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Con los únicos votos favorables del grupo parlamentario popular y el rechazo de toda la oposición, el Congreso de los Diputados aprobaba la semana pasada la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.
Tras su aprobación, se podrán imponer penas de 3 a 6 meses de cárcel para quien ocupe propiedades públicas o privadas, perturbando su actividad aunque se encuentren en horario abierto al público, dirigido directamente a colectivos como la PAH, los afectados por las Preferentes o los enfermos de Hepatitis C. También podrá ser multado con hasta 30.000 euros, “la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas”, así como “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público” que podrá sancionarse con multas de hasta 600 euros.
¿Por qué toda esta batería de medidas represivas y limitadoras del ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación? No será, desde luego, porque los ciudadanos hayamos “abusado” de ellas. Según datos del propio Ministerio del Interior, en los últimos tres años se han producido 90.000 manifestaciones y sólo en el 0,08% de ellas se registraron disturbios violentos.
De lo que se trata es de intentar amedrentar las luchas populares, intimidando y atemorizando a quienes quieran participar en ellas por las sanciones que pueden llegar a caerles. Y esto, en definitiva, no es más que el síntoma, del miedo que le tienen a las luchas populares y la movilización ciudadana.