SELECCIÓN DE PRENSA NACIONAL

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El Confidencial Digital
El Gobierno baraja una intervención militar en Libia junto a Francia
Por ECD [publicado el 18-09-2014]

Libia es en estos momentos el mayor motivo de preocupación para la seguridad española. Así lo certifican los informes que durante los últimos meses ha recibido el Gobierno, que definen la situación como un “polvorín a punto de estallar”. La amenaza es de tal magnitud que no se descarta una intervención militar junto a Francia.

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del ámbito de la inteligencia militar española, en los últimos meses se ha estado analizando concienzudamente la situación política y social de Libia. Y las conclusiones de los informes resultantes apuntan a un grave problema para los intereses españoles y la seguridad –no sólo en la zona, sino también para todo el territorio español.

Informes de inteligencia: es un “polvorín”

Los datos, recabados, verificados y analizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), apuntan a un probable  empeoramiento de la situación del país, considerado en estos momentos como un ‘Estado fallido’.

En caso de que alguna de las milicias islamistas que luchan actualmente por el control del país se haga con el poder, el territorio se convertirá en un nuevo santuario para el integrismo, tal y como ocurre con el Estado Islámico en parte de Irak y Siria.

“En caso de que la situación en Libia se descontrole, se podría crear un nuevo Estado Islámico en elpatio trasero’ de España. De todos los escenarios en los que España ha estado presente en la última década, Libia es sin duda el más determinante para nuestros intereses”, asegura una fuente de inteligencia a la que ha tenido acceso ECD.

Estos informes alertaron a Moncloa hace mesesde la situación de peligro en la que se encontraban algunas de las empresas españolas que operan en Libia. Se recomendó entonces reforzar la seguridad o abandonar el país.

En este contexto hay que entender lo sucedido recientemente con la petrolera Repsol, que trabajaba hasta hace unos meses en los pozos petrolíferoslibios y decidió de forma repentina repatriar a sus empleados: vea lainformación adelantada entonces por ECD.

Solución principal: el diálogo

Este miércoles se celebró en Madrid una cumbre internacional, organizada por el Ministerio de Exteriores, para analizar la situación y tratar de elaborar una ‘hoja de ruta’ para la pacificación de la zona y lograr un alto el fuego entremilicias.

Las conclusiones de esa reunión de alto nivel, en la que estuvieron presentes una veintena de representantes internacionales, apuntaron al “diálogo nacional incluyente” como solución al conflicto y única medida para evitar una guerra civil.

Entre los asistentes se encontraba Bernardino León, enviado especial de la ONU para Libia desde el pasado mes de agosto, un nombramiento nada inocente, atendiendo a estos informes de inteligencia. Se ha reforzado el papel diplomático de España en este frente.

En su intervención de ayer, Bernardino León advirtió de que “habrá consecuencias muy graves para la paz y la seguridad mundiales” en caso de que no se encuentre una fórmula rápida de pacificación para el país.

Sin embargo, los planes de contingencia que maneja Moncloa van más allá del diálogo y la diplomacia. Según las fuentes consultadas por ECD, España baraja participar en algún tipo de intervención militar en caso de que la vía del diálogo resulte fallida.

Una operación militar en Libia

De momento, la opción militar no es la prioritaria para España ni para sus socios europeos. Pero tampoco es “descartable”. Entre quienes apuestan por frenar a las milicias radicales libias por medio de la fuerza se encuentran algunas monarquías del Golfo, que según las fuentes citadas, están “presionando a países europeos, sobre todo Francia y España, para que se involucren en este escenario”.

De hecho, países como Emiratos Árabes Unidos ya han llevado a cabo recientemente operaciones militares en la zona. Hace un mes, aviones emiratís bombardearoncampamentos de miliciasrebeldes radicales con la ayuda de Egipto.

En caso de que España decidiese optar por la vía militar, explican fuentes militares, el responsable de la operación sería Francia. La intervención militar, de acuerdo a estas voces, es una de las opciones incluida dentro de los informes de inteligencia que ha estado recibiendo Defensa y Moncloa.

La no intervención en Ucrania e Irak

ECD informaba esta misma semana de la advertencia realizada por la OTAN a España por su tibio compromiso con la respuesta internacional en Ucrania e Irak durante la cumbre de Newport (Gales). Una circunstancia que quedó en evidencia al quedar los representantes españoles excluidos de dos reuniones para tratar estos asuntos.

España se declaró dispuesta a colaborar, pero de forma logística. Hasta el momento, tan sólo ha trascendido un ofrecimiento para el envío de 25.000 fusiles sin uso a Irak. Este miércoles también se anunció que España aportará 130 militares y una batería de misiles Patriots. Una escasa implicación militar: los compromisos internacionales y el estrecho margen económico en materia de Defensa no permitían más.

Pues bien. Según las fuentes militares consultadas por El Confidencial Digital, la previsión de un empeoramiento de la seguridad en Libia y la opción de una intervención militar en dicho país han sido determinantes para fijar la posición de España en Newport.

España, dicen, debe “dosificar su fuerza”, ya que llegado el caso, podría tener que hacer “un esfuerzo con Libia”. La intervención en otros frentes es “utópica”, mientras que preocupa –y mucho- ese “patio trasero” donde hay muchos intereses españoles en juego.

El Confidencial
La nueva balcanización de Europa
Por José Antonio Zarzalejos [publicado el 18-09-2014]

“La región de los Balcanes tiene la tendencia a producir más historia de la que puede consumir”. Winston Churchill

Hoy todos somos escoceses. Hay momentos de la historia reciente del Viejo Continente en los que los europeos se han sentido concernidos directamente por acontecimientos aparentemente locales. Ese sentimiento de estar embarcados en un destino solidario lo expresó mejor que nadie, en un discurso memorable, el asesinado presidente John  F. Kennedy cuando proclamó el  26 de junio de 1963 aquel emocionante: “Soy berlinés”. Lo hizo en la capital alemana en la conmemoración del décimo aniversario del bloqueo de la ciudad por la URSS. Aquel grito, curiosamente pero con enorme lógica lanzado por un presidente de EEUU, y la progresiva construcción de Europa después de la II Guerra Mundial –que había aprendido del cierre en falso de la Gran Guerra con el vengativo y miope Tratado de Versalles de 1919– crearon la conciencia de la unidad europea.

Sólo cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y se produjo la reunificación alemana en 1991 y concluyó la Guerra Fría, se ajustaron las fronteras como consecuencia del derrumbe de la URSS: las repúblicas bálticas (Lituania, Letonia y Estonia) recuperaron su independencia en 1991; Chequia y Eslovaquia se escindieron en la llamada Revolución de Terciopelo en enero de 1993 y también los años noventa –en proceso tortuoso y muy trágico– estalló en mil pedazos la que fuera República Socialista de Yugoslavia, un proceso de implosión de los Balcanes que ha llegado hasta la primera década de este siglo (2006, referéndum de Montenegro y 2008, independencia de Kosovo). Las características esenciales de este proceso de reajuste fueron el fracaso histórico de los regímenes comunistas y una aspiración general a la unificación final de Europa, peso pasando por la estatalización de las pequeñas naciones oprimidas entre 1945 y 1989.

La gran recesión de 2007-2008, la crisis de la izquierda europea, la insuficiencia de las fórmulas de la austeridad para superarla de la derecha, el abandono atlantista de la presidencia de Obama y la emergencia de la Rusia de Putin con afanes imperialistas (Ucrania), ha provocado la decepción europea refrescando la memoria de las identidades nacionales y, sobre todo –y esta es la clave– ha cuestionado los modelos de Estados tradicionales como marcos de convivencia en el que el bienestar resultaba sostenible y el reparto de recursos interterritoriales ecuánime y aceptado. Sólo los modelos federales más actualizados como el alemán –sometido a una revisión constitucional que ha se producido en los primeros años de este siglo– parecen sólidos, aunque tampoco exentos de problemas.

El germen de una suerte de nueva balcanización ha prendido en Europa. Pero no ya en la Europa periférica, ni en los Estados menores del Continente. Los tratados que han erigido la Unión –de Maastricht a Lisboa– daban por sentado la permanencia e intangibilidad territorial de los Estados. Sin embargo, dos fenómenos diferentes –no conectados por la historia, ni por el sistema constitucional de cada uno de ellos, ni por su presente ni por su horizonte– como Escocia en el Reino Unido y Cataluña en España, nos plantean un escenario que ayer Rajoy consideró como radicalmente contrario al espíritu de la Unión. Lo es, desde luego, pero las realidades son las que son y la aplicación de las leyes, nacionales e internacionales, son condición necesaria pero no siempre suficiente para manejar estos nuevos conflictos.

Escocia y Cataluña –allí hoy un referéndum legal y pactado, aquí un proceso soberanista ilegal, mal construido y peor impulsado– son las dos referencias de una Europa que entra en un nuevo tiempo. Añádase a Escocia y Cataluña, la llamada Padania (Lombardía y Véneto) en Italia, Flandes en Bélgica, Bretaña y Córcega en Francia y el malestar de otras regiones opulentas como el Estado libre de Baviera o el sudeste inglés y se concluirá que, aunque entre unos y otros los parecidos externos sean nulos, hay un fondo común que es el cuestionamiento del statu quo en el corazón de la Unión, por mucha legalidad, interna y europea, que establezca cláusulas de intangibilidad.

Escocia forma parte –y así será hasta marzo de 2016 si gana el “sí” en el referéndum de hoy– de la primera potencia militar de la UE y la segunda potencia económica, aunque fuera del euro. Su quiebra interna podría conducir a que Gales e Irlanda planteen sus reivindicaciones, y que el conjunto británico quedara abocado a una referéndum para salir de la Unión Europea. Que sería, además, aplaudido por los populismos –de izquierda y derecha– que van de victoria en victoria por toda Europa. Sin ir más lejos, hace cuarenta y ocho horas, en Suecia.

Un “sí” en el referéndum escocés sería el inicio de una reformulación total, un “no” daría tiempo para una recomposición y sobre todo para una reflexión imprescindible: sacar de su ocaso la política y retranquear las políticas de contabilidad, repensar el discurso europeo y el de los  Estados de la Unión, sobre la base de que, aunque gane el no en Escocia y fracase, como sucederá, el proceso soberanista en Cataluña, se ha puesto en marcha una dinámica de nueva balcanización –ahora pacífica, pero destructiva de los más elevados objetivos de la Europa unida– que es muy resistente a los reveses coyunturales y que ha tomado mucho oxígeno por el apagón ideológico y político que está haciendo irreconocibles a las grandes familias del conservatismo y la socialdemocracia en el Viejo Continente.

Para España, lo que ocurra en Escocia tiene una importancia capital que, por obvia, huelga glosar: legitima la causa independentista en los Estados más consolidados de Europa y obliga –cuando el momento sea el adecuado– a que se abandone la política de manguito y oficina, de legalidad y sólo de legalidad, para afrontar el reto con un musculado discurso político y un renovado proyecto de convivencia. Quien suponga que la historia es una foto fija, que no tiende a repetirse y que siempre es pasado (el pasado siempre vuelve, escribió Ortega), que la globalización sólo consiste en internet y los vuelos low cost, está confundido.

Estamos ya en la misma clave social e intelectual del gran relator de la Europa de los primeros treinta y cinco años del siglo pasado, Stefan Zweig, una de cuya obras, y no en balde, se tituló El mundo de ayer. Memorias de un europeo. Exactamente en el mundo que ahora estamos: viviendo un tiempo histórico de matriz balcánica.

La Vanguardia
La interesada relación entre CDC y ERC
Por M. Dolores García [publicado el 18-09-2014]

Las posibilidades de que ERC entre ahora en el Govern son mínimas. Al menos no antes del 9 de noviembre. La propuesta de Oriol Junqueras se ciñe a un compromiso para celebrar la consulta aunque el Tribunal Constitucional la suspenda. Es decir, entrar en el gobierno para apenas dos meses. Y si las urnas finalmente no se pueden colocar, Esquerra podría saltar de inmediato del Ejecutivo sin haber tenido que gestionar absolutamente nada. Eso no significa que Convergència –el caso de Unió incluye otros matices- no esté interesada en un acuerdo con Junqueras. Lo está, y mucho. Pero más amplio y de más alcance.

La obsesión en CDC es pactar una lista conjunta con los republicanos –probablemente sin Unió- para convocar unas elecciones catalanas planteadas como unas plebiscitarias. Están convencidos de que es la única forma de conseguir una mayoría absoluta o, como mínimo, indiscutida y sin alternativa por parte de la oposición. Cuentan con la baza de que a Junqueras no parece interesarle convertirse en president de una comunidad autónoma con menos de 40 diputados de los 135 que tiene la Cámara. El acuerdo con Esquerra debería incluir también los siguientes pasos a adoptar una vez se constituya el nuevo Parlament porque Convergència no contempla una inmediata declaración unilateral de independencia, mientras que el natural ímpetu de ERC va por esa vía.

Mas y los suyos consideran que habría margen después de las elecciones para gobernar juntos durante algún tiempo con el argumento de que, antes de una proclamación de independencia, sería necesario construir lo que se ha dado en llamar “estructuras de Estado”, además de ahondar los contactos con Europa para explicar que la situación habría cambiado, ya que existiría una mayoría que habría ganado unas elecciones con un programa netamente independentista, como ocurrió en Escocia con el SNP. Por eso, en Convergència consideran que el pacto con ERC es más de “método” y abarca la estrategia a seguir a medio plazo.

Ese escenario lleva al mantenimiento de la tensión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como mínimo hasta las elecciones generales de otoño del 2015, cuyo resultado puede influir también en el desenlace del proceso soberanista. Por eso Mas apela constantemente a la unidad para impedir que las prisas lleven a su socio Junqueras a tirar por la borda esa hoja de ruta que da al president una prórroga, aunque él mismo ha reconocido que esa unidad es tan frágil como la “porcelana fina”.

El País
España desplegará misiles Patriot con la OTAN en Turquía
Por Miguel González [publicado el 18-09-2014]

España destacará una batería de misiles antimisil balístico Patriot en Turquía a finales de enero de 2015 en el marco de la OTAN, según anunció el miércoles en el Congreso el ministro de Defensa, Pedro Morenés. El destacamento, con 130 militares y seis lanzadores, tomará el relevo a otro de Holanda y trabajará en cooperación con unidades similares de Alemania y EE UU.

La OTAN desplegó este dispositivo defensivo a petición de Turquía el año pasado, después de que proyectiles procedentes de Siria, donde el Ejército de Bachar el Asad se enfrentaba a las milicias opositoras, cayeran en territorio turco. Defensa compró en 2004 una batería de misiles Patriot de segunda mano a Alemania por 60 millones de euros. El sistema, de fabricación estadounidense, incluye un radar AN/ MPQ-53 y misiles MIM-104, capaces de detectar un misil balístico a 150 kilómetros e interceptarlo a unos 70 de distancia y a 30 o 40 de altura. Está previsto que el despliegue rotativo —el primero de carácter operativo de una unidad antiaérea del Ejército español en el extranjero— dure seis meses, aunque podría prolongarse hasta un año.

Ante la Comisión de Defensa, Morenés detalló las capacidades militares que podría aportar España a la coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico (EI), que ocupa amplias zonas de Siria e Irak. El listado fue el mismo que desgranó el martes su colega de Exteriores, José Manuel García-Margallo —uso de las bases de Rota y Morón; transporte estratégico; otras capacidades de apoyo aéreo, así como de mando, control e inteligencia; asesoramiento y formación del Ejército iraquí y entrega de material militar letal y no letal—, con la diferencia de que no se trataría de contribuciones hipotéticas, sino de capacidades que ya están ofrecidas y cuya materialización dependerá de que se soliciten. Un general y siete oficiales españoles trabajan en el cuartel general del Mando Central del Ejército de EE UU en Tampa (Florida) en el planeamiento de la operación, junto a militares de 47 países.

Morenés solo puso dos límites a la contribución militar española: no estará “ni en la tierra”, con tropas de combate sobre el terreno, “ni en los bombardeos”, con aviones lanzando ataques. También dejó claro que cualquier entrega de armamento se hará “al Gobierno iraquí legalmente constituido” y no a las milicias kurdas (peshmergas). De igual modo, España quiere centrar su contribución militar a la campaña en Irak —donde cree que cuenta con base jurídica suficiente— y evitar Siria, donde carece de cobertura legal.

En respuesta a la mayoría de los grupos —y en especial al portavoz socialista, Diego López Garrido, quien le reprochó su “falta de liderazgo”—, el ministro aseguró que España ha estado “desde el primer momento” en primera línea de la lucha contra el yihadismo y restó importancia a la reunión que EE UU y otros nueve países celebraron en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Gales, de la que España estuvo ausente, asegurando que fue un encuentro entre Gobiernos que habían decidido actuar unilateralmente, y que la coalición internacional se encuentra todavía hoy “en fase embrionaria”.

Tras comprometerse a pedir permiso al Parlamento cuando se concrete la aportación española, Morenés insistió en el riesgo que el terrorismo yihadista supone para la seguridad de España. “Más vale pararlo lejos de nuestras fronteras que en nuestras fronteras”, advirtió.

El País
Reforma sine qua non
Por Editorial [publicado el 18-09-2014]

Cualquier intento de reforma constitucional necesita mayorías parlamentarias tan fuertes que se hace indispensable el acuerdo, como mínimo, del PP y del PSOE. Sin embargo, una reforma a la altura de los retos planteados no puede pactarse en una rápida negociación entre el presidente del Gobierno y el jefe del principal partido de la oposición, disciplinadamente instrumentada por sus respectivos grupos parlamentarios, como se hizo en 2011 para introducir la estabilidad presupuestaria. Reformar la Constitución exige empezar con una comisión representativa más amplia, encargada de alumbrar los acuerdos políticos básicos sobre la finalidad y el contenido de los cambios.

Este periódico ha insistido en la necesidad de reformar el Estado autonómico. El Título VIII de la Constitución debe dar paso a una organización federal del Estado, sobre la base de redefinir los poderes y atribuciones del Gobierno. Una vez establecidas claramente esas competencias, las partes de la federación tendrían su propia responsabilidad y capacidad normativa y fiscal. La insatisfacción de muchos catalanes con el statu quo no puede resolverse negando toda necesidad de reforma, igual que lo exigen las dificultades de otras autonomías para gestionar las competencias que tienen. Hay que completar esa reforma con la del Senado.

Otro frente de problemas tiene que ver con la crisis de confianza entre el pueblo y sus instituciones. La democracia representativa está cuestionada desde sectores que protestan por las distorsiones de la proporcionalidad producidas por el sistema electoral, que prima a los partidos fuertes a escala estatal y amplía el peso político de los nacionalistas en el conjunto de España. Otras voces, en cambio, denuncian la inestabilidad implícita en un sistema que tiende a la fragmentación electoral, por lo que insisten en reforzar los mecanismos capaces de conseguir mayorías. La solución de este debate pasa en parte por la Constitución, en cuyo texto perviven obligaciones tan añejas como la de fijar la provincia como distrito para la elección de las Cortes.

También hay que acabar con la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona y dotar a esta institución de un verdadero Estatuto. Para otros cambios necesarios —democracia en los partidos, atajar la corrupción, pactos por la educación o la salud— no es indispensable alterar la máxima ley.

Los cambios en la Constitución deben verse como un mecanismo de defensa de la misma. No se trata de cuestionarse si es legítima una Constitución porque apenas la ha votado una cuarta parte de los españoles actuales: ningún estadounidense vivo ha votado la suya, que data de 1788, pero ha sido enmendada 27 veces. La mayoría de las democracias introducen los cambios que va experimentando la sociedad en la Constitución o en las leyes. Es ineludible hacerlo en España y además debería permitir la consulta a los ciudadanos del pacto resultante.

En todo caso, abordar una reforma sería una señal de diálogo y de búsqueda de soluciones constructivas. El problema es el miedo de los partidos. El PSOE apenas concreta sus proposiciones federales y las últimas propuestas de su líder —constitucionalizar el matrimonio homosexual o el derecho a una muerte digna— dan cierta impresión de improvisación; en todo caso, no son las más relevantes. El PP, a su vez, ha demostrado empeño inmovilista. La reforma constitucional debería convertirse en un proyecto político de primer orden para España.

De Verdad digital
Diario independiente