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La pobreza se ha vuelto crónica en España, tener un trabajo no es garantía de evitar la pobreza. Esta es la principal conclusión del último Observatorio de la Realidad Social de Cáritas elaborado con los datos de 2013. La brutal caída de las rentas familiares provocada por el paro y los recortes salariales y sociales ha llevado a 13.090.000 españoles a vivir en riesgo de pobreza y exclusión social, de ellos 3 millones -el doble que al inicio de la crisis- viven en la pobreza severa, con menos de 307 euros al mes.
El informe de Cáritas pone al descubierto la “cronificación” de la pobreza. La tasa de pobreza se ha duplicado en los últimos años a pesar de que el umbral de pobreza ha pasado de 15.900 euros en 2009 (para un hogar de cuatro miembros, dos adultos y dos niños) a 14.700 euros en 2012. Parados, sobre todo mayores de 45 años y jóvenes, y trabajadores precarios -en España hay un 13% de trabajadores con empleo pobres- son el principal componente de las listas de las personas que viven en la pobreza relativa y riesgo de exclusión social. «La solución no puede venir de las “ayudas y las prestaciones asistenciales” para que todo siga igual, sino de la mano de la redistribución de la riqueza»
Lo más dramático es que esta situación no es una situación temporal sino que ya se ha vuelto crónica. El informe de Cáritas insiste, aunque mejore el empleo muchos hogares de trabajadores seguirán dependiendo de las ayudas sociales para alcanzar unas condiciones de vida mínimas en alimentación, salud o vivienda. Para Francisco Lorenzo, coordinador de estudios de Cáritas: “Mucha gente no podrá volver a la situación en la que se encontraban antes y el empleo no será necesariamente la llave para salir de la pobreza”.
¿Acaso puede ser de otra manera con un mercado laboral basado en el “miniempleo” y los “minisalarios? Es imposible que millones de trabajadores con empleo precario y bajos salarios puedan compensar el recorte de hasta el 50% o más de sus rentas en los últimos años.
También más desigualdad
Junto a la pobreza, la desigualdad no deja de crecer. España es de los países desarrollados el país donde más han aumentado las desigualdades sociales, según reconoce la misma OCDE en su informe “Panorama de la Sociedad”.
Analiza los primeros tres años de la crisis (2007-2010): la degradación de la población española con menos rentas ha sido brutal, sus ingresos cayeron de media anual un 14%; pero mientras el 10% de los más pobres perdía en sólo tres años más de un tercio de sus rentas y el porcentaje de hogares que no recibía ninguna renta del trabajo se duplicaba, el 10% de los más ricos apenas notaba la crisis con el 1% menos de ingresos. El abismo social se amplió casi de golpe más del 30%. El coeficiente de Gini (índice que mide la desigualdad) en esos años se incrementó en 3 puntos en España, cuando ningún otro país de la OCDE superó el 1,5% y la media-OCDE permanecía invariable. Pero el saqueo no sólo afecta a los más pobres, se extiende al 90% de la población, en el mismo informe se reconoce que cada español ha perdido entre 2008 y 2012 una media de 2.600 euros, ¡10.400 euros! por cada familia de cuatro miembros.
Pero si esto ocurría en los tres primeros años de la crisis, ¿dónde estaremos ahora, cuando se sumen los efectos de los tres últimos años en los que se han intensificado la rebaja salarial, los recortes sociales, la subida de impuestos como el IVA y la imposición de copagos que pesan más sobre las rentas más bajas?
¿Ayudas asistenciales o redistribución de la riqueza?
La alternativa a esta situación de superexplotación, pobreza y abismo social no puede quedarse en pedir que se “amplíe la cobertura social y las prestaciones asistenciales” que recorta el gobierno al dictado de la Troika. La solución no puede venir de las “ayudas” para que todo siga igual.
La alternativa para acabar con esta situación sólo puede venir de la mano de la redistribución de la riqueza. De una política que, como dice el programa de “Recortes Cero”, ”redistribuya la riqueza para reactivar la economía y ayudar a las personas”, garantice la redistribución salarial para que nadie cobre menos de 1.000 euros netos al mes y que ponga los recursos del país al servicio de la creación de riqueza y empleo para una salida de la crisis en beneficio de la inmensa mayoría.