda de verdad en España” y que caminos, naturales y “sobrenaturales” cuando las condiciones lo exigen, utiliza para imponer a toda la sociedad sus intereses.