1.- Frente a los recortes, mantenimiento del gasto público en sanidad, educación y gastos sociales básicos mediante:
    -Una reforma fiscal progresiva, aumentando el IRPF en distintos tramos a partir de los 120.000 euros anuales y llegando hasta el 65% para las grandes fortunas.
    -Racionalización de los gastos de todas las administraciones y eliminación de los gastos innecesarios, hasta conseguir un ahorro de al menos el 30%.
    -Ley contra la corrupción que contemple medidas ejemplares tanto para corruptos como para los corruptores que se benefician de ellos, y la devolución hasta el último euro del dinero robado.
    -Renegociación del nuevo tratado fiscal de la UE –sometiéndolo a referéndum, como va a hacer Irlanda, para ganar fuerza política ante Bruselas– para flexibilizar la reducción del déficit de acuerdo con los intereses del país.

2.- Frente al paro y la recesión, inversión y políticas de estímulo público a la economía productiva y ayudas para la financiación de pymes y autónomos a través de:
    -Una reforma del impuesto de sociedades que elimine todas las desgravaciones y exenciones de las que hoy disfrutan bancos, multinacionales y grandes empresas, hasta hacer que paguen, al menos, el 35% de sus multimillonarios beneficios.
    -Persecución del fraude fiscal aumentando el poder y los medios de los inspectores de Hacienda para localizarlo y eliminarlo.
    -Establecimiento de mecanismos de control y gestión pública de los bancos y cajas que han recibido ayudas y avales del Estado para asegurar que los fondos públicos invertidos reviertan en financiación a pymes y autónomos para la inversión productiva y la creación de empleo.
    -Una Ley de emergencia financiera que obligue a la banca española a renunciar, durante los 3 años en los que el BCE les ha concedido préstamos al 1%, a no cobrar más de un 1,5% de intereses por la deuda pública nacional. El dinero ahorrado en el pago de intereses, dedicado a la inversión pública para la creación de puestos de trabajo productivos y de utilidad social.
    -Salario mínimo de 1.000 euros para fortalecer el consumo y dinamizar el mercado interno, única base desde la que es posible la reactivación de las ventas e ingresos de pymes y autónomos que representan el 90% del empleo en nuestro país. Estableciendo, al mismo tiempo, un salario máximo para altos funcionarios, ejecutivos y consejeros de bancos y grandes empresas.

3.- Reformas democráticas que permitan una mayor participación, control y capacidad de decisión a los ciudadanos sobre los asuntos públicos