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Dos de los juicios más mediáticos de la corrupción, el de la «tarjetas black» de Caja Madrid-Bankia y el «caso Gürtel», acaban de iniciarse en las salas de macrojuicios que la Audiencia Nacional ha habilitado en el parque empresarial de San Fernando de Henares. En el banquillo de los acusados se sientan más de 100 procesados, 65 por las black y 37 de la Gürtel. Dos juicios que concentran la esencia de la corrupción política.
Junto a los Francisco Correa (“Don Vito”), el cabecilla de la Gürtel, los “Bigotes” y “Bárcenas” hay cargos políticos (ex diputados autonómicos, ex senadores, ex alcaldes y hasta un ex vicepresidente de gobierno como Rodrigo Rato) y algunos directivos y consejeros de las Cajas de Ahorro designados por los partidos, sindicatos y la patronal.
Pero no se trata de personajes y políticos corruptos sino de crimen organizado, auténticas tramas mafiosas para saquear los presupuestos públicos de comunidades autónomas y ayuntamientos, o el dinero de las cajas de ahorros y robar a cientos de miles de ciudadanos. Y no sólo es saqueo sino traición, quebrando las cajas y las cuentas públicas dejándolas a los pies del capital extranjero y los “fondos buitre” y multiplicando las hipotecas sobre nuestro país.«Las tramas del crimen organizado de la corrupción han multiplicado la deuda de nuestro país con los grandes bancos alemanes, de la City de Londres y norteamericanos»
CRIMEN ORGANIZADO En el juicio por las “tarjetas B” de Caja Madrid-Bankia los dos últimos directores Miguel Blesa y Rodrigo Rato, junto al resto de acusados, tendrán que responder por 15.5 millones de euros que gastaron con sus “tarjetas B” y ocultaron a Hacienda. Pero ninguno de ellos tendrá que responder por los 6.900 millones de euros de las preferentes estafados a 206.000 pequeños ahorradores y clientes de la caja. Ni por el agujero de 23.465 millones de euros que llevó a la quiebra de Bankia.
El verdadero problema del caso de las tarjetas no son los millones de euros que se gastaron en clubs, restaurantes, fiestas, viajes o regalos, sino el papel que éstas jugaron como pago de mordidas para comprar el silencio de los consejeros que debían vigilar por los intereses públicos, mientras se saqueaba la caja hasta la quiebra. Como dice el abogado de la Asociación de Usuarios de Banca, Adicae: “La comercialización de preferentes fue una trama organizada desde la alta dirección de Caja Madrid para colocar las preferentes entre ahorradores finalistas”.
SILENCIO, SE ROBA ¿Qué hacían los consejeros de Caja Madrid-Bankia cuando apuraban alegremente el límite de sus tarjetas Blak mientras se saqueaba la caja hasta la quiebra?
La cadena de operaciones de saqueo desde la Caja Madrid de Miguel Blesa (colocado por Aznar al frente de Caja Madrid en 1996) a la Bankia de Rodrigo Rato son interminables. Inversiones envenenadas, condonación de préstamos a constructoras y créditos de alto riesgo con intereses políticos y amiguistas como las que llevaron a perder 800 millones de euros en Megalux o Iberia; 1.000 millones de la constructora Martinsa; 550 millones perdidos en la compra del City National Bank de Florida o los 587 millones de euros que se autoconcedieron los directivos.
Despilfarro sin límites: 14,5 millones de euros por el obelisco de Calatrava, una mansión en Maiami por 6,5 millones de euros para disfrute de los jerifaltes de la caja, 19 millones gastados para llevar la sede central a una de las torres de Castellana en Madrid…, o los sueldos astronómicos, 133 millones de euros repartidos entre los directivos de las cajas que formaron Bankia entre 2007 y 2011…
¿No son las preferentes y el agujero de 23.465 millones el verdadero juicio pendiente de Bankia?
En el otro juicio del “caso Gürtel” lo que a parece es toda una trama de corrupción vinculada a las organizaciones del PP en varias comunidades autónomas (Madrid, Castilla y León y Valencia) y ayuntamientos (Pozuelo, Majadahonda, Boadilla del Monte o Arganda). Una trama perfectamente organizada con cabecillas de empresas pantalla y conseguidores como “Don Vito” y “el Bigotes”, el hombre de la trama en Valencia, cargos políticos como el ex asesor de Esperanza Aguirre, López Viejo, el ex senador y ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, los ex alcaldes de Pozuelo, Majadahonda y Boadilla, entre otros, y grandes constructoras y empresas de servicios como FCC de las Koplowitz, las empresas del magnate de la construcción de Castilla y León José Luís Ulibarri, incluso AENA, el operador aéreo dependiente del ministerio de Fomento.
En siete años las investigaciones de la Guardia Civil han podido demostrar contratos amañados por valor de 354 millones de euros. Pero esto es sólo una parte, fuentes de la investigación calculan que la trama en sus diferentes ramificaciones, Comunidad Valenciana y Boadilla del Monte, puede haber amañado el doble de contratos de lo que hasta ahora se ha podido demostrar y superar los 1.000 millones de euros.
LA CORRUPCIÓN ES TRAICIÓN El saqueo de las cuentas públicas en comunidades autónomas y ayuntamientos y de los ahorros de millones de ciudadanos depositados en las cajas de ahorros, quebrándolas y descapitalizando importantes sectores y empresas de la economía nacional es una traición en toda regla a los intereses colectivos de toda la nación.
Con su actuación, las tramas del crimen organizado de la corrupción política han dejado a los pies de los caballos del gran capital extranjero, de los “fondos buitre” y la gran banca sectores clave de nuestra economía y han multiplicado la deuda de nuestro país con los grandes bancos alemanes, de la City de Londres y norteamericanos.
Nuestro país es ahora mucho más dependiente y el futuro de las nuevas generaciones está hoy mucho más hipotecado.
Pero la corrupción política no sólo es una traición económica. Es un una autopista abierta a la intervención política de las grandes potencias y del capital extranjero a través de ese extraño maridaje entre cuadros de todos los niveles y dirigentes de los partidos políticos y cargos públicos que está en la base de todas las tramas de corrupción.
Especialmente importantes en unos momentos donde hay mucho en juego y profundos cambios en el modelo político.
De ahí también la importancia de cambiar las leyes para dar a la corrupción el mismo tratamiento que al crimen organizado, que permita perseguir no sólo a los corruptos sino a los corruptores y desmantelar las tramas de corrupción desde los pies a la cabeza, incluyendo la devolución de lo robado y la recuperación de empresas entregadas a precio de saldo a los grandes fondos extranjeros.