SELECCIÓN DE PRENSA NACIONAL

Voz Pópuli
Las mentiras sobre el acuerdo de Grecia
Por Juan Laborda [publicado el 01-03-2015]

Frente al ocultamiento, la mentira, el servilismo, la ausencia de verificación por parte de los “mass media” patrios sobre los entresijos de cómo se fraguo el reciente acuerdo entre Grecia y el Eurogrupo, la realidad es otra, distinta. Al igual que nos enteramos de las condiciones o memorándum del rescate bancario patrio por medio del parlamento holandés, allá por julio de 2012, tenemos que acudir a fuentes de información extranjeras para alumbrar lo que realmente ocurrió el viernes 20 de febrero en Bruselas.

El economista estadounidense James Galbraith pasó esa semana de duras negociaciones junto con el ministro griego de finanzas Yanis Varoufakis, incorporándose al equipo científico de la negociación griega. Fue entrevistado por el periodista Shawn Tully de la revista Fortune para compartir sus experiencias “desde dentro”. Manda narices que tengamos que acudir a medios estadounidenses, nada sospechosos de heterodoxia, ultra-izquierdismo o cosa que se le parezca para conocer lo que se cocinó entre bambalinas.

Para Galbraith, el espectáculo de la falta de coordinación del lado europeo resultó bochornoso: “Yo soy un veterano del personal de expertos del Congreso estadounidense. Contemplar un cuerpo institucional oficial funcionando con tamaña desidia y de forma tan ad hoc, observar en directo el Eurogrupo y su incompetente forma de hacer las cosas, fue para mí una verdadera revelación”. Sin comentarios.

Descoordinación europea

Como detalla Galbraight en la entrevista a Fortune, en el cónclave del Eurogrupo, Pierre Moscovici, el comisario de la UE para asuntos económicos y financieros, presentó a Varoufakis un borrador de comunicado que permitía a Grecia solicitar una extensión de su acuerdo de préstamo garantizándole tiempo para discutir un nuevo programa de crecimiento para Grecia. Como dijo Varoufakis en la conferencia de prensa posterior a la reunión, él estaba listo para firmar el comunicado de Moscovici, al que alabó como un “documento espléndido” y una “verdadero punto de ruptura”. Pero el jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, estaba elaborando su propio documento.

Por si faltaban pocos, cuando la delegación griega tuvo que combinar partes de los dos borradores, a fin de producir un documento aceptable para ambas partes, apareció, según el testimonio de Galbraith, el ministro alemán de finanzas Wolfgang Schäuble. Simplemente dijo no a la elaboración de una declaración conjunta como preludio de un compromiso. La falta de coordinación del lado europeo resultaba patética.

Pero aún hay más. El 18 de febrero, Varoufakis presentó una solicitud formal de extensión del acuerdo de préstamo con el Eurogrupo. De nuevo las divergencias emergieron. Mientras que para Jean-Claude Juncker y el vicecanciller alemán Sigmar Gabriel, la extensión del préstamo constituía un punto de partida para las negociaciones, el inefable Schäuble desdeño la solicitud como “una posición insubstancial”. En realidad las divisiones internas en Alemania, y entre las propias naciones, han dejado claro que los dirigentes europeos son muy malos negociadores. Galbraight lo detalla, “cometieron el error de dejar claro ante Yanis que ellos estaban jugando un juego muy duro, pero sin jugarlo muy bien, si juzgamos la cosa desde el punto de vista de la pericia política más elemental.”

La carta de Ernest Urtasun

Al final fueron los organismos institucionales –el FMI, la Comisión Europea y el BCE— quienes evitaron males mayores, de momento. Porque en realidad los acreedores, los ministros de finanzas, estaban divididos y algunos eran tremendamente hostiles. ¿Y saben ustedes quienes estaban ahí? Pues claro, entre los que se oponían radicalmente estaban España y Portugal. ¿No resulta increíble la actitud de dos gobiernos cargados de deuda hasta las cejas, y que han llevado a sus respectivos países a un empobrecimiento histórico? Puro cálculo electoral, nada más. Temor a que sus oposiciones políticas saquen ventaja de la posición griega.

Al final, como reconoce el propio Galbraight, para romper el impasse se precisará con toda probabilidad de la intervención del único dirigente lo suficientemente poderoso como para desbaratar estas maniobras politiqueras, Angela Merkel. Y será Ángela Merkel quien tendrá que decidir en los próximos días si entrar en compromisos con alguien considerado tan radical y transgresor como Varoufakis es realmente una opción para ella. Lo que anda en juego es el futuro del euro.

Para terminar, permítanme compartir con ustedes la carta de un diputado socialista holandés, Ernest Urtasun, a Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo. No tiene desperdicio. “Durante los dos últimos encuentros del Eurogrupo sobre Grecia, ha permitido a los países acreedores imponer sus reglas y políticas, creando en la UE una atmósfera de ganadores y perdedores, socavando el interés general europeo. El Eurogrupo ha tratado de imponer al nuevo Gobierno griego la continuación del fracasado programa de rescate actual, que incluía multiplicadores fiscales seriamente subestimados, llevando a un colapso de cerca del 20% del PIB griego.

El acuerdo final con Grecia mejorará la situación de los ciudadanos y ciudadanas griegas cuando se opere la revisión del superávit primario y si otro programa de reformas propuesto por el nuevo gobierno se pone en práctica. Esas mejoras, sin embargo, han sido el resultado de la intensa lucha del nuevo gobierno griego, contra la voluntad del Eurogrupo.

Usted ha puesto en los últimos días la permanencia de Grecia en la zona euro en peligro con el fin de obligar a Grecia a aceptar los términos de su programa fallido. Esto nos ha acercado a la quiebra institucional, destruyendo la credibilidad del BCE y socavando la credibilidad del Euro como divisa. Ha sido una enorme irresponsabilidad. Es hora de que el Eurogrupo acepte que el programa actual ha fracasado, acepte el resultado de las últimas elecciones griegas y negocie con urgencia un nuevo contrato para que Grecia pueda afrontar su crisis humanitaria y asegurar su permanencia en la zona euro.

En este sentido quiero hacerle tres preguntas: ¿Cuándo reconocerá el Eurogrupo que el programa actual ha fracasado? ¿Está usted en condiciones de decirnos cuándo prevé el Eurogrupo iniciar el debate sobre la petición razonable por parte del Gobierno griego de modificar el objetivo de superávit primario para 2015? Sr. Dijselbloem, ¿está usted en condiciones de afirmar que el gobierno griego será capaz de cubrir sus necesidades financieras, bajo las limitaciones actuales con respecto a las emisiones de letras y la falta de mercado para la emisión de bonos a largo plazo? ¿O va a seguir jugando al juego del Grexit?”

Toc, toc, ¿y aquí en nuestra querida España? Lo de siempre, ¡los voceros mediáticos a los suyo!

El País
Susana Díaz ganará, pero deberá pactar
Por Luis Barbero [publicado el 01-03-2015]

Andalucía, una comunidad que es históricamente el principal fortín del PSOE, inicia el próximo 22 de marzo el vertiginoso ciclo electoral de 2015, donde se vaticinan cambios notables. Los socialistas, que gobiernan la autonomía más poblada desde 1982, ganarán las elecciones del 22-M, pero perderán apoyos respecto a los comicios de hace tres años y se quedarán lejos de la mayoría absoluta, según una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS. La atomización del voto hunde al PP, castiga a Izquierda Unida y lleva en volandas a Podemos y Ciudadanos, que entrarían con fuerza en un Parlamento fragmentado en el que podrían tener la llave de la gobernabilidad.

El anticipo permitirá a los socialistas recuperar su hegemonía en Andalucía —que perdieron en 2012 ante el PP de Javier Arenas—, pero con los peores resultados de la historia autonómica, según Metroscopia. El PSOE ganará los comicios, que se van a celebrar en tres semanas, con el 34,6% de los votos, cinco puntos menos que hace tres años. Pese a esta caída que apunta el sondeo, la victoria en Andalucía supondría un respiro para un partido que afronta con muchas dudas las citas con las urnas que seguirán al 22 de marzo: las elecciones autonómicas y municipales de mayo; las catalanas de septiembre y las generales, previstas para finales de año.

Si el PSOE sufre un castigo por el empuje de las formaciones emergentes, el PP se asoma al abismo, cuando no a la debacle. El candidato popular, Juan Manuel Moreno, que fuera secretario de Estado con Ana Mato en Sanidad, obtendría el 22,7% de los sufragios, 18 puntos menos de los que logró Javier Arenas hace solo tres años (40,7%). Este resultado llevaría al PP andaluz por el túnel del tiempo, en concreto, hasta las elecciones de 1990, cuando obtuvo el 22,2% de los votos.

El PP no se constituyó como verdadera alternativa de Gobierno en Andalucía hasta las elecciones de 1994, cuando Arenas concurrió por primera vez como candidato autonómico. Arenas renunció al liderazgo del PP andaluz en 2012, tras cuatro intentos fallidos de llegar al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

Como tercera fuerza del Parlamento autónomo se situaría Podemos, la formación que dirige Pablo Iglesias. Su candidata, Teresa Rodríguez, perteneciente al sector crítico de la nueva formación, obtendría el 16,7% de los sufragios, buena parte de ellos procedentes de IU y del PSOE.

La gran sorpresa en los comicios andaluces será Ciudadanos, el partido que dirige Albert Rivera, según el sondeo de Metroscopia. Sin una implantación sólida en la comunidad, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, lograría el 11% de los votos y colocar a su partido como cuarta fuerza en la Cámara andaluza. Marín es concejal en Sanlúcar de Barrameda, donde apoya al PSOE. En este caso, todo apunta a un importante trasvase de votos del PP a Ciudadanos, formación a la que dirigentes populares y del Gobierno están dirigiendo sus críticas en las últimas semanas.

Al quinto lugar, según el sondeo, quedaría relegada Izquierda Unida, cuyo cabeza de cartel, Antonio Maíllo, su coordinador regional, lograría el 6,8% de los votos, 4,5 puntos menos que en las elecciones de hace tres años (11,3%).

Con estos resultados, Metroscopia hace la siguiente atribución de escaños. El PSOE obtendría entre 40 y 44 diputados; el PP, entre 27 y 31; Podemos, entre 18 y 22; Ciudadanos, entre 8 y 12; e IU, entre cinco y nueve. En la actualidad, el PP tiene 50, el PSOE 47 e IU, 12.

El Parlamento andaluz cuenta con 109 diputados, por lo que el umbral de la mayoría absoluta se sitúa en 55. Con estos resultados, Susana Díaz podría intentar gobernar en minoría, con pactos puntuales con otras fuerzas, pero le obligaría a estar sometida a una fuerte inestabilidad política. Otra opción sería cerrar un acuerdo de coalición. La dirigente socialista ha reiterado que tras el 22-M no pactará ni con el PP (la llamada gran coalición) ni con Podemos. Y en función de los resultados que arroja la encuesta de Metroscopia y del mensaje de Díaz, la única opción que tendría el PSOE sería pactar con Ciudadanos, siempre y cuando los dos partidos lleguen a la horquilla máxima de escaños.

En caso de no llegar, la siguiente opción para garantizar la gobernabilidad de Andalucía pasaría por un acuerdo tripartito entre PSOE, Ciudadanos e IU. Esta situación sería similar a la que apuntaba el pasado domingo la encuesta de Metroscopia sobre la Comunidad de Madrid, en la que también se necesitaba un acuerdo a tres bandas para sumar mayoría absoluta.

Entre los candidatos andaluces, Susana Díaz es la más conocida (95%) y la única que tiene entre los electores un saldo positivo (la diferencia entre los que la aprueban y la suspenden), con un +3. El candidato del PP alcanza ya un conocimiento ciudadano del 62%, pero obtiene la peor valoración de los aspirantes (-19).

La decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata socialista, Susana Díaz, de romper el Gobierno de coalición con IU y adelantar casi un año las elecciones andaluzas con el argumento de que no tenía estabilidad cogió a contrapié a todos los partidos. Especialmente afectó a Podemos y Ciudadanos, que han tenido que apresurarse para elegir candidatos y diseñar su programa.

El País
Lo que ha conseguido Grecia
Por Paul Krugman [publicado el 01-03-2015]

La semana pasada, tras mucho teatro, el nuevo Gobierno de Grecia llegó a un acuerdo con sus acreedores. A principios de esta semana, los griegos aportaron algunos detalles sobre el modo en que pretenden cumplir las condiciones. Entonces, ¿qué tal ha ido?

Bueno, si hiciésemos caso de muchas de las noticias y artículos de opinión de los últimos días, pensaríamos que ha sido un desastre; que ha sido una “rendición” por parte de Syriza, la nueva coalición que gobierna en Atenas. Y parece que algunas facciones de la propia Syriza también lo creen así. Pero no es cierto. Por el contrario, Grecia ha salido bastante bien librada de las negociaciones, aunque las grandes batallas todavía están por venir. Y al salir bien parada, Grecia le ha hecho un favor al resto de Europa.

Para encontrarle sentido a lo que ha pasado, hay que entender que la controversia más importante tiene que ver con una sola cifra: la magnitud del superávit primario de Grecia, la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, sin contar los intereses sobre la deuda. El superávit primario mide los recursos que Grecia transfiere de hecho a sus acreedores. Todo lo demás, incluido el valor nocional de la deuda —que en este momento es una cifra más o menos arbitraria, que incide poco en la cantidad que se espera que pague Grecia— solo tiene importancia en la medida en que afecte al superávit primario que Grecia se ve obligada a asumir.

El hecho de que Grecia tenga un superávit —dada la crisis con proporciones de depresión en la que está sumida y el efecto de esa depresión sobre los ingresos— es un logro extraordinario, la consecuencia de unos sacrificios increíbles. No obstante, Syriza siempre ha dejado claro que tiene la intención de seguir acumulando un pequeño superávit primario. Si les molesta que las negociaciones no hayan dejado margen para una abolición completa de la austeridad, un giro hacia el estímulo fiscal keynesiano, es que no estaban prestando atención.

En realidad, la pregunta era si Grecia se vería obligada a imponer todavía más austeridad. El anterior Gobierno griego había accedido a aplicar un programa con el que el superávit primario se triplicaría durante los próximos años, lo que tendría un coste inmenso para la economía y los ciudadanos griegos.

¿Por qué aceptaría cualquier Gobierno algo así? Por miedo. En esencia, los sucesivos dirigentes de Grecia y otros países deudores no se han atrevido a cuestionar las desorbitadas exigencias de los acreedores, por miedo a ser castigados (a que los acreedores les dejasen sin financiación o, aún peor, hundiesen su sistema bancario si se mostraban reacios a unos recortes presupuestarios cada vez más drásticos).

Entonces, ¿se ha echado atrás el actual Gobierno griego y ha accedido a tratar de alcanzar esos superávits demoledores para la economía? No. De hecho, Grecia ha conseguido para este año una flexibilidad que no tenía, y la forma de referirse a los superávits futuros es poco clara. Igual podría significar algo que nada.

Y los acreedores no han cerrado el grifo. En vez de eso, han puesto a disposición de Grecia una financiación que le permita salir adelante durante los próximos meses. Por así decirlo, han atado a Grecia corto, y esto significa que la gran batalla sobre el futuro todavía no se ha librado. Pero el Gobierno griego no ha consentido que lo echen a patadas y esto es, por sí solo, una especie de victoria.

¿A qué se debe entonces tanta información negativa? A decir verdad, la política fiscal no es el único problema. También había y hay debates sobre cosas como la privatización de los bienes públicos, respecto a la que Syriza ha acordado no revocar los pactos ya firmados, y la regulación del mercado laboral, donde parece que se mantendrán algunas de las “reformas estructurales” de la época de la austeridad. Syriza también ha accedido a castigar con dureza la evasión fiscal, aunque a mí se me escapa la razón por la que recaudar impuestos parece ser una derrota para un Gobierno de izquierdas.

Aun así, nada de lo que acaba de pasar justifica esa retórica del fracaso que se ha impuesto. De hecho, mi impresión es que estamos contemplando una infame alianza entre los escritores de izquierdas con expectativas poco realistas y la prensa empresarial, a la que le gusta la historia de la debacle griega porque eso es lo que se supone que les pasa a los deudores arrogantes. Pero no se ha producido ninguna debacle. Al menos de momento, Grecia parece haber puesto fin al ciclo de la austeridad cada vez más despiadada.

Y como he dicho, con ello, Grecia le ha hecho un favor al resto de Europa. Recuerden, en el telón de fondo del drama griego hay una economía europea que, a pesar de las cifras positivas que registra últimamente, todavía da la impresión de estar cayendo en una trampa deflacionista. Europa en su conjunto necesita desesperadamente acabar con la locura de la austeridad, y esta semana ha habido algunos indicios ligeramente positivos. En especial, que la Comisión Europea ha decidido no multar a Francia e Italia por sobrepasar sus objetivos de déficit.

Imponer estas multas habría sido demencial, dada la realidad del mercado; Francia puede adquirir préstamos a cinco años con un tipo de interés del 0,002 %. Así es, el 0,002 %. Pero hemos visto muchas locuras similares durante los últimos años. Y hay que preguntarse si la historia griega ha tenido algo que ver con este brote de sensatez.

Mientras tanto, el primer deudor real que se ha rebelado contra la austeridad ha empezado con buen pie, aunque nadie lo crea. ¿Cómo se dice en griego: “Tranquilos, y adelante”?

El Confidencial
La España cañí y su ‘capitalismo de amiguetes’
Por Carlos Sánchez [publicado el 01-03-2015]

La expresión ‘capitalismo de amiguetes’ no es nueva. Aunque en las últimas semanas la ha rescatado de un cierto olvido el economista Luis Garicano -durante la presentación del programa económico de Ciudadanos-, hay que remontarse a la segunda mitad de los 90 para encontrar su origen. Y más en concreto, durante el intenso proceso de privatizaciones que lanzó el primer Gobierno Aznar, y que supuso que el Estado renunciaba a tener una presencia significativa, ni siquiera testimonial, en algunas de las grandes empresas del país, surgidas en su gran mayoría de los antiguos monopolios públicos en sectores estratégicos como el gas, la electricidad o las telecomunicaciones.

Aquel proceso supuso unos extraordinarios ingresos para el Estado. Nada menos que 50.126 millones en euros actuales, según el Consejo de Privatizaciones, pero lo relevante es que creó una nueva aristocracia económica muy cercana al poder y cuyo epicentro suele situarse en el palco del estadio Bernabéu. El Estado se desprendió de 72 empresas, muchas de ellas de gran tamaño y con enorme cuota de mercado.

Las privatizaciones, sin embargo, no fueron el único instrumento que alentó la creación de una nueva oligarquía acostumbrada a cabildear con el poder político. La proliferación del sistema concesional abrió nuevos negocios -con concursos muchas veces amañados- una vez que el sector público se retiró de la prestación de determinados servicios públicos, mientras que, en paralelo, se abrían lucrativas operaciones mediante los llamados modificados de obras, que permitían a las constructoras cobrar aunque el precio final del proyecto fuera desorbitado respecto del precio inicialmente previsto.

El camino, como se sabe, lo inició el anterior Gobierno socialista, pero la cristalización de una élite económica -las multinacionales españolas- con enorme capacidad de influencia sobre el gobierno de turno y sobre el BOE, es relativamente nueva.

La creación del Consejo Empresarial de Competitividad -el lobby de los lobbies- es la plasmación de esa idea. Y el resultado, como sostiene un brillante economista que conoce bien los entresijos del aparato productivo español, es un país con un dinámico sector exterior, pero con evidentes agujeros es su sistema económico interno.

Básicamente, porque se han diseñado políticas destinadas a proteger a las grandes multinacionales españolas -a quienes el Gobierno sigue identificando con la Marca España- en detrimento del interés general. Hay, en este sentido, una vieja (y célebre) frase de Adam Smith que lo resume. El economista escocés sostenía que los comerciantes de un mismo gremio raramente se reunían, y cuando lo hacían no era pasar un buen rato, sino para conspirar contra lo público o pactar alguna subida de precios.

El mejor ejemplo son las posiciones dominantes sobre el mercado interior que tienen compañías como Telefónica, Repsol, Gas Natural, Abertis o Iberdrola y Endesa, cuya capacidad de influencia en el gobierno de turno –por la escasa potencia de las leyes antimonopolio- es evidente más allá de que en determinados momentos puntuales (ante la crisis de las finanzas públicas) el actual Ejecutivo -como recordó Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación- haya tenido que tomar algunas medidas contra sus intereses.

El sistema, sin embargo, sigue intacto, y el mayor exponente de ese sinsentido (estamos ante un auténtico escándalo en un país desarrollado) es que los dos principales grupos de televisión capten más del 85% del mal llamado mercado de la publicidad (no lo hay) sin que la Comisión Nacional de Competencia diga esta boca es mía. Máxime cuando estamos ante un sector regulado que requiere una concesión administrativa para poder operar. El escándalo es todavía mayor si se tiene en cuenta que las dos últimas vicepresidentas (la anterior y la actual) siempre han situado el negocio de la televisión bajo su área de influencia directa, como si se tratara de un tesoro (electoral) que había que salvaguardar a toda costa.

No se trata, desde luego, de un fenómeno estrictamente español. Algunos estudios han identificado un enorme paralelismo en los países periféricos del sur de Europa. En particular, en Grecia y España. En ambos países el origen de sus problemas (son los únicos que soportan más del 20% de tasa de paro) tiene que ver con el mal funcionamiento del sistema económico por años de corrupción y mal gobierno.

Antiguos monopolios

En el caso de España, por ejemplo, el sector exterior funciona razonablemente bien, pero no es el caso del mercado interior por un problema de mala calidad de sus instituciones regulatorias, que tienden a favorecer la existencia de mercados muy poco competitivos y que funcionan en realidad con criterios de apropiación de rentas. La escasa presencia de multinacionales en sectores clave de la economía española (precisamente los que controlan los antiguos monopolios) es la prueba del nueve de este sistema anticompetitivo.

El Gobierno de Syriza -torpe en otros aspectos- ha identificado bien este problema y en las negociaciones que mantiene con la troika (ahora denominadas las ‘instituciones’) lo han planteado con sensatez. Entre sus puntos centrales está, por ejemplo, liquidar el oligopolio eléctrico que hace que los griegos paguen una elevada factura. O la imposición de tasas para quienes explotan gratis -habría que decir por la cara- las licencias de televisión conseguidas por su cercanía con el poder.

Desgraciadamente, en España no sucede lo mismo. El funcionamiento del mercado interior ha pasado por el debate del estado de la nación como si se tratara de un asunto menor. Hasta el extremo de que el presidente del Gobierno habla y habla sin proponer nada nuevo para obligar a las élites económicas a competir en favor del interés general y no del particular. Probablemente porque tantos años de colusión en contra de la ciudadanía han acabado por dormir muchas conciencias. Lo que es bueno para General Motors, como sostenía la célebre expresión, no es siempre bueno para el país. Y defender a grandes empresas en contra de los intereses generales se llama simple y llanamente corrupción.

La causa del mal funcionamiento del mercado interior -que expulsa la entrada de nuevos operadores y genera un mayor peso de las importaciones respecto de lo que sería razonable- probablemente tenga que ver con un problema más político que económico.

Corrupción y clientelismo

La arquitectura institucional del país está construida a imagen y semejanza de los partidos políticos, lo que hace que el clásico sistema de pesos y contrapesos no sólo no funcione, sino que se favorezca la corrupción y el clientelismo. Ni el sistema parlamentario ni el económico actúan de forma diligente, lo que alienta la creación de oligarquías con enorme capacidad de influencia amparadas en muchos casos por expresidentes de Gobierno.

El economista Dani Rodrik -una de las cabezas mejor amuebladas del pensamiento económico- ha estudiado bien este fenómeno, y en un reciente encuentro en el Banco Mundial ha recordado que no basta con aprobar reformas si en paralelo no se mejora el sistema de gobernanza y la propia calidad de las instituciones favoreciendo la presencia de los consumidores en las instituciones públicas. El éxito de las políticas de reformas, viene a decir Rodrik, dependerá de la gobernanza. Y hoy, desgraciadamente, las reglas del juego las marcan pequeños y poderosos grupos que determinan la acción de Gobierno. Haciendo bueno aquello que decía Adam Smith, como se sabe poco sospechoso de atentar contra el mercado.

Smith sostenía* que los comerciantes e industriales se quejaban mucho de los efectos perjudiciales de los altos salarios, “porque suben los precios y por ello restringen la venta de sus bienes en el país y en el exterior”. Pero “nada dicen”, sostenía el escocés, “de los beneficios elevados”. Y concluía: “Guardan silencio sobre las consecuencias perniciosas de sus propias ganancias. Sólo protestan ante las consecuencias de las ganancias de otros”.

El Mundo
Dirigentes del PP exigen un cambio a fondo del partido
Por Lucía Méndez [publicado el 01-03-2015]

Cuatro años después de lograr el mayor poder institucional que tuvo nunca un partido en España en comunidades y ayuntamientos y la mayoría absoluta en las generales, el PP de Rajoy observa con incredulidad, pero también con toda claridad, que el modelo de partido del 89 está agotado. El PP ideado por Aznar y heredado por Rajoy ha permanecido inalterable desde entonces. «Los nuevos tiempos han sonado para todos», asegura un dirigente popular. El mejor termómetro para medir el distanciamiento con la sociedad española lo encuentran a diario sus altos cargos cuando llegan a casa y escuchan decir a sus hijos que el PP se ha quedado obsoleto y que prefieren a Ciudadanos porque es un partido más moderno.

Todos los dirigentes consultados coinciden en el diagnóstico de la situación. En resumen, el PP ha perdido la capacidad para conectar con las clases medias, su imagen está deteriorada por la corrupción, la dirección de Génova es demasiado débil, el presidencialismo se ha acentuado con Rajoy, no existe debate en el Comité Ejecutivo y las bases están desmotivadas. También hay una amplia coincidencia en que el partido se encamina hacia un cambio inevitable a la vez que insondable e imprevisible. En lo que discrepan las fuentes consultadas es en los procedimientos, los tiempos y los protagonistas de esa renovación pendiente. Mientras que algunos creen que será Mariano Rajoy quien impulsará los cambios en los próximos meses, de cara al Congreso ordinario que el PP tendrá que celebrar el año que viene, otros consideran que el líder popular no cambiará nada si no media una debacle electoral. Y en tal hipótesis, se abriría un escenario inédito que nadie es capaz de aventurar. «A los partidos los abren y los cambian las derrotas electorales, no las victorias», asegura un parlamentario.

Esta radiografía del partido gobernante intenta reflejar el interior del PP. Los que hablan son dirigentes nacionales, regionales y locales, veteranos y nuevos, personas cercanas a Rajoy y otras más críticas con la gestión del presidente del partido.

La realidad orgánica

«Desde que Aznar estableció el modelo orgánico que sigue vigente, partido y Gobierno siempre fueron de la mano. Y eso ha cambiado para mal en esta etapa. Aznar nunca dejó de presidir los maitines (reuniones semanales de la cúpula establecidos en tiempos de Fraga), ni de ocuparse de que Génova y Moncloa estuvieran coordinadas. Rajoy se ausentó de los maitines después del Congreso de Sevilla (febrero de 2011) y no hay reuniones de coordinación entre el partido y el Gobierno. El partido ha pagado muy caro no tener una secretaria general las 24 horas y no hay una acción política conjunta. Esto es una debilidad objetiva porque, además, para nadie es un secreto que la secretaria general y la vicepresidenta no mantienen una relación muy fluida».

La reflexión es de un profundo conocedor del partido y es coincidente con la visión de otros dirigentes de la periferia. «No tenemos dirección, hay muy poca participación en las decisiones y una ausencia total de debate en el Comité Ejecutivo, un sitio con demasiada gente donde todos estamos por la gracia divina. Se convocan, nos reunimos y nos informan de lo que luego le van a decir a los medios». La última reunión de la Ejecutiva duró 40 minutos y nadie pidió la palabra. A día de hoy, la mayoría de los altos cargos nacionales, regionales y locales coinciden en que fue un error nombrar secretaria general a la presidenta de una comunidad autónoma. Y ello independientemente de la capacidad política de María Dolores de Cospedal. Es, dicen, una cuestión de tiempo. Ambas responsabilidades no se pueden compatibilizar. El asunto se ha complicado en los últimos meses debido a que desde el episodio andaluz, la sintonía entre el presidente y su número dos en el partido no es la que fue, ni mucho menos.

La realidad política

«Nos llamamos Partido Popular, pero desgraciadamente ahora somos muy poco populares. Llevamos encima el estereotipo de políticos antipáticos, distantes y lejanos. Todo el día riñendo a la gente. Como si hubiéramos espantado al ciudadano medio. La corrupción nos ha desmotivado mucho. El caso Bárcenas nos ha hecho un daño infinito. El mensaje de que Bárcenas era un delincuente que nada tiene que ver con el PP no es creíble. Lo que vemos es que la gente está muy sensibilizada con la corrupción». Quien así habla es un cargo medio del PP que sí pisa la calle. Pero también los que tienen más responsabilidades son conscientes de que el PP ha perdido capacidad para conectar con las clases medias que han sido su granero electoral, tanto en la época de Aznar como en la de Rajoy. «Nuestra seña de identidad ha sido siempre representar a todo el espacio de la derecha y ampliarlo electoralmente con votantes centristas. Ahora los votantes nos identifican más a la derecha de lo que están ellos. Está claro que se ha producido un deterioro en nuestra relación con la sociedad y en la comunicación con los ciudadanos. Hay un lamento por parte de nuestros militantes. Los tres millones de votos prestados se lo están pensando. Muchos son irrecuperables. Pero otros no. Hemos reaccionado con retraso ante la corrupción y eso lo estamos pagando. Aún no hemos logrado que el mensaje de la recuperación cale lo suficiente porque hay millones de personas que lo siguen pasando muy mal. Pero seguimos siendo el mayor partido de España».

El futuro del partido

Todas las fuentes consultadas aseguran que el PP se encuentra en vísperas de un cambio. Aunque discrepan en cómo y cuándo se producirá esa renovación. Los más críticos con Rajoy lo tienen claro. «El PP tiene que cambiar como un calcetín si quiere sobrevivir. Lo que no sabemos es si para cambiar tenemos que ir a una debacle electoral que incluso nos pueda llevar a la extinción. El drama de UCD está muy presente. Tenemos que regenerarnos por dentro y a lo mejor estamos ya fuera de plazo. El Congreso podía haberse celebrado este año -el último fue en 2011- y Rajoy lo está retrasando. La elección a dedo se ha acabado, ahora los estatutos permiten que con 100 avales cualquiera se pueda presentar a presidente». Hay que recordar que este cambio en los estatutos se aprobó a propuesta de Núñez Feijóo en el Congreso de Valencia de 2008 y que, en la etapa de Aznar, los congresos se celebraban cada tres años, plazo que Rajoy ha ampliado a cuatro.

¿Puede ser Rajoy quien impulse la renovación? En este punto hay opiniones para todos los gustos. Varios altos cargos con autoridad aseguran que sí. «El PP abrirá en los próximos meses una nueva etapa, antes o después de las generales, una renovación en su funcionamiento interno, en los mecanismos de elección de los candidatos. Rajoy va a impulsar ese cambio. Habrá un nuevo PP porque el modelo interno del 89 ha tocado fondo y los nuevos tiempos son para todos. Rajoy lo sabe, es consciente, aunque no lo diga. Todo se renueva y nosotros no podemos obviarlo. Tenemos al líder del PP más veterano, el único que permanece de su generación. Esto tiene sus inconvenientes en un momento en el que los ciudadanos quieren liderazgos renovados, pero también tiene una ventaja: es un factor de estabilidad en época de incertidumbre. Y a eso vamos a jugar».

Pero otros no piensan lo mismo. «No veo a un Rajoy propiciando el cambio ni convirtiéndose en el gran renovador del PP. Si él aprecia que las cosas no van bien, no le queda otra que dar una señal ya, con las candidaturas a las autonómicas y municipales de Madrid y Valencia», asegura un parlamentario. A todas las fuentes consultadas les cuesta trabajo imaginar el escenario de que Rajoy dé un golpe de mano como el de Pedro Sánchez en el PSM. Nunca ha sido su estilo, aunque tampoco nadie puede descartar que eso suceda.

Aunque los más veteranos recuerdan el caso de Fraga, que propició la renovación -aunque fuera a dedo- designando a Aznar candidato a La Moncloa en el 89, nadie contempla otro candidato del PP distinto al actual presidente en las próximas generales.

«Mientras vayamos ganando, aunque se pierda poder local y autonómico, todo seguirá igual. Puede cambiar a las personas, pero difícilmente su modo de hacer política y la disciplina interna. El PP es como un iceberg que a lo mejor se irá deshaciendo lentamente y sin convulsiones. Los cálculos de la dirección son una derrota honrosa en mayo en algunos lugares y una victoria en las generales sin mayoría absoluta. En tal caso, todo seguirá igual hasta 2019».

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