SELECCIÓN DE PRENSA NACIONAL

El País
15.000 firmas a contra reloj
Por Marién Kadner / Marina Gómez-Robledo [publicado el 18-04-2014]

Durante los próximos cuatro días, hasta el lunes 21 de abril, toda formación que quiera concurrir a las elecciones europeas deberá presentar su candidatura ante la Junta Electoral Central, en el Congreso de los Diputados. El reto es sobre todo para las jóvenes agrupaciones: necesitan conseguir 15.000 firmas de electores o 50 avales de cargos electos en un plazo que comenzó apenas hace 15 días —desde que el pasado 1 de abril se publicara en el BOE el decreto de convocatoria—. Este miércoles ha sido el turno del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) y de la agrupación de electores Recortes Cero.

Una quincena de personas, miembros del partido Pacma, se han presentado en la carrera de San Jerónimo en Madrid para entregar las 40.325 firmas que han reunido. Pero no han acudido solos, sino acompañados de sus perros. "Queremos que la defensa de los animales se incorpore en el debate político", sostiene Laura Duarte, una viguesa de 27 años y cabeza de lista del Partido Animalista. Mientras la presidenta, Silvia Barquero, sube para formalizar el proceso, los perros y sus dueños esperan en las puertas del edificio bajo el sol. Una de las voluntarias vierte agua en un recipiente para que los animales no se deshidraten. "Es que no hay conciencia, no podemos permitir el maltrato", denuncia Teo, otra simpatizante de esta formación. Ella no ha traído a sus cinco gatos, pero no tarda en sacar de su cartera las fotos de sus mascotas: "Son como mis hijos".

El procedimiento es para algunos una traba, para otros un filtro necesario o incluso una oportunidad. Para Recortes Cero —que también ha presentado este miércoles las casi 49.000 firmas que ha conseguido—, es "un requisito injusto". "Es un recorte a la democracia para impedir que nuevas formaciones lleguen a las instituciones", ha expuesto Nuria Suárez, la número uno de esta candidatura. Una catalana que "ha ganado por goleada" las primarias de esta agrupación de electores, ha resaltado Esteban Cabal, el número dos.

El Partido X, surgido hace un año con el objetivo de representar la "voz de la ciudadanía" en las instituciones, no comparte esta afirmación, aunque tampoco la rechaza. "El procedimiento a nosotros no nos parece del todo mal, pero estaría bien que también recogiesen firmas el PP y el PSOE y sin medios económicos, tal y como lo hemos hecho nosotros. Ya quiero ver a Cañete en la calle buscando firmas", ha explicado Simona Levi, portavoz y segunda en la lista del partido. Esta red ha conseguido más de 23.000 referendos, pero todavía no las han presentado en el Congreso. 

Para el juez Elipido Silva, suspendido por supuesta prevaricación en el caso Blesa, y ahora candidato del Movimiento Red, este procedimiento es propio de un "sistema electoral antidemocrático". Según Silva, contribuye a que el bipartidismo siga siendo hegemónico. Aunque no tiene todavía el recuento de las firmas que pretenden presentar, asegura que cuentan con más referendos que cualquier joven formación. "Para nosotros no va a ser un problema", remata. 

La emoción se palpaba en el Ateneo de Madrid, cuando los simpatizantes de Recortes Cero aparecieron el pasado miércoles en la sala con ocho cajas de cartón marrón con el símbolo de la formación y anotaciones a mano que indicaban el rango de firmas que contenían: De 1 a 15.000, y así sucesivamente. Suárez recalcó que han optado por "un camino lleno de dificultades e incógnitas" que, según él, "nadie ha tomado". Han renunciado a presentarse como un partido y han escogido la vía de la agrupación de electores, que no solo supone conseguir 15.000 firmas, sino que además deben ser recogidas ante notario. Varias organizaciones sociales y políticas les han apoyado. Entre ellos Los Verdes, cuyo antiguo portavoz era Cabal: "Hemos renunciado a nuestra imagen, hemos dado un paso atrás como partido, porque esto es lo que pide la ciudadanía".

"La sensación que tenemos es que siempre nos sorprende la respuesta de la gente", cuenta Pablo Iglesias, impulsor y candidato del partido Podemos. Según detalla este profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid "el sábado ya vimos que teníamos las 15.000 firmas". La idea de esta formación es presentar unas 20.000 para evitar el riesgo de que la Junta Electoral Central invalide algunas de ellas por cualquier cuestión formal.

La segunda vía

Vox y Primavera Europea han preferido movilizar a 50 cargos electos para avalar su candidatura. Un camino por el que suelen optar partidos que ya cuentan con representación parlamentaria. Vox, esta nueva formación alimentada con militantes que han huido de las filas populares, presentará este jueves su candidatura con unos 115 avales de elegidos independientes, y un 10-15% de miembros votados del Partido Popular. Aunque también han decidido recoger las 15.000 firmas. Este jueves tienen previsto presentar unas 32.000. 

Un proceso que califican de "oportunidad". En este caso, según explica Joan López, encargado de comunicación, les ha servido para lograr una cohesión dentro de la agrupación "que a lo mejor de otra manera no hubiésemos tenido". 

Para la coalición Primavera Europea, formada por los partidos Equo, Compromís, Chunta Aragonesista (CHA), entre otros, el proceso de firmas es algo "simbólico", según ha explicado Lluís Miquel Campos, coordinador de comunicación del partido: "Algún filtro tiene que existir y si hay gente que te apoya, este trámite resulta realmente fácil". Entre los diputados, alcaldes y concejales de las formaciones que componen dicha coalición, han reunido las 50 firmas de cargos públicos.

La República
Mentiras catalanas
Por Juan Francisco Martín Seco [publicado el 18-04-2014]

El discurso del nacionalismo catalán se asienta y gira sobre una serie de mentiras, que el otro día, como no podía ser menos, se hicieron presentes en el Congreso. Entre ellas, no es desde luego la menor la de aquellos que reclamando y apostando por el referéndum pretenden convencernos de su inocencia e inocuidad y se empeñan en asegurarnos que no se formula en clave soberanista ni se busca la independencia de Cataluña (es difícil que ellos mismos se lo crean). Es un comienzo, dicen, para empezar a negociar. ¿Negociar qué y entre quiénes?, porque, en el mejor de los casos, se trata de usar el referéndum como elemento de chantaje para privilegiar a una parte del Estado frente al resto.

Porque, no nos engañemos, lo que subyace en el nacionalismo catalán es el rechazo a la política redistributiva del Estado. Conviene recordar cómo empezó todo este tema del referéndum: con la llegada a Madrid del muy honorable presidente de la Generalitat para exigir al presidente del Gobierno un concierto económico como el que disfrutan injustamente el País Vasco y Navarra. De haberse aceptado sus pretensiones, no nos veríamos en la situación actual y nadie hablaría de independencia. Lo que interesa realmente es romper la unidad de la hacienda pública y eliminar así, o al menos dejarla reducida a su mínima expresión, la solidaridad interterritorial.

Por eso en el debate del pasado día ocho resultaba tan patético el discurso de Esquerra Republicana y de Iniciativa per Catalunya (tampoco la postura de IU ha sido muy desenfadada) intentando convencernos de que sus reivindicaciones nacionalistas iban entrelazadas con las sociales, cuando no es que solamente no vayan unidas, sino que, además, son contradictorias. Como dijo alguno de ellos, aquí no hay explotación interterritorial, sino de clase. Totalmente cierto, pero por eso mismo no se entiende que en unos momentos tan críticos como los actuales para las clases bajas sus reivindicaciones sean territoriales, ya que, en todo caso, de haber alguna explotación en este terreno será de las regiones ricas sobre las pobres. El discurso de que Cataluña, con una renta per cápita muy superior a la media española e incluso a la europea, es explotada por el resto de España solo podría inducir a risa si no fuera porque con la complicidad de los medios de comunicación y con el dinero público se logra intoxicar a una parte de la sociedad.

Es, sin embargo, un discurso que con mayor o menor intensidad va afianzándose en Europa, donde la rica Italia del Norte rechaza a la menos desarrollada del Sur y los Estados prósperos del Oeste de Alemania se quejan de los muchos recursos que tienen que transferir a los orientales más atrasados. Tales planteamientos están propiciados, sin duda, por el nefasto diseño con el que se ha configurado la Unión Europea: prescindir del Estado a nivel europeo pero propiciando determinadas unidades como la de la moneda, la del mercado o la de la circulación libre del capital, que son propias de una unión política. Si se niegan la cohesión y la redistribución entre los países de la Unión Europea, ¿por qué exigirlas entre las regiones de un mismo Estado? Lo que molesta de verdad al nacionalismo -al catalán y al de otras latitudes- es la hacienda pública común, y aspira a que no exista, al igual que no existe en Europa. Por cierto, alguien en IU debería explicar cómo se puede pedir la unión fiscal en Europa y estar al mismo tiempo a favor de trocear la hacienda pública española.

Los representantes de las tres formaciones políticas que proponían el referéndum, rezumaban mesianismo en sus intervenciones, cuando no se creían, como aquel que recurrió al “Eppur si muove” de Galileo, militantes de la verdad absoluta enfrentados a esa nueva inquisición del Congreso. Se sentían profetas de un pueblo oprimido, el catalán, los únicos representantes legítimos de la sociedad catalana, y se escucharon con frecuencia expresiones como “clamor de todo un pueblo”, “no se puede ir contra la voluntad de toda una nación”, etc.

Al margen de que habría mucho que hablar sobre la noción de pueblo o nación, conceptos que, a diferencia del de Estado, son muy difíciles de definir y de delimitar, centrándonos en lo que a la representación se refiere ninguna es absoluta. Al igual que los poderes en el mundo civil y mercantil se conceden con finalidades concretas y condiciones limitadas. A los ciudadanos que viven en Cataluña les representan los eurodiputados españoles, los diputados nacionales, los del Parlament y hasta los alcaldes y concejales de los distintos municipios, cada uno de ellos en su ámbito competencial y en el marco de las reglas de juego. No hay mandatos universales e incondicionales.

Pero es que, además, entrando en el cálculo numérico, los tres partidos que presentaban la proposición obtuvieron conjuntamente el 54,25% de los votos emitidos en las pasadas elecciones autonómicas y, como la participación fue del 70%, se puede decir que tuvieron la adhesión del 37,73% del cuerpo electoral, porcentaje que les da sin duda la legitimidad para gobernar la Generalitat según las reglas establecidas. Perlo de ahí a afirmar que todos los catalanes piensan como ellos y que la independencia es un clamor de toda la sociedad catalana va mucha diferencia. Incluso muchos de los que les votaron pueden estar en desacuerdo con esta idea, pues es de sobra conocido que últimamente en este país se vota más en contra que a favor.

Paradójicamente, Alfred Bosch, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los diputados, puso en duda en su intervención la representatividad de los diputados que se inclinaban por el “no” y optó por dirigirse directamente al pueblo español. No negaré los defectos que tiene la democracia representativa, pero, hoy por hoy, no parece que se haya inventado otro régimen mejor. En cualquier caso, retornemos a los números. Entre PP, PSOE y UPD, mal que a algunos nos pese, obtuvieron en las pasadas elecciones el 87,52% de los votos emitidos que, con una participación del 71,69%, representa el 62, 74% del total. Si fuese cierto lo que el señor Bosch dice de que no son representativos de la sociedad española, no sé qué habría que decir de los partidos que proponían la consulta que solo obtuvieron el apoyo del 37,73% de los electores catalanes.

Hoy se habla mucho de consenso; incluso se pone como ejemplo el talante de diálogo y acuerdo que presidió la Transición, aunque se ha profundizado poco en los que ello representó. La Constitución fue ante todo un pacto de una España, como se dice ahora, plural, un pacto entre izquierdas y derechas, entre los del antiguo régimen y los antifranquistas y también entre jacobinos y nacionalistas. Se ha dicho que la Constitución es de todos; es de todos porque no era de nadie y a nadie convencía de forma absoluta. Nadie estaba con ella al cien por cien. Todos, absolutamente todos, tuvimos que renunciar a parte de nuestras pretensiones y asumir otras que no compartíamos. Muchos, un gran número de españoles, me atrevo a decir que la mayoría, tuvimos que aceptar las Autonomías para que los nacionalistas se sintiesen medianamente a gusto, y para que Mas pueda ser ahora presidente de la Generalitat.

Ahora bien, es ese carácter de pacto que tiene la Constitución el que exige que, como todo pacto, no se pueda romper unilateralmente. Se puede reformar, sí, pero por acuerdo y cumpliendo los procedimientos establecidos en el propio pacto. El problema es si hoy estamos dispuestos a llegar a un consenso parecido al de ayer, consenso que exigiría como entonces la renuncia mutua y que resulta imposible cuando una parte lo plantea únicamente en clave de ganancia y de conseguir una situación de privilegio con respecto al resto de España.

eldiario.es
Protestas para que la ONU salvaguarde los derechos humanos en el Sáhara Occidental
Por Sato Díaz [publicado el 18-04-2014]

“Las fuerzas de ocupación marroquíes me torturaron viendo cómo abusan de una mujer saharaui delante de mí, sin que yo pudiera hacer nada”. “En el año 2005 me detuvieron por primera vez, me desnudaron, arrojaron agua fría sobre mi cuerpo y también orina, querían que les dijera de dónde sacábamos las banderas saharauis”. “Te cuelgan de las manos y de las piernas y te golpean, para intentar sacarte información”.

Hassana Aalia es un activista saharaui por la defensa de los Derechos Humanos de 25 años de edad, que espera en Bilbao a que se tramite su solicitud de asilo político en España. En Marruecos fue condenado a cadena perpetua en el juicio contra los saharauis participantes en Gdéim Izik, el campamento levantado en otoño del 2010, en las proximidades de El Aaiún ocupado, por miles de saharauis para protestar por la violación de sus derechos. Ya había sido juzgado por esto y había sido declarado absuelto. No se presentó al juicio, estaba en España y ahora no puede volver a su tierra. Fue un juicio ejecutado por un tribunal militar, aunque los procesados fueran civiles.

Este mes de abril se decidirá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la renovación de la Minurso (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental). Es una fecha clave para la población saharaui, pues reclaman la incorporación de la vigilancia del respeto de los derechos humanos entre las competencias de esta misión. “Es la única misión de este tipo de Naciones Unidas en todo el mundo que no vigila el cumplimiento de los derechos humanos, y las fuerzas ocupantes de Marruecos continúan violando los derechos de la población saharaui en los territorios ocupados”, explica Bucharaya Beyún, delegado del Frente Polisario en España.

En la votación del año pasado, por primera vez, Estados Unidos planteó la posibilidad de incluir esta competencia para la Minurso, sin embargo la negativa de Francia, miembro permanente en el Consejo de Seguridad con derecho al veto, y la presión de otros países, como España, echaron para atrás la iniciativa norteamericana. “La postura del Gobierno español es vergonzosa, pues España sigue siendo responsable de lo ocurra en el Sáhara Occidental”, comenta Beyún.

Hay que recordar que la excolonia española sigue siendo un territorio no autónomo según la legalidad internacional, pendiente de que se finalice su proceso de descolonización, y que mientras tanto, el Estado español continúa siendo la potencia administradora de este proceso, mientras que Marruecos perpetúa una ocupación ilegal desde el año 1975.

Por ello, y a pesar de las enormes dificultades que tienen los saharauis en la zona ocupada para desarrollar sus derechos a reunión, manifestación y libre expresión, numerosos colectivos de saharauis han lanzado una campaña de presión para la inclusión de la vigilancia de los derechos humanos entre los deberes de la misión internacional.

“Los movimientos saharauis han organizado la campaña, y se manifiestan el día 15 de cada mes en las calles de las ciudades del Sáhara Occidental pacíficamente, aunque la represión posterior es enorme”, declara Hassana Aalia. Esta campaña surgida desde las zonas ocupadas ha sido apoyada desde diferentes actores internaciones. En este sentido,  CEAS-Sáhara (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara) ha lanzado un envío masivo de cartas a los miembros del Consejo de Seguridad. Además, está organizando concentraciones los días 15 de cada mes en diferentes ciudades del Estado español.

De la misma manera, importantes plataformas de defensa de los derechos humanos estadounidenses han movido ficha de cara a la próxima decisión del Consejo de Seguridad. El Defense Forum Foundation en colaboración con el Centro Robert Kennedy por la Justicia y los Derechos Humanos invitaron el pasado 24 de abril a la activista saharaui, Aminatu Haidar, a que interviniera en el Congreso de Estados Unidos para intentar influir en la postura de la potencia americana. “Estamos dando toda la visibilidad posible a la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, ya que, aunque Marruecos esté mandando mensajes de que se ha mejorado en esta materia, para los saharauis la situación está cada vez peor, tal y como han podido comprobar las delegaciones internacionales que han podido visitar la zona en este periodo”, asegura el representante del Frente Polisario en España.

Esperanza de cambio

La situación es muy delicada. ¿Cómo vive la población saharaui las negociaciones que se celebran en la sede de Naciones Unidas en Nueva York? “Tenemos esperanza de que este año se cambie la postura, es muy difícil, porque Francia tiene derecho de veto y siempre apoya a Marruecos sin darle importancia a los Derechos Humanos, pero tenemos esperanza”, reflexiona el joven Aalía.

Por su parte, Bucharaya Beyún afirma: “El enviado especial del Secretario General de la ONU, Cristopher Ross, ha viajado en dos ocasiones a Marruecos, durante la segunda de ellas, ni siquiera fue recibido por el ministro de Exteriores marroquí, sabemos que la presencia de instituciones internacionales les molesta mucho, porque no cumplen los derechos humanos, esperamos que los miembros del Consejo de Seguridad estén a la altura de las circunstancias”.

Y es que el Frente Polisario, desde que en el año 1991 las partes firmaran un alto el fuego, ha apostado siempre por la diplomacia como método de resolución del conflicto. Sin embargo, la situación poco ha avanzado en este tiempo, la comunidad internacional ha dado pasos nulos en el proceso de descolonización, pero tampoco ha avanzado en la exigencia del cumplimiento de los Derechos Humanos. Debido a esto, el momento es delicado, según percibe el Frente Polisario. “Nos están obligando a tener que plantearnos otros instrumentos, la población saharaui cada vez cree menos en la diplomacia, y si no se incluye una instancia internacional que vele por los Derechos Humanos, y a esto le sumamos el expolio de nuestros recursos naturales, la aparición de fosas comunes que demuestran el genocidio que el ejército marroquí llevó a cabo contra nuestro pueblo o los recortes en la ayuda humanitaria para los refugiados tendremos que plantearnos nuestros modos de actuación”.

Un conflicto enquistado, en el que el Estado español no ha adoptado los pasos que la legalidad internacional le exige como potencia administradora. “El Gobierno español sigue apoyando a los torturadores, fue quien más se movió para que en el Parlamento Europeo se aprobara un acuerdo de pesca ilegal con Marruecos”, aclara Hassana Aalia. “Es vergonzoso que este Gobierno se esté portando peor con nuestro pueblo de lo que lo hizo el anterior socialista, que ya lo hizo mal. Margallo retiró a los cooperantes de los territorios, ha reducido la ayuda humanitaria y siempre se pone en el lado de la balanza marroquí. No creemos que se ponga del lado de los Derechos Humanos en esta negociación”, concluye Beyún.

Público
Las golferías de la banca con las hipotecas
Por Vicente Clavero [publicado el 18-04-2014]

- Lo siento, pero la central no ha autorizado la hipoteca que ustedes habían pedido. Ya saben que nos hemos vuelto bastante estrictos después de todo lo que ha pasado.

Muchos españoles reciben diariamente esta respuesta a la solicitud de un crédito para financiar la compra de su vivienda. Tienen trabajo y solvencia suficiente para pagarlo. Pero chocan con la inconmovible negativa de los bancos.

Por eso su sorpresa es grande cuando, en el mismo momento o pocos días después, el empleado que les atiende se deja caer con una inesperada propuesta:

- Hay otra posibilidad, aunque no sé si estarían ustedes interesados. Buscan un piso de tres dormitorios, con plaza de garaje, en una zona residencial, ¿verdad? Pues el banco puede ofrecerles uno de esas características y a buen precio. Una ganga, de verdad.

La perplejidad reflejada en la cara de los clientes obliga al empleado a ofrecer una explicación:

- Al tratarse de un activo al que queremos dar salida, podemos valorar la operación con más benevolencia. Seguro que en la central entienden que es buena para todos. Para ustedes y para nosotros.

Lo que hasta poco antes eran pegas, a partir de entonces se convierten en una abrumadora avalancha de facilidades.

- Y si creen que al principio pueden ir muy pillados por los gastos habituales en la compra de una casa (los impuestos, el notario, los muebles), no se preocupen. Yo creo que soy capaz de sacarles la hipoteca hasta por el 100% del valor de tasación.

En el caso de que los clientes alberguen todavía alguna reserva, el empleado no tendrá reparo en ablandarles con un par de deferencias más:

- Podemos poner la hipoteca a cuarenta años. Y, por supuesto, olvídense de la comisión de apertura, que corre por cuenta nuestra.

Escenas como ésta se repiten todos los días en nuestro país. Y no sólo ahora, sino desde hace ya algún tiempo. Habrá bancos que lo nieguen y que digan que golferías así son más propias de su competencia. Pero quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.

El motivo es muy simple: según las últimas estimaciones conocidas, las entidades financieras españolas siguen teniendo en sus carteras inmuebles procedentes de embargos por valor de 100.000 millones de euros. Y necesitan quitárselos de encima como sea.

Por eso han desempolvado viejas prácticas, que parecían conjuradas para siempre tras los fatales resultados de la experiencia anterior. Pero se ve que no. Quizás porque la factura de la última fiesta la pagamos entre todos. Y nadie escarmienta en cabeza ajena.

De Verdad digital
Diario independiente